El Gobierno y las CCAA acuerdan crear la figura del “administrativo en salud” y lanzar el registro para objetores de conciencia al aborto: “Ya no hay excusas”

El Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud (CISNS) ha terminado con varios acuerdos de los que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha celebrado como “un auténtico ejemplo de coordinación, de diálogo y de trabajo conjunto”. En este encuentro, el Gobierno y las comunidades autónomas han alcanzado varios acuerdos clave para el desarrollo de la atención sanitaria en los próximos años, tales como el nuevo Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027.

Este ha sido el principal punto que ha querido destacar en primer lugar la ministra, con una nueva estrategia a seguir que tendrá tres objetivos: poner al paciente en el centro, prepararse para los retos del futuro y que se refuerce tanto la longitudinalidad como la continuidad asistencial y mejorar las condiciones laborales “de quienes nos cuidan”.

Sobre este último punto, Mónica García ha señalado que se tratará de que los sanitarios puedan dedicar más tiempo “a todos y cada uno de los pacientes”, a través de una mejora de la coordinación entre los niveles asistenciales o la optimización de los procesos burocráticos, gracias a la creación de la figura del “administrativo en salud”, que desde el Ministerio informan que “permitirá descargar a los profesionales sanitarios de tareas administrativas”.

Más adelante, la ministra ha señalado que, respecto a la desburocratización de la Atención Primaria, uno de los elementos en los que más se trabajará será aquello que tenga que ver con “las autojustificaciones”, algo que los médicos han defendido en varias ocasiones. No obstante, a continuación ha recordado que este es un trabajo “que no solo depende de este ministerio y es competencia de otros”, como el de Trabajo o el de la Seguridad Social.

A raíz de esto, desde el Ministerio han querido señalar que “hay profesionales que tienen que dedicar el 30% de la agenda en estos trámites burocráticos”, por lo que uno de los objetivos del plan será “que el tiempo de nuestros profesionales lo dediquen a las tareas de diagnóstico, seguimiento y prevención”. Además, también se contempla la incorporación de nuevos profesionales, “como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, nutricionistas, trabajadores sociales, podólogos, ópticos/optometristas y farmacéuticos, al equipo de Atención Primaria”.

Otro de los acuerdos destacados por el Gobierno ha sido la aprobación del protocolo para la creación de un registro en el que figuren los trabajadores sanitarios objetores de conciencia al aborto para que puedan negarse a practicar, total o parcialmente, interrupciones voluntarias del embarazo. Esta medida ayudaría no solo a respetar las creencias religiosas, deontológicas o bioéticas de los profesionales de la salud, sino a facilitar que este tipo de intervenciones puedan realizarse en la sanidad pública.

En este acuerdo alcanzado, el Ministerio ha recordado a las comunidades que “en el cumplimiento de la ley ya tienen ese registro que algunas estaban demandando y por lo tanto ya no hay excusas para incumplir la ley”. De este modo, en el Consejo se han esbozado algunos de los “criterios mínimos” para que las comunidades puedan lanzar el registro, tras varios meses de trabajo por parte de las Consejerías y los técnicos que la ministra ha querido agradecer.

De este modo, el Consejo se ha saldado con consensos en una serie de puntos claves que, desde los agentes políticos, sociales y profesionales, se demandaban desde hacía tiempo. Junto al plan de Atención Primaria y Comunitaria y al protocolo para el registro de objetores de conciencia, la ministra ha anunciado también acuerdos en la Aprobación del nuevo Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos 2025-2027, en el calendario de vacunación del próximo año y en la designación de los nuevos Centros, Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud (CSUR).

Por el contrario, no ha habido ningún anuncio respecto a otros temas que se iban a tratar en el Consejo, como la redacción de un nuevo Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Sobre esto, Mónica García ha afirmado que desde el Ministerio han estado trabajando con ello y han ido “informando puntualmente a los sindicatos” para que conozcan sus propuestas de cara a ofrecer a los sanitarios un “Estatuto Marco del siglo XXI”.

Del mismo modo, ha recordado que “el anterior Estatuto tenía algunos elementos y algunos artículos que eran incluso preconstitucionales”. Pese a que se trata de un asunto en el que las comunidades no tienen competencia, se informará del plan del Ejecutivo a las mismas en un “Consejo Interterritorial extraordinario”.

La celebración de esta segunda reunión con las Consejerías autonómicas ha venido motivada por un “orden del día muy extenso” que ha impedido abordar algunos puntos que la ministra ha definido como “de información”, puesto que las CCAA “no están en el procedimiento”. Este hecho ha provocado algunas críticas por parte de algunos de los asistentes, como el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, el cual ha considerado que esos 23 puntos en el orden del día impidieron “el diálogo” y evitaron “la votación y cualquier otro tipo de acuerdo”.

Uno de estos puntos del día fue adelantado a petición de las propias comunidades: la licitación de Muface. Sobre esto, nueve consejeros solicitaron en el Consejo incluir un acuerdo para instar al Gobierno a que resuelva dicha licitación “a la mayor brevedad”. No obstante, esta propuesta no ha sido admitida por la ministra, que según las declaraciones posteriores de Alejandro Vázquez, se ha limitado a leer el informe sobre la capacidad del SNS de asumir la atención y el seguimiento sanitario de los funcionarios. Un informe que, según el consejero, “no se ajusta para nada a la realidad”.

Críticas similares ha enfrentado el informe por parte de otros consejeros, que también considera que dicho análisis en el que se afirma que el sistema público de salud podría absorber a todos estos nuevos pacientes “falta a la realidad”. En el otro extremo, la ministra de Sanidad ha recordado en la rueda de prensa posterior al Consejo que este es solo un documento “descriptivo” en el que se realiza “un análisis de qué pasaría, a qué comunidades autonomías afectaría más y a qué franjas de edad”.

Además, ha señalado que la redacción del informe fue en parte motivada por las propias comunidades, que en el anterior pleno del CISNS preguntaron qué ocurriría si no se resolvía la licitación. ”Nosotros hemos hecho nuestro trabajo de elaborar un plan de contingencia para describir de manera transparente qué pasaría”, ha insistido. En cuanto a la resolución de las negociaciones entre el Gobierno y las aseguradoras, Mónica García ha señalado que su Ministerio “no tiene nada que decir al respecto” y que la firma del convenio queda en manos de estas empresas “que son las que han dejado el concurso desierto dos veces”.