Del juez Peinado a Víctor de Aldama: los 12 personajes del año 2024 en los tribunales

Los casos de presunta corrupción que salpican al Gobierno han marcado el año 2024 en los tribunales. Hasta cuatro causas se han abierto contra el entorno de Pedro Sánchez o contra autoridades políticas y judiciales vinculadas a su Ejecutivo. Estas investigaciones han puesto en el foco mediático a distintos personajes prácticamente desconocidos hasta la fecha, que van desde el juez Juan Carlos Peinado al empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama. Estos han sido los más destacados.

La unidad de élite de la Guardia Civil ya gozaba de gran prestigio por su labor investigadora en los casos de corrupción y crímenes más complejos de resolver. Sin embargo, su participación como policía judicial en causas como la de Begoña Gómez, el caso Koldo o el del fiscal general del Estado han disparado su popularidad este 2024.

Algunos ya lo califican como el “azote” del Gobierno de Pedro Sánchez. El comisionista confeso, desconocido para la opinión pública hasta su detención por su papel de “nexo corruptor” del Ministerio de Transportes en la trama Koldo, protagonizó una de las declaraciones que se recordarán durante años en la Audiencia Nacional. Aldama disparó contra varios cargos del Ejecutivo y, tras salir de la cárcel por su colaboración con la justicia, amenazó a Sánchez, a quien llamó “mitómano”, con presentar “pruebas” de su implicación en la trama.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, con una treintena de años en la carrera judicial, ha sido señalado desde el Gobierno a raíz de su dirección del caso Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. Su defensa ha criticado reiteradamente su “errática” instrucción, llegando a pedir el archivo de la causa por ser una investigación “prospectiva”. Entre otras decisiones cuestionadas, citó a declarar a Gómez cuatro días antes de unas elecciones europeas. La Audiencia Provincial de Madrid avaló el proceder del magistrado, que ha imputado dos nuevos delitos a la investigada.

La esposa del presidente del Gobierno se encuentra inmersa en una causa penal que tuvo su origen en una denuncia del sindicato ultraderechista Manos Limpias. El juez Peinado la investiga por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional y apropiación indebida. La investigación se ha convertido en una de las principales armas arrojadizas de la oposición contra el Ejecutivo.

La implicación de parejas de líderes políticos en procedimientos judiciales ha sido recurrente este 2024. Un juzgado de Madrid investiga a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por la comisión de dos delitos fiscales que su defensa reconoció al buscar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.

Y fue precisamente ese ofrecimiento el que ha ocasionado la primera imputación de un fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en toda la etapa democrática. El Tribunal Supremo le investiga por su presunta participación en la filtración a varios medios de comunicación de los correos que el abogado de González Amador se cruzó con el fiscal del caso. García Ortiz ha rechazado dimitir.

El exministro de Transportes y quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez fue imputado en el Supremo por su “papel principal”, según la Fiscalía Anticorrupción, en la trama Koldo. Nada más saltar el caso a la luz, el PSOE esgrimió su “responsabilidad política” para expulsarle de su Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados, por lo que él pasó al Grupo Mixto. Ábalos era el máximo responsable de Transportes cuando la trama de Víctor de Aldama presuntamente corrompió al Ministerio.

Su nombre ha llegado a convertirse en la denominación de la trama que salpica al Gobierno de Pedro Sánchez. Quien era un hombre de partido y asesor del exministro Ábalos, siempre en un segundo plano, se ha erigido como el intermediario entre el entramado de Aldama y el Ministerio de Transportes, al menos en el cobro de comisiones por la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia.

La magistrada del Tribunal Supremo se convirtió en la primera presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el alto tribunal de la historia. Su mandato llegó en un momento clave para el órgano de gobierno de los jueces, que estuvo más de cinco años sin renovarse por la confrontación política. Perelló se ganó el apoyo de sus compañeros como una candidata “de consenso”.

Como presidente del Tribunal Constitucional, que cuenta con mayoría progresista, ha sido objeto de duras críticas por parte de la oposición. Una de las resoluciones más cuestionadas ha sido la exoneración de los condenados por los ERE de Andalucía. Ahora tiene sobre la mesa los cuantiosos recursos contra la constitucionalidad de la Ley de Amnistía.

El expresidente de la Generalitat iba a ser el principal beneficiado por esa ley tras el pacto alcanzado por el Gobierno y Junts. Sin embargo, la justicia, concretamente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, rechazó aplicársela al entender que el delito de malversación que se le imputa no cabe bajo el paraguas de la norma.