Sara, Emilio y sus hijos de dos y tres años, desahuciados de su casa en Arganda del Rey: “Tuvieron que okupar y ya no les dejaron renovar su solicitud desde Servicios Sociales”

Desde este jueves, Sara, Emilio y sus hijos de dos y tres años no tienen casa propia en la que vivir y se ven obligados a volver a la de los padres de Sara, de donde se tuvieron que ir porque estaban hacinados. Estuvieron en esa situación hasta 2020, cuando solicitaron una vivienda pública que no les concedieron. “Tuvieron que okupar, y ya no les dejaron renovar su solicitud desde Servicios Sociales”, explican desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Arganda del Rey (Comunidad de Madrid).

“Antes de la ocupación de la vivienda, vivíamos en el domicilio de mis padres, pero al convivir ocho personas en el mismo piso, nos encontramos en situación de hacinamiento. En ese momento, estaba embarazada de mi primera hija. Solicitamos vivienda pública que nunca se nos concedió. Por este motivo, nos vimos obligados a ocupar una vivienda de una empresa que se llama Lambeo Investiments”, explica Sara, que detalla que ha habido un cambio de propietario, y este, que se supone que es un particular, ha reclamado la vivienda y la Justicia se la ha dado. Sin embargo, Sara no cree que sea un particular el que ha comprado la casa en la que vivían. “Cuando nos llama por teléfono, el número dice que es de Ozono Cloud, empresa que se dedica a construcción y actividades inmobiliarias”, dice y ahora no tienen otra alternaba.

La Comunidad de Madrid no les concedió una vivienda social y entraron en lista de espera con 600 familias por delante. Ante esta situación y con una niña en camino, decidieron ocupar. Desde ese momento, les dijeron que ya no podían solicitar una vivienda social porque no se la concederían: “La trabajadora social nos dijo que no la presentáramos porque al estar ocupando, por ley, ya no nos la iban a dar”. “Por un recurso de nuestro abogado de oficio, se atrasó el desahucio de fecha 9 de diciembre, pero la fecha actual es el 19 de diciembre”, detalla la madre.

Días antes del desahucio, Sara explicaba que la vivienda de sus padres no es una alternativa real porque no tienen espacio suficiente. Pero la explicación ha sido suficiente. “No tengo una alternativa adecuada ya que la Comunidad de Madrid nos impide ser adjudicatarios de una vivienda pública por tener una normativa que nos penaliza, según el Decreto 19/2006, de 9 de febrero en su artículo 7. Carecemos de ingresos suficientes para acceder a una vivienda de mercado”, añade.

Los hechos se han sucedido de forma tan rápida que no han podido enviar la documentación necesaria a al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de Naciones Unidas es el órgano de expertos encargado de interpretar y evaluar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que tiene capacidad para paralizar los desahucios, sin embargo, van a intentar continuar con el proceso, con la esperanza de que les dejen volver o les den una alternativa .