Marlaska declara de emergencia una contratación por más de 400.000 euros para atención web a los afectados por la DANA

El Consejo de Ministros aprobó este martes un acuerdo por el que se declara de emergencia la contratación de los servicios de atención web al ciudadano sobre las medidas adoptadas por la DANA, la peor catástrofe natural de la historia de España, que dejó 219 muertos (75 en Valencia; 2 en Castilla-La Mancha; 1 en Andalucía). La contratación del soporte será por importe de 415.514 euros.

Según se desprende la Referencia del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio del Interior, se “toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de tareas de atención al ciudadano en los portales web, aplicaciones Java y developer que darán soporte a los diferentes servicios que se prestarán a raíz de las medidas adoptadas por la contingencia asociada a la depresión aislada en niveles altos (DANA) de 2024″.

Asimismo, el Gobierno adoptó este martes varios acuerdos sobre la declaración de emergencia de nuevos contratos para atender los efectos de la catástrofe. Entre ellos, el Consejo de Ministros autorizó las obras para la reparación de daños en el canal Júcar-Turia ocasionados por la DANA, por un importe máximo de 30.100.000 euros; la contratación del servicio de alojamiento al personal de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) desplazados a Valencia para la realización de autopsias, por 16.940 euros; diversas actuaciones para garantizar por Enaire la seguridad de sus trabajadores y la continuación de la prestación de sus servicios de ayuda a la navegación aérea; y la tasación de viviendas a adquirir por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) en los municipios afectados por la DANA, por importe máximo de 34.866 euros.

Desde el impacto de la tragedia, el pasado 29 de octubre, el Gobierno ha aprobado tres paquetes de ayudas. El Ejecutivo ha movilizado en total más de 16.600 millones de euros para encarar las dos primeras fases del Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento. Una de ellas, anunciada por Pedro Sánchez en el Congreso a finales de noviembre, es el plan para la renovación del parque automovilístico dañado por la DANA, que contará con una dotación inicial de 465 millones de euros.

Esta iniciativa “permitirá a los ciudadanos que necesiten comprar un vehículo recibir una ayuda directa de hasta 10.000 euros, que no tendrá que devolverse, y que podrá sumarse a las indemnizaciones que ya está pagando el Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Gobierno de España”, tal como aclaró en la Cámara Baja. Los vehículos adquiridos no tendrán que ser nuevos e incluirán de forma retroactiva todos los que se hayan comprado desde el 29 de octubre en sustitución de otro siniestrado.

Pedro Sánchez, en su tradicional balance de fin de año, informó de que el Gobierno ha transferido 690 millones de euros a los afectados por las inundaciones de la DANA, con 57.457 solicitudes tramitadas, que benefician a cientos de empresas y a unas 50.000 personas. Asimismo, el dirigente socialista subrayó este martes el “compromiso adicional” que ha supuesto la ayuda a los territorios afectados por la tragedia natural e insistió en que todos los recursos del Estado seguirán estando a disposición de los afectados “durante todo el tiempo que haga falta”, hasta que los hogares, las empresas y los municipios hayan recuperado la normalidad.

A tenor de las cifras aportadas por el presidente del Gobierno, se han desplegado casi 20.000 militares, policías, guardias civiles, técnicos de infraestructuras, guardias forestales y otros profesionales de la Administración General del Estado. Con su actuación –añadió en la rueda de prensa–, se ha permitido realizar más de 37.000 rescates, recuperar más de 450 kilómetros de carreteras y de vías ferroviarias y restablecer el medio millón de conexiones telefónicas y eléctricas que fueron interrumpidas por la dana. Las principales labores de estos servicios se centran ahora en el drenaje de los garajes, la reconstrucción de infraestructuras que no son competencia de la Administración General del Estado y la tramitación de las ayudas solicitadas.