El Gobierno suda para salvar la ley que acelera el desalojo de okupas y revertir los cambios a su reforma fiscal tras la pinza de PP-Junts y Podemos

El Gobierno llega exhausto al último pleno del año en el Congreso. En juego hay dos leyes de calado, pero la situación de debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez amenaza con golpearle una semana más. Por un lado, está en juego la ley orgánica de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia, para la modernización de la estructura judicial, y por el otro la reforma fiscal del Gobierno, comprometida con Bruselas para el desembolso de más de 7.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation.

Las dos normas están a un paso de culminar su tramitación parlamentaria, pero este último escollo ha provocado un nuevo quebradero de cabeza para el Ejecutivo. Por un lado, Podemos amenazó con no levantar el veto del PP a la primera ley si el Gobierno no retira el cambio que permite acelerar el desalojo de okupas. Esta modificación fue introducida por “error” con el voto favorable de ERC y EH Bildu, y los morados quieren subsanarlo, pero el Ministerio de Justicia no encuentra la fórmula para hacerlo sin que ello conlleve retirar la ley, algo que no está sobre la mesa.

El PNV coló vía enmienda esta medida, que además contó con el aval de PP y Junts. Con ella, los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bien inmueble se incluyen en la lista de delitos de enjuiciamiento rápido de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM). En cuanto al primer delito, el artículo 202 del Código Penal recoge que “el particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años”. Asimismo, “si el hecho se ejecutare con violencia o intimidación, la pena será de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses”.

Sobre el segundo delito, el precepto 245 de la misma ley señala: “Al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, se le impondrá, además de las penas en que incurriere por las violencias ejercidas, la pena de prisión de uno a dos años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado”. También, “el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses”. Por tanto, estos delitos pasarán a tramitarse por el procedimiento abreviado de los procesos judiciales, lo que contribuirá a agilizar su resolución.

Fuentes del PSOE confirman que están “buscando fórmulas” para revertir esta situación, pero en el Ministerio de Justicia tienen claro que no retirarán el proyecto de ley en su totalidad. La norma, uno de los principales proyectos estrella de Félix Bolaños, es uno de los hitos comprometidos con Bruselas y lleva pendiente de aprobarse desde la anterior legislatura.

La ley crea los Tribunales de Instancia, “un órgano colegiado que integra todos los juzgados unipersonales y los jueces de primera instancia en una única organización en cada partido judicial, que unificará la respuesta en primera instancia”. Según explican en Justicia, cada tribunal estará integrado por una Sección Civil y otra de Instrucción. Además, se podrán integrar otras secciones especializadas que, hasta ahora, constituían juzgados individuales. “De esta forma, los 3.800 juzgados unipersonales se transformarán en 431 Tribunales, favoreciendo la especialización, la unificación de criterios y permitirá distribuir adecuadamente las cargas de trabajo y compartir recursos”, añaden desde el departamento ministerial.

Asimismo, la norma contiene la creación de las Oficinas de Justicia en los Municipios, que “acercarán” el Servicio Público de Justicia a todos los territorios y les “dotarán” de servicios con los que los ciudadanos podrán realizar toda una serie de actos y trámites procesales de manera telemática sin tener que desplazarse.

En cuanto a la reforma fiscal, esta cuestión ya causó estragos en el bloque de investidura, ya que supuso la confrontación de los dos bloques ideológicos que encumbraron a Pedro Sánchez hace más de un año. Pese a todo, el Gobierno consiguió salir del laberinto y Pedro Sánchez se marcó un tanto en esta legislatura, pues la reforma fiscal, que incluye la transposición de la directiva sobre el impuesto mínimo del 15% a las grandes multinacionales, acabó saliendo adelante en el Congreso.

Pero durante su tramitación en el Senado, el PP ha incluido importantes cambios que alteran de manera considerable las previsiones de recaudación del Ministerio de Hacienda. Entre ellos destacan la rebaja fiscal a jóvenes en IRPF, una nueva deducción en el impuesto a la banca o la derogación del mínimo de tributación. Aunque la mayoría absoluta de los populares en la Cámara Alta fue suficiente para incluirlos, Junts se abstuvo en todas las enmiendas del PP. Para revertir las modificaciones, el Gobierno deberá necesitar de nuevo este jueves el apoyo de los independentistas, que da por asegurado en el Congreso. “Sorprendería que no lo hicieran”, dicen en Moncloa para recalcar que el PSOE ya llegó a un pacto con Junts en esta materia.

Asimismo, Junts y el PNV se abstuvieron en la enmienda que habla de derogar el impuesto a las energéticas, precisamente, una medida que el Gobierno se comprometió a prorrogar con sus socios de izquierdas en el marco de la negociación de esta reforma. A cambio, el PP facilitó la aprobación de dos medidas del partido de Carles Puigdemont: la rebaja del IVA al 4% de los productos derivados de la leche y otra con bonificaciones en la cuota empresarial a entrenadores o monitores de clubs deportivos.

El Gobierno, que es consciente de que tendrá que tragar con algunas de las modificaciones incluidas en el Senado, como las propuestas por Junts, achaca la nueva pinza de PP y el partido de Carles Puigdemont a un intento de llamada de atención. “Cada cierto tiempo tienen que hacerlo”, señalan en Moncloa para referirse a las “exageraciones” de los independentistas. Esto, sumado a la continua presión de Podemos, contribuye a instalar un clima negativo para el Ejecutivo, pero los de Sánchez restan importancia y lo achacan a una respuesta por no estar “contentos” con su balance anual. Con todo, confían en que este jueves salvarán de nuevo el partido, aunque sudarán la camiseta. Otra vez.