¿Una factura de la luz más cara? Las consecuencias de eliminar el impuesto a la generación de electricidad, como quieren PP y Junts

El Partido Popular y Junts per Catalunya pactaron el pasado lunes una enmienda transaccional para suspender el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica cuando no exista déficit de tarifa -es decir, cuando los ingresos que las compañías eléctricas obtienen a través de las tarifas reguladas sean suficientes para cubrir los costes asociados a la producción, distribución y comercialización de la electricidad-. El objetivo, según fuentes del Grupo Popular, es bajar el precio de la factura eléctrica a las familias y empresas, ya que actualmente ese tributo está fijado en el 7% y, con la enmienda del PP, pasaría a tipo 0.

Esta tasa, que fue suspendida excepcionalmente desde el tercer trimestre de 2021 hasta 2023 -debido a una aportación extraordinaria de los Presupuestos Generales del Estado a la tarifa eléctrica-, ha proporcionado de enero a octubre de 2024 unos ingresos de 407 millones de euros a las arcas públicas, según datos de Hacienda. Por ello, el PP se ha mostrado “tremendamente satisfecho” del acuerdo que, según ha evaluado, “supondrá un ahorro estimado de 400 millones para las familias españolas. En el caso de las pymes el ahorro será de 500 millones, y de 200 millones para grandes industrias”.

Sin embargo, el Gobierno no opina lo mismo. Según la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, anular este impuesto tendría el efecto contrario, es decir, que subiría la factura de los hogares. Así lo afirmó este miércoles en el Congreso, cuando, en una réplica al diputado José María Figaredo, de Vox, explicó que “El sistema no está en superávit” por lo que al suspender el impuesto, las compañías, para recaudar más, subirían la factura de los consumidores. Entonces, ¿Cuáles son los posibles escenarios? ¿Qué pasará con la factura de la luz?

Lo primero que hay que saber es que este impuesto sobre la producción de energía eléctrica grava el valor de la producción. Es decir, que cuanto más ingresa la central, más paga; y por tanto, su recaudación depende del precio de mercado de la luz. Se trata de una tasa que se creó en 2012, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, a través de la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, y que no hay que confundir con el impuesto sobre las energéticas.

Como señala el experto en energía eléctrica y director de Próxima Energía, Jorge Morales de Labra, para Infobae España, la suspensión del impuesto podría dar la impresión de una reducción de la factura eléctrica, pero en realidad, lo que ocurre es que el dinero recaudado por este concepto simplemente se redistribuye en otros aspectos del sistema eléctrico, como en un “juego de trileros”, ejemplifica el ingeniero.

Morales explica que los ingresos provenientes de este impuesto se destinan a cubrir los llamados ‘cargos’ en la factura de la luz, una parte regulada por el gobierno que incluye, entre otras cosas, las primas a las energías renovables y el déficit de tarifa histórico, y que en 2025 ascenderán un 39%. Si se suspendiera este impuesto, el dinero que se recauda anualmente por este concepto dejaría de entrar al sistema, lo que generaría un agujero que tendría que ser cubierto por otras vías.

Del mismo modo piensa Belén Palao, miembro del Grupo de Expertos en Impuestos Indirectos de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), que afirma que “[la reducción de la tasa] es pan para hoy y hambre para mañana”, en el sentido de que “de algún lado hay que sacar dinero para cubrir ese déficit de tarifa o esos costes de sostenimiento del sistema. Porque España es deficitaria”. Por lo que, argumenta que “la suspensión del impuesto, así como así, no va a poder ser. No va a poder salir porque al final hay que pagar esos costes del sistema”.

Es decir, aunque el PP pueda argumentar que las empresas eléctricas dejarán de pagar ese impuesto y que esto podría llevar a una disminución del precio de mercado, lo cierto es que las consecuencias no son tan claras. De hecho, Morales advierte que el impacto de una rebaja en los ingresos de las centrales podría ser rápidamente absorbido por los movimientos de los precios en el mercado mayorista. Por lo que, “Es imposible saber si ese 7% las empresas lo van a bajar, es decir, si realmente esa presión competitiva va a funcionar”.

“Hemos comprobado en solo una semana que el propio mercado de futuros se come el 7% sin pestañear”, explica el ingeniero, refiriéndose a la rapidez con la que los movimientos del mercado pueden neutralizar cualquier intento de ajuste de precios, debido a cuestiones como la situación internacional, el precio del gas, la cantidad de renovables, entre otros.

En este sentido, la asesora fiscal Palao, asegura que “hay un sistema que hay que mantener y se mantiene con una serie de cánones peajes, aportaciones, cargos, transferencias presupuestarias, etcétera. Y es que esto hay que pagarlo. Es que la luz cuesta. Nosotros no nos hemos dado cuenta en España, pero el precio de la luz que pagamos es mucho más barato que en algunas zonas de Europa”.

El origen del impuesto a la generación de electricidad se remonta a 2012, durante el primer mandato de Mariano Rajoy. En ese momento, como explica Morales de Labra, el Gobierno del Partido Popular creó este gravamen como una estrategia para contener el impacto político de una posible subida en las tarifas eléctricas. Para el experto en energía el objetivo era claro: evitar aumentar los cargos regulados en la factura de la luz, desviando la responsabilidad hacia las compañías eléctricas. De esta forma, aunque el coste final subiera, la percepción pública se centraba en las eléctricas como responsables de ese incremento, mientras el Estado recaudaba los fondos necesarios para compensar parte de los cargos del sistema eléctrico.

La propuesta actual de anular el impuesto, promovida nuevamente por el Partido Popular, plantea el escenario contrario. Al retirar este gravamen, el gobierno pierde una herramienta clave de recaudación que permitía redistribuir los ingresos en el sistema eléctrico. En teoría, esta supresión podría traducirse en una bajada de los precios en el mercado mayorista, siempre y cuando las compañías eléctricas decidan repercutir esta reducción a los consumidores, lo cual, como ya se ha visto, no está garantizado. Sin embargo, la consecuencia más inmediata sería un aumento de los cargos en la factura de la luz, dado que el gobierno tendría que encontrar otras vías para financiar los costes regulados que antes se cubrían con los ingresos del impuesto.

Este cambio de enfoque deja en una posición complicada al Ejecutivo actual, que podría ser señalado como responsable de un posible incremento del recibo eléctrico. Mientras tanto, las eléctricas, al verse liberadas del impuesto, tienen la oportunidad de presentarse como actores que contribuyen a la estabilidad del mercado, aunque su impacto final en el precio que pagan los consumidores sigue siendo incierto: “Las eléctricas quedan de buenas en el sistema porque pueden bajar el precio si quieren. Y el que queda de malo es el Gobierno que vuelve a subir los cargos”, finaliza.