Una empresa despide a una auxiliar administrativa alegando bajada de rendimiento porque escaneó menos documentos que una compañera: el despido es procedente

El Tribunal Supremo ha declarado la inadmisión del recurso de casación interpuesto por una trabajadora contra su despido disciplinario. El caso es curioso. La expulsión se debe a una supuesta disminución continuada y voluntaria en su rendimiento laboral en comparación con una compañera. La trabajadora, empleada por Mig Advertising España SA desde 2008, desempeñaba funciones administrativas, incluyendo el registro, procesamiento y transmisión de documentos. En junio de 2022, tras reincorporarse de una baja prolongada por incapacidad temporal y el disfrute de vacaciones, se le asignaron tareas de digitalización de documentos, en las cuales su rendimiento fue considerado inferior al esperado.

La discrepancia en el rendimiento fue notoria. Según la empresa, mientras la trabajadora escaneó 155 documentos en un período de cinco días, su compañera logró digitalizar 1.304 documentos durante el mismo tiempo, pese a tener asignadas las mismas funciones. La carta de despido señalaba que este número representaba una ralentización deliberada, según la percepción de sus compañeros, y que dicha conducta era incompatible con sus obligaciones contractuales. La medida tomada por la empresa fue un despido disciplinario, el cual fue posteriormente avalado por el Juzgado de lo Social y después por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, antes de llegar al Tribunal Supremo.

En los fundamentos de hecho, el Tribunal destacó el período limitado entre el 14 de junio y el 22 de julio de 2022, momento en el que las discrepancias en el nivel de rendimiento salieron a la luz. La trabajadora intentó defenderse argumentando la falta de pruebas concretas sobre cuál era el rendimiento estándar esperado de un auxiliar administrativo en la digitalización de documentos. Sin embargo, el tribunal determinó que la comparación directa con su compañera, quien había tomado a cabo las mismas tareas con mayor rapidez y eficiencia, era suficiente evidencia de su disminución voluntaria de rendimiento.

Uno de los puntos claves en el recurso de la trabajadora era que se habría producido un cambio en sus funciones asignadas, factor que, según ella, podría haber influido en su rendimiento. Sin embargo, esta argumentación fue considerada una cuestión nueva al no haber sido presentada en los argumentos originales de su recurso de suplicación, lo que llevó a que el Tribunal Supremo desestimara esta nueva línea de defensa por falta de contenido casacional.

La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece que para que un recurso de casación para la unificación de doctrina sea viable, debe existir una contradicción clara entre sentencias de órganos judiciales diferentes bajo circunstancias similares. En este caso, el Tribunal encontró que las sentencias previas aportadas como contraste, incluyendo una del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2007 y otra del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 2006, no eran comparables. Mientras que los casos de referencia fallaron a favor de los trabajadores por falta de elementos comparables, en este caso la comparativa con otro trabajador con idénticas condiciones refutó la alegación de falta de pruebas.

Finalmente, considerando todos los aspectos y tras el correspondiente informe del Ministerio Fiscal, el Tribunal Supremo declaró la inadmisión del recurso sin imposición de costas, dado que la parte recurrente había sido reconocida con el beneficio de justicia gratuita. Como resultado, se confirmará la firmeza de la sentencia previa que declaró procedente el despido de la trabajadora, cerrando la puerta a cualquier recurso adicional en el caso.

Esta sentencia subraya la importancia de mantener un rendimiento consistente en el trabajo para evitar despidos procedentes y demuestra cómo la comparativa con compañeros puede ser determinante en juicios de esta naturaleza. Además, se evidencia la vital relevancia de presentar todos los argumentos y evidencias pertinentes desde los primeros pasos del proceso judicial, ya que la introducción de elementos nuevos en fases avanzadas puede resultar infructuosa.