La Guardia Civil detiene a Carmen Pano, la empresaria que aseguró haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE

Junto a ella han sido detenidas otras tres personas que se enmarcan en las actuaciones que se iniciaron el día 7 de octubre de 2024 y que lograron desarticular una presunta organización criminal que habría defraudado, en tan solo dos años, más de 182 millones de euros

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Entrada al edificio de la sede del PSOE, situado en la calle Ferraz (Jesús Hellín - Europa Press)
Entrada al edificio de la sede del PSOE, situado en la calle Ferraz (Jesús Hellín - Europa Press)

La Guardia Civil, ha llevado a cabo esta mañana cuatro nuevas detenciones que se enmarcan en las actuaciones que se iniciaron el día 7 de octubre de 2024 y que lograron desarticular una presunta organización criminal que habría defraudado, en tan solo dos años, más de 182 millones de euros. Según fuentes consultadas por EFE, una de las detenidas se trataría de la empresaria Carmen Pano, quien ha asegurado públicamente haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE.

Según un comunicado de la Guardia Civil, la organización criminal que se ha desarticulado disponía de una importante estructura societaria con la que ejecutaría el fraude fiscal; esta estructura era modificada por sus responsables con el fin de alcanzar un mayor grado de apocamiento y asegurar la perfección del fraude.

Además, contaban con una estructura paralela de sociedades tanto en España, como en terceros países, para el ulterior blanqueo de las cantidades obtenidas delictivamente. Las actuaciones, en las que se están realizando diligencias de entrada y registro en los domicilios de los detenidos, se llevan a cabo en las provincias de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Toledo.

Esta operación está siendo llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y dirigida por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. Las diligencias están declaradas secretas.

Carrmen Pano: Un testigo clave para la oposición

A mediados de octubre, el PP anunciaba una querella contra el PSOE por “financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias”, a raíz de las declaraciones de Carmen Pano, la cual en un primer momento optó por no revelar su nombre. La Audiencia Nacional rechazó la acusación unas semanas después, si bien los populares han seguido insistiendo y anunciaron, el jueves pasado, que llamarían ante la comisión del caso Koldo del Senado a la empresaria.

Carmen Pano era la dirigente de Have Got Tim, un cargo que ocupaba junto a su hija, en una empresa destinada a la comercialización de hidrocarburos al por mayor. De hecho, fue esta compañía la que compró el chalé de La Línea de la Concepción, en Cádiz, que más adelante habitaría el exministro socialista José Luis Ábalos. Cabe recordar, además, que fue el propio Aldama quien aseguró, en su declaración ante el juez, que fue ella quien le presentó a Claudio Rivas, propietario de Villafuel, la empresa implicada en el fraude millonario destapado recientemente en este sector.

“Yo llevé el dinero a la segunda planta. Lo declaré ante notario y así lo declararé ante el juez cuando me cite”, afirmaba ella en entrevistas a los medios. A raíz de esto, a finales de noviembre el Gobierno respondió alegando que no había pruebas de tal acusación. “Cada uno acusa, lo mínimo que se le pide es que aporte pruebas”, afirmaba la ministra Pilar Alegría en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En respuesta, el Partido Socialista Obrero Español presentó a principios de este mes una demanda de conciliación, requisito necesario para presentar posteriormente una querella por calumnias, contra Pano, una “figura encartada en los informes de la UCO que la vinculan con Víctor de Aldama y Claudio Rivas, en relación con la trama delictiva de hidrocarburos que se investiga en la Audiencia Nacional”. Del mismo modo, han relacionado su testimonio con “la misma estrategia de defensa de Víctor de Aldama, consistente en lanzar sin pruebas falsas acusaciones, para ganarse el favor de las partes acusadoras y el apoyo del Partido Popular, personado en los procedimientos”.

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