Un director de una empresa de baja cobró ayudas estatales y 20.000 € de sueldo al mes: la Justicia lo condena por fraude

En España, realizar trabajos remunerados mientras se está de baja médica constituye una infracción grave con posibles consecuencias legales. El artículo 175 de la Ley General de la Seguridad Social prohíbe que un trabajador en situación de incapacidad temporal ejerza actividades laborales, ya sea como autónomo o asalariado. Y es que, el propósito de la baja es garantizar que el trabajador pueda centrarse en su recuperación. Por lo que, trabajar durante este periodo no solo pone en riesgo ese objetivo, sino que también se considera un acto de fraude tanto hacia la Seguridad Social como hacia la empresa, que sigue asumiendo parte de las prestaciones económicas.

Algo similar ocurre en Francia, donde la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (Caja Primaria de Seguro de Salud, la entidad encargada de gestionar el sistema de seguro de salud público en las regiones del país) prohíbe trabajar mientras se está de baja médica. Allí, un presunto caso de fraude ha llevado a un director general del sector inmobiliario ante el tribunal judicial de Pontoise. El hombre, de 54 años, está acusado de haber recibido de manera indebida indemnizaciones diarias de la CPAM mientras continuaba percibiendo su salario mensual de 20.000 euros durante un prolongado período de baja médica. Según ha informado el medio de comunicación galo France Live, el perjuicio económico causado por esta supuesta estafa ascendería hasta los 120.000 euros.

La defensa del acusado sostiene que no hubo intención fraudulenta y que todas las gestiones se realizaron de buena fe. La abogada de la CPAM de la región, por su parte, ha destacado la magnitud de la presunta estafa, subrayando que no se trata de un simple intento de obtener beneficios indebidos, sino de un fraude a gran escala y que ha durado más de un año.

La investigación que llevó a este caso comenzó tras un robo en el domicilio del acusado y una tentativa de extorsión. Estos eventos llevaron a que el acusado fuera puesto en baja médica durante varios meses. Durante la investigación, las autoridades descubrieron movimientos financieros sospechosos en las cuentas del acusado, quien recibía transferencias mensuales de la CPAM junto con depósitos significativos de aproximadamente 20.000 euros, etiquetados como “salario”, en una cuenta en Alemania.

El acusado ha intentado justificar estos movimientos alegando que, en ese momento, no era un “empleado” sino un “mandatario social”, una versión que no ha sido confirmada por su empleador. La fiscalía ha solicitado una pena de cuatro meses de prisión, una multa de 5.000 euros y la confiscación de una póliza de seguro de vida incautada por la justicia por el monto del perjuicio.

El tribunal emitirá su veredicto el próximo mes de enero. Este caso pone de relieve las complejidades y desafíos que enfrentan las instituciones al detectar y procesar fraudes de este tipo, así como las posibles lagunas en los sistemas de control que pueden ser explotadas por individuos con conocimiento del sistema.