La Fiscalía de Valencia apoya que la justicia investigue la posible responsabilidad penal del president de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la DANA que arrasó parte de la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre y ha dejado más de 220 víctimas mortales y miles de personas damnificadas. Así lo ha adelantado el diario El País este martes, en un escrito del Ministerio Público presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
En una misma causa se han acumulado siete denuncias y querellas interpuestas contra Carlos Mazón por la gestión de la dana, al tratar sobre los mismos hechos. De esas siete, como explica el medio previamente citado, seis señalan a Carlos Mazón o a la que fue consejera de Interior y Justicia Salomé Pradas, que entre varias declaraciones, afirmó desconocer que se podían enviar alertas a los móviles con el sistema ES-Alert.
En las denuncias y querellas interpuestas se les atribuye la comisión de los delitos de prevaricación, lesiones y homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, daños imprudentes y contra los derechos de los trabajadores, “como consecuencia de la no adopción de algunas decisiones que, a su parecer, hubiesen evitado o mitigado el fatal resultado por el número de fallecidos”, como recoge el medio. Asimismo, añaden que, según la Fiscalía, “de ese relato derivan una genérica relación causa/efecto con una atribución de responsabilidad criminal de naturaleza objetiva, que se verifica en exclusiva atención al resultado, al margen de la concreta intervención de los denunciados que, a día de hoy, no consta singularizada”.
La disputa de competencias judiciales
El ministerio público respalda la apertura de diligencias ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que había solicitado la semana pasada un informe sobre su competencia en el caso y la admisión de los escritos presentados. Las denuncias acumuladas incluyen la formulada por la organización Iustitia Europea, dos del sindicato CGT, otras dos interpuestas por abogados y dos de particulares. Una de las denuncias corresponde al sindicato CGT, que la presentó primero ante la Fiscalía Provincial por un delito contra los derechos de los trabajadores
En paralelo, la vía penal afronta una disputa de competencias judiciales entre los Juzgados de Instrucción número 15 y 20 de Valencia. En este caso, se trata de una denuncia de Manos Limpias contra la Confederación Hidrográfica del Júcar, AEMET y la Agencia Valenciana de Emergencias. Inicialmente, recayó en el Juzgado número 15, que se inhibió en favor del número 20, encargado de investigar la muerte de un vecino del barrio de La Torre durante las inundaciones. Sin embargo, el juzgado 20 rechazó asumir la causa al considerar que no existe un “nexo causal” directo entre los hechos y el fallecimiento, dejando la resolución en manos de la Audiencia Provincial de Valencia.
Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 10 inadmitió una querella presentada por Hazte Oír contra la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, por un defecto procesal relacionado con el apoderamiento, aunque la parte recurrente ha solicitado subsanar este error.
* Con información de Europa Press
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