Pedro Sánchez con José Luis Ábalos en una imagen de archivo. (Sergio Perez/REUTERS) Los tribunales se han convertido en la particular Pesadilla antes de Navidad para el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez. Sin apenas respiro, las declaraciones del exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, el empresario Víctor de Aldama y Begoña Gómez en seis días amenazan con agitar de nuevo el avispero de la corrupción, principal arma arrojadiza de la oposición.
El primer envite judicial llegaba este jueves con la comparecencia voluntaria como investigado de José Luis Ábalos, figura en la que Moncloa deposita cualquier tipo de responsabilidad política -y penal, si la hay- por la denominada trama Koldo. En la defensa de su inocencia, el ex número tres de Sánchez en el PSOE ha descargado las sospechas sobre comisiones en el seno del Gobierno en quien fue su mano derecha, Koldo García, y el conseguidor Víctor de Aldama.
Ferraz y Moncloa evitaban así nuevas acusaciones sobre alguno de los suyos, que sí se prevén la próxima semana, cuando Aldama, que ya cantó La Traviata en la Audiencia Nacional, y Koldo desfilen por la Sala de lo Penal del Supremo los días lunes y martes, respectivamente. “Por el momento, tenemos confianza en la Justicia y en el proceder del PSOE”, señalan a Infobae España fuentes del partido, que insisten en la “contundencia” con la que responden a los casos de corrupción que les salpican, en clara referencia a la salida de Ferraz -y posiblemente del Consejo de Ministros- del propio José Luis Ábalos.
El exministro se desvinculó en la Sala de lo Penal del Supremo de toda mordida que tuviera relación con adjudicaciones de contratos públicos u otros favores a la trama que trasciende la compra de mascarillas, todo pese a que la Fiscalía Anticorrupción y el juez del Supremo, a instancias de la Audiencia Nacional, le atribuyen un “papel principal” en la presunta organización criminal. Negó el disfrute del chalet en Cádiz facilitado por la trama, el contrato con Aldama de un piso en el Paseo de la Castellana y otras atribuciones del “nexo corruptor” de su Ministerio.
El PSOE evitó también nuevas informaciones sobre el Delcygate, la visita secreta a España de la número dos de Nicolás Maduro, y el rescate de Air Europa, ya que ninguna de las preguntas de las partes estuvo dirigida a esclarecer estos asuntos. El interrogatorio, que superó las tres horas, se centró en el presunto cobro de comisiones por la compra de material sanitario por parte de varios departamentos del Gobierno y el Ministerio de Transportes a Soluciones de Gestión, la empresa sobre la que pivota el caso.
El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha asegurado este jueves que cree haber dado las "aclaraciones suficientes" al juez que le investiga en el Tribunal Supremo, al tiempo que ha negado comisiones irregulares y ha apuntado que se ha comprometido a "entregar documentación". (Fuente: Europa Press, Cedidas)
Ante los desmentidos de Ábalos, Aldama tendrá la oportunidad de replicarle este lunes desde el mismo banquillo en el que se sentó el exministro. El empresario seguirá disparando hacia Moncloa después de presentar un escrito en el que trató de demostrar su incursión en el Consejo de Ministros y Ferraz mediante supuestos contactos con Ángel Víctor Torres, Teresa Ribera o Santos Cerdán.
La larga semana para el PSOE antes de Navidad arrancará precisamente con su segunda declaración por el caso Koldo, la primera en el Tribunal Supremo. En esta ocasión lo tendrá más difícil para lanzar nuevas acusaciones que se salgan del núcleo de la causa, que son las presuntas comisiones en la compra de material sanitario durante la pandemia, ya que ésta no será una declaración voluntaria en la que Aldama deba colaborar con revelaciones para salir en libertad.
El martes será el turno para Koldo García, que tras su detención guardó silencio en la Audiencia Nacional al acogerse a su derecho a no declarar. Lo mismo hizo en su primer turno Begoña Gómez, que volverá a ser interrogada por el juez Juan Carlos Peinado el próximo jueves por la presunta apropiación indebida del software que varias empresas desarrollaron para el máster que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.