En España hay actualmente 10,2 millones de pensionistas, de los cuales 6,5 millones son jubilados, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, del pasado mes de noviembre. En Suiza, sin embargo, con una población de 8,8 millones de habitantes, aproximadamente 2,5 millones reciben una pensión de vejez a través del sistema público, según cifras de 2023.
Para acceder a esta prestación en España, los trabajadores deben haber cotizado a la Seguridad Social durante al menos 15 años, destinando al sistema más del 36% de su salario bruto mensual (de los cuales el empleador aporta un 30,48% y el empleado un 6,47%). En contraste, en Suiza las cotizaciones públicas representan solo el 12,8% del salario, una significativa diferencia en el esfuerzo contributivo entre los dos países.
Ambos sistemas de pensiones son distintos y reflejan las fortalezas y desafíos específicos de cada país frente al envejecimiento de la población y las crisis económicas. Pero, ¿en qué radican sus principales diferencias?
El modelo suizo: diversificación y ahorro privado
El organismo encargado de gestionar el sistema de seguridad social en Suiza es la Oficina Central de Compensación. Esta se ocupa de uno de los mejores sistemas de pensiones del mundo, según el índice de Mercer y el CFA Institute, ocupando el puesto número 11 —mientras que España está en el 24—. Y en vez de ser completamente público y basado en cotizaciones, se compone de tres pilares:
- Pilar I: se trata del Seguro de Vejez y Supervivencia (SVS), el sistema estatal obligatorio. Todas las personas adultas que residan o trabajen en el país, así como los empleadores, están obligados a contribuir a este seguro. Este sistema funciona bajo el principio de reparto, donde las cotizaciones de los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados (como en España). La cuantía de la pensión se calcula en función de los años cotizados y los ingresos percibidos durante la vida laboral, y su objetivo es cubrir al menos las necesidades básicas de subsistencia. Las prestaciones de jubilación están disponibles para las mujeres a partir de los 64 años y los hombres a partir de los 65.
- Pilar II: es el conocido como Previsión Profesional y se financia de manera equitativa entre trabajadores y empleadores. Todas las personas que desempeñen una actividad remunerada están obligadas a afiliarse a una caja de pensiones, administrada conjuntamente por representantes de los empleados y de la dirección de la empresa. Este sistema opera bajo el principio de capitalización: las aportaciones realizadas por los asegurados se destinan a un fondo de pensiones que invierte el capital acumulado para obtener rendimientos. Al llegar la jubilación, la cuantía acumulada se convierte en una renta periódica para el asegurado.
- Pilar III: la Previsión Privada. Se trata de pensiones individuales privadas y de carácter voluntario, que operan de manera similar a una cuenta de ahorro. Cualquier persona puede realizar aportaciones a una cuenta privada, donde el dinero permanece bloqueado hasta la jubilación. La cantidad aportada se acumula y genera intereses, estando disponible para su retiro una vez que la persona se jubile.
En este contexto, desde el Instituto de pensiones del BBVA aclaran que el objetivo del sistema suizo es que los jubilados tengan unos ingresos totales, incluida la pensión pública, que supongan alrededor del 60% de su salario inmediatamente previo a la jubilación. Aunque la pensión pública solo supone entre un 16% y un 31% del salario medio en Suiza, y por ello tienen que recurrir a los otros pilares que no competen al Gobierno del país.
Como explica el doctor en economía e investigador en pensiones, Miguel Ángel García Díaz, la ventaja de un sistema apoyado en tres pilares es que “reparte mejor el riesgo y, por tanto, reduce la incertidumbre ante posibles crisis económicas, además de fomentar el ahorro entre la población”. Y es que la capitalización individual disminuye la dependencia del sistema respecto al envejecimiento de la población, en contraste con el modelo de reparto puro vigente en España (el Gobierno no tiene que destinar tanto dinero de su hucha a las pensiones, porque los ciudadanos ya cuentan con otra manera de aumentar esa prestación).
El modelo español: altas aportaciones y riesgos de sostenibilidad
El sistema español de pensiones normalmente se compone solo del primer pilar suizo, el de las pensiones obligatorias del sistema estatal. Esto tiene una ventaja, según explica García Díaz, y es que la tasa de reemplazo de España (el porcentaje del último salario que un jubilado recibe como pensión) es del 78%, la más alta de la Zona Euro, frente al promedio del 44,5% y “la relación con la aportación realizada es muy beneficiosa para el pensionista al ser muy superior al crecimiento del PIB (3,2% vs. 2% en los últimos 25 años)”, añade.
No obstante, esta generosidad plantea un importante desafío de sostenibilidad. En un contexto de acelerado envejecimiento poblacional, el economista advierte sobre la dificultad de garantizar la financiación de la conocida como hucha de las pensiones, especialmente ante el riesgo de una crisis fiscal. Además, esta situación aumenta la presión sobre las futuras generaciones, que ya enfrentan una reducción en su renta disponible debido al incremento de cotizaciones e impuestos. Y es que, actualmente, el déficit de las pensiones equivale al 0,6% del PIB (en torno a 10.000 millones de euros) —a pesar de que el Estado ha transferido cerca de 50.000 millones para sostenerlo—, y la última reforma proyecta que el gasto alcanzará el 16,6% del PIB en 2050. Este incremento exige ingresos adicionales equivalentes para evitar un aumento del déficit. Sin embargo, las aportaciones anuales al Fondo de Reserva, que representan el 0,1 % del PIB, son insuficientes para cubrir esas necesidades.
A la pregunta de si sería factible implementar en España un sistema de pensiones similar al de Suiza, el economista explica que “En España ya existe un sistema con tres pilares, pero el segundo y tercero (profesional y voluntario) tienen una dimensión muy reducida. Es factible llegar a una posición similar a la de Suiza, más equilibrada, con mayor peso sobre todo del segundo pilar, pero conllevaría una fuerte protesta de los pensionistas porque necesitaría reducir la actual tasa de reposición del sistema de reparto (del 78% a entorno al 55-60%)”.