El Gobierno y sus socios, salvo PNV y Junts, han pactado este miércoles prorrogar a 2025 el gravamen sobre las grandes energéticas para evitar que decaiga a finales de año, aunque el Ministerio de Hacienda confía en lograr un acuerdo que permita aprobar un impuesto permanente con incentivos a la descarbonización.
El Ministerio de Hacienda y los socios parlamentarios del Gobierno se han reunido este miércoles en el Congreso para abordar el futuro del impuesto energético, un encuentro al que han asistido el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y representantes de Podemos, ERC, Sumar, EH Bildu y BNG.
Fuentes conocedoras de la reunión han explicado que antes de final de año el Gobierno aprobará un real decreto ley por el que se prorrogará el actual gravamen energético un año más, de manera que afectará al ejercicio 2025 (que se liquidará en 2026), aunque este decreto necesita salvar la oposición de PNV y Junts para su convalidación.
Al margen de esta prórroga, fuentes de Hacienda han señalado que confían en sacar adelante un impuesto energético permanente -lo que exige una ley y, por tanto, una tramitación más larga-, a pesar de que las posiciones de sus socios están muy alejadas.
Para evitar mayor crispación y avanzar hacia un acuerdo positivo para la ciudadanía, añade Hacienda, sería necesario mantener un clima de discreción y diálogo en el que los grupos renuncien a posiciones maximalistas y acerquen posturas.
Su objetivo es que el futuro impuesto permita al mismo tiempo incrementar la contribución de las empresas energéticas al Estado del bienestar y mantener deducciones e incentivos a la descarbonización y la inversión en electrificación.
Ausencia de PNV y Junts
La reunión, que se ha celebrado en dependencias del grupo parlamentario socialista, se ha prolongado poco más de una hora, pero no ha contado con la presencia ni de PNV ni de Junts, cuyos votos son necesarios tanto para convalidar la prórroga del gravamen, que se haría vía real decreto ley, como para aprobar el futuro impuesto.
La ausencia de PNV y Junts se ha producido a pesar de que el Gobierno se comprometió con Podemos a que estarían presentes, aunque el portavoz del grupo vasco, Aitor Esteban, ya advirtió entonces que su grupo no participaría en esa negociación, que hoy ha calificado de “paripé”.
Para Podemos, este incumplimiento revela la “falta de compromiso del Gobierno con el impuesto a las energéticas” y ha vuelto a exigir al PSOE que “cumpla el acuerdo alcanzado” con ellos hace tres semanas, al tiempo que ha recalcado que “en este contexto no se dan las condiciones siquiera para comenzar la negociación de Presupuestos Generales del Estado”.
Hacienda y los socios volverán a reunirse el próximo miércoles, en la que será la segunda reunión de la mesa de partidos que acordó el Gobierno con Podemos como requisito a cambio de su apoyo al paquete fiscal.
A esta han asistido, entre otros, la diputada de Podemos, Noemí Santana; los diputados de Sumar, Manuel Lago y Txema Guijarro; la parlamentaria de ERC Pilar Vallugera, el representante de EH Bildu Oskar Matute y el diputado del BNG, Néstor Rego.
Un gravamen extraordinario que recauda 1.164 millones
El gravamen extraordinario sobre las grandes energéticas se aprobó con el objetivo de paliar los efectos de la crisis energética, inicialmente para dos años, 2022 y 2023, aunque posteriormente se prorrogó uno más, 2024, que se liquidará en 2025. En 2024 ha recaudado 1.164 millones.
La permanencia de este gravamen ha abierto una brecha entre los socios parlamentarios del Gobierno -PNV y Junts lo rechazan mientras que, ERC, Bildu, Podemos y BNG exigen convertirlo en un impuesto permanente- que llegó incluso a poner en peligro la aprobación de su paquete fiscal.
De hecho, Junts pactó su apoyo al paquete fiscal a cambio de que se dejara caer el gravamen -al considerar que ponía en peligro algunas inversiones en Cataluña-, aunque posteriormente el Gobierno acordó con ERC, Bildu y BNG prorrogarlo un año y con Podemos, abrir una mesa de partidos para convertirlo en permanente.
Tanto el acuerdo con ERC, Bildu y BNG como el de Podemos se comprometen a respetar el acuerdo previo de Hacienda con Junts de que no se gravará a las empresas que realicen inversiones en descarbonización, por lo que la pieza clave de la negociación será la regulación de esa exención.
* Con información de Agencia EFE
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