La sanidad privada ve “inviable” que España contrate más enfermeras y propone a los técnicos auxiliares como solución

Tras cinco años de esperas, el Congreso de los Diputados ha retomado la Ley de Ratios de Enfermeras, también conocida como Ley de Seguridad del Paciente, que fijará el número mínimo necesario de estas sanitarias en los servicios de salud. La iniciativa ciudadana, liderada por el sindicato SATSE, ha sufrido ya 83 prórrogas del periodo de enmiendas desde que se introdujese el texto en el año 2019. Esta semana, los diputados han apoyado la tramitación de la norma.

Aunque los colectivos esperan que el proceso se lleve a cabo de forma ágil, desde la sanidad privada, la noticia se ha tomado de forma negativa. La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), representante del 80% de los centros hospitalarios privados del país, ha puesto en entredicho la viabilidad de la iniciativa legislativa, a la que ha tildado de “inviable” y poco realista.

La Ley de Seguridad del Paciente propone, en su texto inicial, limitar el número de pacientes por enfermera a entre 6 y 8 en la atención hospitalaria, entre 2 y 3 en cuidados intensivos y un máximo de 3 en unidades de reanimación postquirúrgica. En quirófano, se exigiría la presencia de, al menos, 3 profesionales. Por su parte, en la atención primaria, se le asignaría una población máxima de 1.500 personas a cada trabajadora.

Estos números son un disparate para ASPE: según su presidente, Carlos Rus, “esta medida supondría incrementar en un 800% la cantidad de profesionales de enfermería en algunos territorios con amplia despoblación, algo inalcanzable dada la situación de escasez de personal que afecta a todo el sistema sanitario”. El dato, según han confirmado fuentes de la organización a Infobae España, proviene de un informe independiente encargado por la propia ASPE para analizar las consecuencias de la nueva ley.

La diferencia de personal contratado en cada comunidad autónoma haría que los incrementos de la plantilla llegasen a multiplicarse por ocho en algunas regiones, según el informe de ASPE, al que este medio no ha podido acceder.

Como bien señala ASPE, hay una escasez de personal en enfermería y “no es exclusiva del sector privado”: en España hacen falta cerca de 123.000 enfermeras para alcanzar la media de profesionales del resto de países europeos, según el Consejo General de Enfermería. Actualmente, se emplean 6,3 enfermeras por cada 1.000 habitantes, por debajo de la media europea (8,83 enfermeras por cada 1.000 habitantes) y a gran distancia de países como Noruega (21,6). Así, España se ubica a la cola de las ratios en el continente, en el puesto 21 de 26 países analizados.

Los datos por comunidades autónomas son variables: Navarra es la que más profesionales tiene, con 8,87 por cada 1.000 habitantes. Le siguen País Vasco (8,01), Castilla y León y Melilla, ambas con 7,35; y Canarias (7,32). Por la cola, se encuentran Murcia (4,8), Galicia (5,13), Comunidad Valenciana (5,49) y Andalucía (5,52). Y es que el bajo desempleo del sector (del 1,5% en 2023), unido a los contratos precarios y la sobrecarga del personal, hace que las enfermeras se muevan por el territorio y prefieran trabajar en las comunidades con mejores condiciones laborales o, incluso, marcharse fuera del país.

La inversión en personal sería mayor, por tanto, en Murcia, Galicia, Valencia y Andalucía. Pero, además, según señala ASPE, la nueva norma podría entrar en conflicto con las competencias autonómicas. Corresponde a los gobiernos regionales la organización de los recursos sanitarios y ellos mismos establecen, en muchos casos, ratios de personal para el funcionamiento de los centros sanitarios. “Esta medida extra supone una nueva carga administrativa, imposible de materializar, inconcreta y que carece de sentido y de fundamento”, afirma Carlos Rus.

Para el presidente de ASPE, “el uso de la ratio de enfermería es un criterio superado en la práctica clínica” y considera que centrar la reforma legislativa en estas profesionales discrimina y margina a otros sanitarios.

Para la patronal de la provisión sanitaria, sería necesario una reforma integral en la organización de los recursos humanos en el sector sanitario, que empodere no solo a la enfermería sino a otras figuras. En este sentido, propone que sean los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), anteriormente conocidos como auxiliares de enfermería, quienes carguen con las funciones para las que no alcancen las enfermeras. “Redistribuir funciones entre estos profesionales permitiría liberar a los enfermeros de tareas que no requieren su especialización y optimizaría la organización asistencial”, afirman desde ASPE en un comunicado.