Empresas y trabajadores quieren subir los sueldos, pero la administración no les deja: las auxiliares de ayuda a domicilio se ponen en huelga en Madrid

La Comunidad de Madrid tiene unas 15.000 trabajadoras que cobran por debajo del salario mínimo interprofesional. Son las auxiliares de ayuda a domicilio, encargadas del cuidado de más de 53.000 personas dependientes de la región. Estas trabajadoras (el 90% son mujeres) acuden cada mañana a los hogares de aquellos que no pueden valerse por sí mismos y les asisten en sus tareas cotidianas: hacer la compra, la comida, limpiar, el aseo personal...

Todo ello lo hacen por un salario que no llega a los 1.000 euros mensuales, paga en la que influye la tipología de contrato, que nunca es a jornada completa. “A una trabajadora que contraten a día de hoy, a 30 horas, que es el contrato más popular, le pagan 790 euros”, asegura Isabel Calvo, auxiliar de ayuda a domicilio y portavoz de CGT. El sueldo se amplía ligeramente con pluses de transporte y de convenio, pero sigue quedando por debajo del SMI (1.134 euros en 14 pagas). Ni siquiera Calvo lo consigue: “Tengo un contrato de 32 horas, llevo 18 años en este oficio y a día de hoy gano 977 euros”, asegura.

Las 15.000 trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) tenían, sin embargo, una nueva esperanza: este 2024, tras una ardua negociación con las empresas, se ha aprobado un nuevo convenio. El acuerdo colectivo auguraba un aumento del 10% del salario en 2025, el mayor de la historia del sector, que alcanzaría el 22% en 2028. Pero la subida salarial no llegará este 2024 y puede que tampoco en 2025.

El problema no es de los sindicatos, que aplauden el nuevo convenio, ni de la patronal, que defiende la subida de sueldos, sino de la administración pública: la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid no han publicado todavía los nuevos pliegos de condiciones para los contratos y, sin ellos, los cambios no pueden aplicarse. Hartas de promesas, las trabajadoras irán a la huelga este lunes 23 de diciembre, con paros que mantendrán hasta el día 30.

“El poder adquisitivo que perdemos como trabajadoras es horrible”, denuncia Calvo. “Ya no es solo lo que dejamos de ganar, que es lo importante, sino lo que vale la cesta de la compra”, explica la trabajadora. Pero el problema no está solo en los sueldos, sino en las condiciones de trabajo.

Si, sobre el papel, el trabajo del SAD está en ayudar a las personas que no pueden valerse por sí mismas, en el día a día viven otra cosa: las familias consideran que son simples limpiadoras, pero su trabajo es de sociosanitarias. De hecho, es necesario tener titulación, aunque muchas empresas terminan por saltarse este requisito, asegura Calvo. “Lo hemos denunciado a la comunidad y dice que es imposible. Luego se lo decimos a la empresa y nos dice que la comunidad se lo permite”, cuenta.

Además, las faltas de respeto por parte de los familiares son constantes. Según el estudio CuidémoNos. Auxiliares de Ayuda a Domicilio en España 2022, más de la mitad de estas profesionales han vivido algún tipo de violencia en su trabajo, ya fuese verbal (53%), física (11%) o incluso por acoso sexual (18%). Mientras, trabajan en unas condiciones “low cost”, que se muestran “en el tejido de la bata, en la calidad de los guantes” y en otros materiales que utilizan día a día.

El rechazo a la subida salarial supone un golpe más para el colectivo. “No podemos mantener esta situación, precarizan lo precarizado y siempre se meten con las mismas”, critica Calvo. La falta de inversión en el servicio no solo les afecta a ellas, también a las personas atendidas. “Se nos mueren los usuarios esperando“ que les concedan el servicio, dice la trabajadora.

En este retraso influye que todavía no se hayan publicado los nuevos pliegos de condiciones, que impiden la realización de nuevos contratos y, por ende, de otorgar la prestación a nuevos usuarios.

En este caso, no son las empresas las que estén en contra de subir los sueldos, asegura el presidente de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE), Ignacio Gamboa. “La parte social y la parte patronal ha pedido en reiteradas ocasiones a las administraciones públicas que publiquen esos pliegos”, explica. “No solo eso, sino que [las empresas] están deseando aplicar ese 10%”, afirma.

“La situación del sector es muy compleja, muy complicada”, lamenta Gamboa, pues “faltan trabajadores” y “los salarios son muy cercanos al salario mínimo interprofesional”, lo que dificulta atraer empleados a una labor tan dura. Pero ese aumento se escapa de las manos de las compañías. “El servicio de ayuda a domicilio funciona a través de gestión indirecta, a través de licitación pública. Se rigen bajo la Ley de Contratos del Sector Público y esos contratos no pueden ser modificados” de forma individual, afirma Gamboa, sino que se cambian “de una manera potestativa por parte de la administración”.

Desde la Comunidad de Madrid, achacan el retraso al Real Decreto 675/2023, que regula las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. “El Gobierno de Sánchez, que una vez más aplica el ‘yo invito, tú pagas’, porque impone medidas, pero ni las dimensiona ni las financia”, argumentó Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, en la pasada Asamblea de Madrid del 14 de noviembre. La patronal también criticó en su momento el nuevo decreto, pues pide “adoptar cuantas medidas resultasen necesarias”, así como “la introducción de las modificaciones en el domicilio” que se requieran “para garantizar la protección más adecuada”, algo que consideran “inconcebible técnica, económica y operativamente”.

El Ejecutivo regional dice que está trabajando en el nuevo contrato, “que ya está en tramitación”, pero no ha llegado a tiempo para cumplir sus promesas con sindicatos y empresas, que lo esperaban antes de que acabase 2024. Se espera que los nuevos pliegos lleguen en 2025, pero podrían tardar todavía más, según expresó el director general de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Comunidad de Madrid, Óscar Álvarez López. ”El contrato vigente se prorroga hasta abril de 2026 y se agotarán todas las prórrogas, pero hemos iniciado la tramitación de un nuevo expediente para que dé comienzo en 2025″, declaró.

“El peso de las pérdidas siempre recae en las mismas, y estamos hartas”, sentencia Calvo. La huelga del SAD se prolongará hasta el 30 de diciembre para presionar para obtener los nuevos pliegos. “Si nosotras paramos, se para el mundo”, concluye.