Las medidas incluidas en la reforma fiscal aprobada por el Gobierno: de la nueva tasa a la banca a los cambios en el impuesto de sociedades

El Gobierno ha conseguido salvar su reforma fiscal. El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves el nuevo paquete tributario que contempla normas como el nuevo impuesto a la banca o la supresión de impuestos para ayudas a la DANA.

La reforma ha sido uno de los proyectos más complejos de impulsar durante esta legislatura, ya que el Gobierno se ha visto obligado a afrontar arduas negociaciones con diversos grupos parlamentarios desde el principio. De hecho, aunque la normativa ha logrado superar el debate en el Congreso, el Ejecutivo ha tenido que ceder en varias de sus propuestas iniciales, como el aumento de los impuestos al diésel, el impuesto a las energéticas, la regulación del régimen fiscal de las Socimis o la imposición de gravámenes específicos a vehículos, aviones y yates de lujo. Ahora sólo falta que la ley se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor.

Uno de los puntos más relevantes de la reforma es la reconfiguración del gravamen a la banca. Este pasará de ser una prestación patrimonial a un impuesto, por lo que las haciendas forales y las comunidades autónomas lo podrán gestionar.

El impuesto aplicará un tipo progresivo sobre los márgenes de intereses y comisiones de las entidades, con una escala que comienza en el 1% para importes de hasta 750 millones de euros, sube al 3,5% hasta 1.500 millones, al 4,8% hasta 3.000 millones, al 6% hasta 5.000 millones y alcanza el 7% para cifras superiores a 5.000 millones.

Sin embargo, no se han incorporado las enmiendas propuestas por el Partido Popular para destinar lo recaudado a ayudas hipotecarias o a la construcción de vivienda de precio regulado que facilite el acceso de los jóvenes.

En cuanto al impuesto de sociedades, se ha introducido una reducción para las empresas con una facturación inferior al millón de euros. Para estas, los primeros 50.000 euros de base imponible estarán sujetos a un gravamen del 17%, mientras que el resto de la base imponible tributará al 20%. Esta reducción será implementada de manera progresiva hasta el año 2027.

Además, el proyecto de ley incluye medidas destinadas a mitigar el impacto fiscal derivado de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que anuló parcialmente una reforma del Impuesto de Sociedades impulsada en su momento por el exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro.

Por otra parte, la tributación sobre las rentas de capital superiores a 300.000 euros ha sido incrementada en dos puntos porcentuales, pasando del 28% al 30%.

Se trata de una de las medidas propuestas por el Partido Popular y a la que el Gobierno se oponía. Entre las modificaciones aprobadas, se incluye la exención del IRPF y del Impuesto de Donaciones para las ayudas destinadas a los afectados por la DANA, un IVA del 0% en la adquisición de vehículos y reparaciones de viviendas, así como la extensión hasta 2025 de la exención del IBI y el IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas).

Entre las enmiendas aprobadas en el Senado destaca la presentada por Junts, que contempla la reducción del IVA al 4% para los productos lácteos y la introducción de bonificaciones en la cuota empresarial destinadas a entrenadores y monitores de clubes deportivos.

También se han aprobado incrementos fiscales que afectan al tabaco y a los vapeadores, y se ha establecido un IVA armonizado a nivel europeo para los alquileres de corta duración. Asimismo, se ha extendido la obligación de emitir y remitir facturas electrónicas en todas las operaciones comerciales entre empresarios y profesionales.

Por otro lado, el PP ha logrado derogar la base legal del gravamen energético mediante una enmienda en el Senado, respaldada posteriormente en el Congreso con los votos de Vox, Junts y PNV.

Por su parte, el PNV ha logrado incorporar enmiendas que permiten que las deducciones en el IRPF por obras destinadas a mejorar la eficiencia energética sean gestionadas por las instituciones del País Vasco, siempre que estas medidas cumplan con los requisitos establecidos en el marco del Plan de Recuperación.

La reforma incorpora acciones dirigidas a combatir el fraude fiscal en la operativa de las denominadas ‘missing traders’, empresas intermediarias en el comercio de carburantes que se apropian del IVA cobrado por el suministro a gasolineras. Este esquema les permite vender hidrocarburos a precios inferiores al mercado, generando una significativa pérdida de ingresos para la Hacienda Pública.

Se ha aprobado una enmienda propuesta por el PSOE y Junts que garantiza a las personas con incapacidad permanente absoluta o gran invalidez la conservación de su pensión, incluso si intentan acceder a un empleo y posteriormente no pueden continuar en él.