La policía belga ha registrado este martes la residencia del excomisario de Justicia europeo Didier Reynders apenas unos días después de terminar su mandato. Según informaciones adelantadas por los diarios Le Soir y Follow The Money, el político belga está siendo investigado por un supuesto caso de corrupción y blanqueo de dinero mediante la compra de billetes de lotería durante su época de ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno belga (2011-2019).
Anteriormente, el político liberal desempeñó durante más de una década como ministro de Finanzas, desde 1999 hasta 2011, y estuvo encargado, entre otras cosas, de la gestión de la Lotería Nacional en su país, aunque el delito se habría cometido después de ocupar este cargo.
La investigación comenzó en 2023, abarca el período en el que Reynders era ministro federal y se extiende hasta al menos el año pasado, cuando ya lideraba la cartera de Justicia. De acuerdo a estos medios, las autoridades sospechan que utilizó billetes electrónicos de la Lotería Nacional para lavar dinero, transfiriendo las ganancias blanqueadas a su cuenta corriente.
La fecha de los registros, tres días después de que el belga dejara su cargo de comisario, no fue casualidad. Según explican fuentes de la investigación a Le Soir, la Fiscalía llegó a esperar meses hasta que Reynders perdiera la inmunidad parlamentaria asociada a su puesto en la Comisión Europea. De haber actuado antes, el procedimiento habría requerido notificar al Colegio de Comisarios, del cual Reynders formaba parte hasta el pasado fin de semana.
Caducado su mandato, la Fiscalía de Bruselas registró dos domicilios, el primero en Uccle y su casa de campo en Vissoul. Reynders fue interrogado en una de ellas ese mismo día, pero no pudo ser detenido debido a su inmunidad parlamentaria que, si bien no le salva de ser investigado ni registrado, aún lo protege de arrestos, a pesar de no tener un mandato activo. En 2019 ya fue investigado por la policía belga por los mismos delitos, pero Reynders mantuvo su inocencia y los fiscales retiraron los cargos.
De vigilar por el Estado de Derecho a ser investigado por la Justicia
Tras pasar por varios ejecutivos belgas, el ‘eterno’ ministro Reynders llegó al primer gobierno de Ursula von der Leyen en 2019 para ocupar la cartera de Justicia. Entre sus funciones estuvo la de gestionar y proteger el Estado de Derecho de la Unión, lo que le ha llevado a varios enfrentamientos con los gobiernos de Polonia y Hungría ante el deterioro de la independencia judicial y el pluralismo informativo en estos países.
También se encargó del seguimiento democrático de los países durante la pandemia del Covid-19, cuando los gobiernos, por situaciones extraordinarias, asumieron poder de más. También las tuvo con España, cuando en mayo de 2020 mandó una carta de aviso al gobierno por no proteger los derechos de los pasajeros frente a las cancelaciones de los vuelos durante ese periodo.
Más allá de sus obligaciones en Bruselas, el nombre de Reynders también resuena en nuestro país por su posición de mediador en las negociaciones entre el PSOE y el PP para renovar el CGPJ. El pasado abril, en la recta final de las conversaciones, Reynders solicitó una excedencia —que no una dimisión— para adelantar su salida del ejecutivo comunitario y poder preparar con tiempo su candidatura para convertirse en secretario general del Consejo de Europa —un órgano independiente de la UE—. Sus funciones fueron asumidas entonces por la vicepresidenta para Valores y Transparencia, Vera Jourová.
Después de fracasar por segunda vez a la elección de este órgano, Reynders postuló como candidato a la reelección como comisario europeo designado por Bélgica, pero su partido, el Movimiento Reformista (adsctrito al grupo de los liberales de Renew Europe—, prefirió presentar como candidata a Hadja Lahbib, por entonces jefa de la diplomacia belga desde julio de 2022, también como respuesta a la petición de paridad de von der Leyen. Después de encadenar varios fracasos políticos Reynders vive ahora sus horas más bajas, a la espera de las conclusiones de esta investigación. Pero la fotografía está ahí: el encargado de velar el Estado de derecho ahora está bajo el punto de mira de la Justicia.