El PSOE seguirá contando en el Congreso con 120 integrantes, una situación que amenaza con perpetuarse toda la legislatura o, al menos, gran parte de ella. El hecho de que la Cámara Baja haya recibido el suplicatorio del exministro José Luis Ábalos no quiere decir que el exdirigente socialista, que pasó al Grupo Mixto al negarse a entregar su acta, deje de ser diputado.
Tampoco le obligará a ello el hecho de que el Congreso apruebe esta solicitud, una decisión que está prevista para el mes de febrero, teniendo en cuenta los plazos fijados. Para que Ábalos deje de ser diputado y, por tanto, el PSOE vuelva a recuperar su escaño número 121, que asegure su voto en todas las votaciones en el Congreso, el propio político tendrá que renunciar o, en su defecto, deberá existir una condena firme que lo inhabilite, una vez que se agote todo recurso posible.
El Tribunal Supremo pidió el suplicatorio al Congreso el pasado miércoles tras apreciar en la actuación de Ábalos indicios de delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación en el denominado caso Koldo. Al día siguiente, la defensa del exnúmero tres del PSOE pidió al alto tribunal la nulidad de la causa, al considerar que el juez ha vulnerado sus derechos fundamentales porque entiende que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) interceptó ilegalmente sus comunicaciones.
El exministro presentó un recurso de reforma y de nulidad de actuaciones pidiendo a la Sala de lo Penal que anule la causa “por entender que se han vulnerado tanto las garantías procesales (...) como los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución”. Para exigir la nulidad de las investigaciones efectuadas hasta la fecha, Ábalos entiende que se han vulnerado la privacidad de su correspondencia y la inviolabilidad de sus comunicaciones cuando era aforado.
El Congreso levantará su inmunidad parlamentaria
Precisamente, uno de los alicientes para mantener su acta de diputado es la inmunidad parlamentaria de la que gozan los aforados. Este privilegio que el artículo 71 de la Constitución otorga a los diputados y senadores determina además que “sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito”. Asimismo, para ser inculpados y procesados, se necesita la autorización previa de la Cámara en la que ejerzan funciones.
De esta manera, para suspender su inmunidad y poder imputarle, el Supremo pidió el suplicatorio al Congreso. La Mesa de la Cámara Baja, presidida por Francina Armengol, calificó este viernes la petición y la envió a la Comisión del Estatuto del Diputado, que arrancará su tramitación la próxima semana. El órgano parlamentario deberá concluir su trabajo en el plazo máximo de 30 días, tras la audiencia del interesado.
“La audiencia podrá evacuarse por escrito en el plazo que la comisión fije u oralmente ante la propia comisión”, dice el artículo 13.2 del reglamento. Concluido el trabajo de la comisión, la cuestión, “debidamente documentada”, será sometida al primer Pleno ordinario de la Cámara. Al coincidir la tramitación de esta petición con el mes de enero, en el que no hay actividad ordinaria, no se espera que el Congreso tome la decisión definitiva hasta febrero. La votación es a puerta cerrada y el voto es secreto, pero se da por sentado que el suplicatorio saldrá adelante con los votos a favor de todos los grupos políticos.
En todo caso, Ábalos aseguró este jueves que no pondrá a disposición su acta hasta el momento en el que pase a ser citado a juicio oral. “Así ha sido siempre”, añadió en una rueda de prensa en el Congreso, recalcando que no se le podrá pedir su escaño “ni estando investigado”. Teniendo en cuenta que el caso está en fase de instrucción, una posible citación para que el exministro se siente en el banquillo puede llegar a tardar varios años, por lo que el PSOE seguirá teniendo un escaño menos (se quedará con 120 diputados) casi toda o, incluso, toda la legislatura.