La opinión de expertos de vivienda en el Congreso para acabar con los altos precios: ayudas a propietarios con alquileres bajos y un fondo de inversión público

Este martes se celebró la última sesión de la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados, en la que se escucharon las propuestas de la sociedad civil en la materia. Uno de los expertos que compareció fue el presidente de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), José María López Cerezo, que calculó que para resolver el problema de acceso a la vivienda en España hacen falta 7.500 millones de euros anuales en ayudas públicas durante diez años.

En su intervención, el presidente de los promotores estatales propuso establecer un fondo de inversión público destinado a financiar nuevas promociones de vivienda, inspirado en las antiguas cuentas de ahorro vivienda. Según explicó, este modelo ya habría funcionado en el pasado y suele tener resultados en Europa. “Con la cuenta vivienda funcionó y en Europa los fondos públicos funcionan”, argumentó, tras insistir en que no serían fondos del Estado, sino “fondos de todos”, en los que cualquier persona puede participar, beneficiándose además de ventajas fiscales por su contribución.

Cerezo también opinó que gran parte de la solución a la crisis habitacional es hacer vivienda protegida; y subrayó que, para ello, el sector privado es un “aliado” que también puede ser receptor de ayudas públicas si construye vivienda social.

Sobre la medida anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de crear una gran empresa estatal de vivienda, Cerezo confirmó su apoyo, ya que supone un “hombro más”, especialmente después de que el Ejecutivo explicase que no se va a crear una nueva estructura, sino que va a ser la sociedad de suelo Sepes la que se transformará para promover vivienda sobre su propio suelo.

En este sentido, otro de los expertos que respaldó la propuesta del Gobierno de crear una gran empresa estatal de vivienda que impulse y gestione alquileres protegidos mediante acuerdos con comunidades autónomas y ayuntamientos fue el expresidente del Banco Hipotecario, Julio Rodríguez López, que, durante su participación sugirió que esta empresa estatal podría ofrecer avales públicos a propietarios dispuestos a alquilar a precios asequibles.

Según su análisis, el principal cometido de esta empresa pública sería alcanzar acuerdos con los ayuntamientos para la construcción de viviendas protegidas, superando las “importantes limitaciones” que enfrentan actualmente estas administraciones locales.

En cuanto a las medidas que ya ha puesto en marcha el Ejecutivo, Cerezo señaló el escaso impacto que han tenido los avales públicos destinados a facilitar la compra de vivienda para jóvenes. Según explicó, el límite de ingresos fijado en tres veces el IPREM es insuficiente para cubrir hipotecas de entre 250.000 y 300.000 euros, que representan el promedio en el mercado actual.

Por ello, también propuso redirigir los avales públicos hacia la adquisición de viviendas de segunda mano y sugirió ampliar el rango de edad de los beneficiarios, elevando el límite máximo de 35 a 40 años, con el objetivo de abarcar a un segmento más amplio de la población que también enfrenta dificultades para acceder a la vivienda.

Por su parte, Rodríguez destacó la importancia de mejorar las estadísticas sobre vivienda, incluyendo las del Plan Vive de la Comunidad de Madrid. Aunque reconoció que este plan está operando, también señaló que los precios de alquiler siguen siendo elevados, beneficiando a la clase media, pero excluyendo a quienes tienen ingresos inferiores a 2.000 euros mensuales. Para estos sectores, añadió, lo razonable serían alquileres de entre 300 y 400 euros.

Por ello, señaló que en el futuro podría surgir una competencia entre iniciativas privadas, como el Plan Vive, que ofrecen promociones con contratos de 50 o 60 años, y la promoción pública liderada por la empresa estatal anunciada por el presidente Pedro Sánchez. Según Rodríguez, esta última podría desempeñar un papel clave en la solución a los problemas de acceso a la vivienda.