Yolanda Díaz firma este viernes el acuerdo con los sindicatos para la reducción de jornada pese a las reservas del PSOE

El conflicto sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales llega a un punto clave este viernes, cuando la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, firma el acuerdo con los sindicatos UGT y CCOO. Este acto busca cumplir con el compromiso recogido en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar, pero evidencia las tensiones internas dentro del Ejecutivo, dado que la parte socialista insiste en posponer su implementación para alcanzar “el mayor consenso posible”.

La firma, que tendrá lugar en el Ministerio de Trabajo, marca el fin de una negociación que se ha extendido durante 11 meses, incluyendo múltiples etapas de diálogo entre sindicatos, patronal y el Gobierno. Sin embargo, la patronal abandonó las conversaciones tras considerar que esta medida debería abordarse en el marco de la negociación colectiva, dejando el terreno abierto para un acuerdo exclusivamente con los sindicatos.

Yolanda Díaz se mostró contundente esta semana al reafirmar su compromiso con el pacto de gobierno. Subrayó que la medida será una realidad para todos los trabajadores antes del 31 de diciembre de 2025, asegurando que “el Gobierno no va a decepcionar a la gente trabajadora del país”. Además, apuntó que los próximos días se cerrará formalmente el acuerdo con UGT y CCOO, calificándolo como una respuesta directa a las expectativas sociales.

Durante la presentación del acuerdo, la vicepresidenta ha declarado que este no sale de nada, sino que nace de un “acuerdo social” imparable. Díaz ha querido hacer referencia al debate público en 1983, cuando se redujo por vez última la jornada laboral. La polémica, que entonces resultaba una “hecatombe” para muchos que resultaría en “la caída de la economía”, acabó resultando en “lo contrario”, según sostiene la titular de la cartera de Trabajo.

Para su formación, “trabajar menos no puede ser una prerrogativa de la banca, las consultoras o las grandes empresas”, sino que es “un derecho” para todas las personas trabajadoras en España, independientemente de la formación política a la que voten. Díaz defiende que la gente “no puede esperar más” y que la reducción de jornada “se producirá tal y como está establecido en el acuerdo, en 2025″, afirmando que la propuesta saldrá “cuanto antes” a votación, tanto en el Congreso como en el Senado”.

Las reservas del PSOE

En contraste, desde el ala socialista del Gobierno, se defiende que esta reforma no debe apresurarse. Fuentes del PSOE argumentan que la reducción de la jornada laboral requiere no solo el respaldo de los sindicatos, sino también un apoyo amplio en el Parlamento. Señalan que la medida, de ser aprobada de forma prematura, podría enfrentarse a bloqueos legislativos o rechazos que pongan en riesgo su efectividad.

“El objetivo es que la reducción se apruebe en esta legislatura, pero con el mayor consenso posible”, sostienen voces socialistas, al tiempo que deslizan que los plazos actuales no son viables. Incluso, el Ministerio de Economía, encabezado por Carlos Cuerpo, ha planteado la necesidad de extender los plazos más allá de 2025, sugiriendo que la legislatura ofrece tiempo suficiente para ajustar la implementación según las circunstancias económicas. Todo apunta a que el ministro de Economía se impondrá sobre la vicepresidenta, y que las empresas españolas no estarán obligadas a cumplir con la reducción hasta, como pronto, el 1 de enero de 2026.

Este desacuerdo interno en el Gobierno de coalición refleja las diferencias estratégicas entre PSOE y Sumar. Mientras que el partido de Yolanda Díaz busca cumplir con el calendario pactado y enviar un mensaje claro a los trabajadores, los socialistas priorizan la búsqueda de un consenso que pueda evitar posibles conflictos con la patronal o sectores más conservadores del Congreso.

Para Sumar, la reducción de la jornada laboral es una reivindicación transversal que podría contar con el apoyo de sectores políticos más amplios de lo que el PSOE presupone. En este sentido, Díaz ha instado a no “engañar” a los trabajadores y a cumplir con los compromisos asumidos en el pacto de investidura. La firma del acuerdo, aunque representa un paso significativo, no resuelve por completo el debate en el seno del Ejecutivo. El texto final, los plazos de aplicación y el grado de respaldo parlamentario serán determinantes para definir el alcance real de esta reforma laboral histórica.

El principal motivo de fricción entre los Ministerios de Trabajo y Economía ha sido precisamente este plazo de adaptación. Mientras Díaz defendía una entrada en vigor inmediata tras la publicación en el BOE, Cuerpo ha insistido en una transición más flexible, respaldado por informes que alertan sobre los riesgos económicos de una aplicación abrupta. Finalmente, el texto pactado también contempla posibles cesiones parlamentarias, como la inclusión de ayudas directas a las pymes financiadas con fondos europeos, para asegurar el apoyo de partidos como Junts y PNV.

Esto se debe a la inclusión de una disposición transitoria impulsada por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien abogó por una implementación gradual que permita a las compañías ajustar sus convenios y calendarios laborales con suficiente previsión. Esta postura refleja la estrategia socialista de “acompañar a las empresas” y garantizar consensos parlamentarios necesarios para la aprobación de la norma en el Congreso.