Un sindicato policial renueva su ejecutiva para pagar una deuda de 300.000 euros acumulada por la directiva anterior

El nuevo secretario general de Unión Federal de Policía ejerce la acusación en la causa contra el anterior líder de la formación por delitos de malversación, administración desleal y apropiación indebida

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Presentación de la nueva ejecutiva del sindicato Unión Federal de Policía. (Infobae España)
Presentación de la nueva ejecutiva del sindicato Unión Federal de Policía. (Infobae España)

Nuevos aires para el histórico sindicato policial Unión Federal de Policía (UFP). La nueva ejecutiva, liderada por el secretario general Serafín Giraldo, se ha presentado de forma oficial este miércoles, aunque lleva trabajando desde el pasado mes de junio. Su objetivo principal es sanear las cuentas de la formación cuya anterior ejecutiva había contraído una deuda aproximada de 300.000 euros que en parte habían ido destinados a “gastos superfluos”. Ya han logrado rebajar esa cantidad en unos 60.000 euros.

El antiguo líder de UFP, Víctor Duque, y otros dos miembros de su cúpula están procesado por delitos de malversación, administración desleal y apropiación indebida en una causa que se instruyó durante varios años -mientras seguía como secretario general del sindicato- en el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid. Irán a juicio, para el que todavía no hay fecha. El nuevo secretario general, que formaba parte de la anterior ejecutiva como secretario de Comunicación, ejerce la acusación particular contra el que fuera su líder.

El UFP cuenta ahora con algo más de 5.000 afiliados, pero añoran otros tiempos en los que triplicaban esa cifra. Están representados en el Consejo de Policía por un vocal y esperan que en las próximas elecciones, previstas para el año 2027, sumen, al menos, un nuevo representante en el órgano de negociación con la Dirección General de Policía.

“No somos sindicalistas”, han recalcado en la presentación de la nueva ejecutiva, repleta de perfiles “técnicos” en cada una de las áreas. Su primer objetivo es “restaurar la confianza de los afiliados”, ha dicho Serafín Giraldo, que después ha comentado los principales propósitos en el área de la acción sindical: el reconocimiento como profesión de riesgo, la jubilación digna y la equiparación salarial con las policías autonómicas y locales.

Más transparencia

En aras de recuperar esa confianza y “limpiar” la imagen del sindicato, la nueva ejecutiva ha encargado una auditoría externa sobre los movimientos de las cuentas de la formación entre los años 2020 y 2024. Asimismo, el secretario de Organización, Josué Hernández, ha anunciado que realizarán un control “mensual” de los gastos de todos los comités y todos aquellos que superen los 100 euros tendrán que ser autorizados por la ejecutiva.

La ejecutiva ya ha comenzado a trabajar en la primera meta afrontando la negociación política. El nuevo secretario general se reunió con los grupos parlamentarios de PP y PSOE en el Congreso de los Diputados, quienes “se comprometieron” a trabajar para el reconocimiento de los policías como profesión de riesgo, lo que se traduciría en mejoras en sus condiciones de jubilación. Asimismo, se han marcado otros objetivos como la dotación general de torniquetes, la actualización del régimen de dietas o la creación de un protocolo de actuación en casos de atentado contra agente de la autoridad.

Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil llevan tiempo reivindicando sus derechos laborales, la peligrosidad de su posición y las condiciones de su jubilación

UFP será una de los sindicatos de Policía Nacional que participará en la manifestación del próximo 11 de diciembre para protestar contra la posible reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, comúnmente conocida como ley mordaza. Un total de 18 sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil recorrerán las calles de Madrid al considerar que con esa reforma tendrán “más difícil” llevar a cabo su labor, y quienes “sufrirán las consecuencias” serán los ciudadanos, que se verán “perjudicados” ante la voluntad de “unos pocos” de “recortar sus derechos y libertades”, según explican en un comunicado.

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