El dueño de dos administraciones de Lotería que estafó a 5.000 personas: vendió participaciones falsas, el décimo tocó y fue condenado a 22 años de cárcel

El 22 de diciembre de 1951, el tradicional Sorteo Extraordinario estuvo marcado por el conocido como ‘caso Escámez’, después de que El Gordo fuera a parar al número que un lotero de Sevilla vendió de forma fraudulenta

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Como cada 22 de diciembre, la retransmisión en televisión del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se colará en la mayoría de los hogares de España. Muy pendientes de cada número que canten los niños de San Ildefonso estarán multitud de personas, con el deseo de que su décimo sea el agraciado con El Gordo o, al menos, con un premio importante. Y lo cierto es que es tal la ilusión con la que se vive este día, que hay quienes aprovechan para cometer estafas y apropiarse de forma indebida del dinero ajeno. Ejemplo de ello es el conocido como ‘caso Escámez’, que sacudió a Sevilla en 1951, cuando un lotero estafó a 5.000 personas y fue condenado a 22 años de cárcel.

Este domingo, la esperanza volverá a apoderarse de los españoles, que afrontarán con entusiasmo un sorteo en el que se repartirán millones de euros. Aunque son muchos los que sueñan con llevarse El Gordo y, por ende, hacerse con los 400.000 euros correspondientes, también hay otros premios que suponen ganar una importante cantidad de dinero: el segundo lleva asociado 125.000 euros al décimo, el tercero 50.000 euros al décimo y los dos cuartos, 20.000 euros al décimo. Es por ello que conviene prestar especial atención a los delincuentes que usan estos eventos para enriquecerse, tal y como ocurrió en el famoso ‘caso Escámez’.

El ‘caso Escámez’, la estafa que marcó la Lotería de Navidad de 1951

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Bolas de la Lotería de Navidad durante el ensayo del sorteo en el colegio de San Ildefonso. (Carlos Luján/Europa Press)

En 1951, en plena España franquista, se registró uno de los mayores fraudes en la historia de la Lotería de Navidad. Conocido como el ‘caso Escámez’, el escándalo afectó a más de 5.000 personas en diversas provincias y forzó cambios significativos en las normativas de este tradicional sorteo.

El protagonista del fraude fue Miguel Escámez, propietario de dos administraciones de lotería en Sevilla, llamadas Doña Francisquita y La Europa. Este hombre decidió multiplicar fraudulentamente dos números oficiales, el 2703 y el 2704, imprimiendo decenas de miles de participaciones que vendió a una peseta cada una. La estrategia parecía segura: ambos números eran, en sus palabras, “feos” y con pocas probabilidades de salir premiados.

Sin embargo, el azar jugó en su contra. Contra todo pronóstico, el número 2704 resultó agraciado ese año, dejando al descubierto el fraude masivo. Los afectados, que habían pagado por participaciones ilegales, solo pudieron cobrar 7.500 pesetas, el equivalente a unos 45 euros actuales, lo que desató la indignación colectiva.

El fraude tuvo consecuencias legales: más de dos décadas de cárcel

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Décimos del sorteo de la Lotería de Navidad 2024.

La reacción al fraude de Miguel Escámez no se hizo esperar. Miles de personas se congregaron frente a la Audiencia Provincial de Sevilla exigiendo un castigo ejemplar para el lotero. La presión popular marcó un juicio que culminó con la condena de Escámez a 22 años de prisión: 12 por falsedad documental y 10 por apropiación indebida. Además, sus cómplices recibieron penas de ocho años de cárcel.

El escándalo, que afectó a más de 5.000 personas, dejó al descubierto las fisuras del sistema de la Lotería de Navidad. Los afectados, que habían comprado participaciones fraudulentas por una peseta, recibieron un premio muy por debajo de lo esperado: 7.500 pesetas por cada participación, lo que equivalía a unos 45 euros actuales. La indignación colectiva llevó a algunos damnificados a pedir incluso la pena de muerte para el responsable.

El impacto del caso trascendió el ámbito judicial. Como respuesta, el Estado modificó las normas para prohibir la venta de participaciones por parte de las administraciones de lotería. No obstante, los particulares quedaron exentos de esta restricción, lo que permitió que este tipo de irregularidades siguiera ocurriendo en años posteriores.

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