A la espera de la sentencia contra Dominique Pelicot y los 50 acusados del caso Mazan: “Es incomprensible que no pidan las penas máximas”

De 4 a 20 años. Son las condenas que pide la fiscalía francesa contra los 51 acusados del caso Mazan, que juzga las cerca de 200 violaciones que sufrió Gisèle Pelicot durante nueve años. Su marido, Dominique Pelicot, le administraba somníferos sin su conocimiento que la dejaban inconsciente, para invitar después a decenas de hombres que acudían a su casa a mantener relaciones sexuales.

Las penas solicitadas por el ministerio público fueron tildadas de “desproporcionadas”, “chocantes” y “severas” por los abogados de la defensa, que han comenzado sus alegaciones finales ante el tribunal. También han sorprendido a la jurista feminista Catherine Le Magueresse, que considera “incomprensible” que no se hayan solicitado las penas máximas para los 51 acusados.

“Ser condenado a cuatro años por violación, sabiendo que ya han cumplido bastante en la prisión preventiva y que eso se descontará, no es nada”, lamenta la doctora en Derecho francés. En concreto, se refiere a la condena solicitada para Joseph C., único acusado al que se imputa no una violación, sino una agresión sexual, al no haber pruebas de penetración. El hombre ha pasado ocho meses en prisión preventiva, por lo que, de aceptar el tribunal la pena solicitada por la fiscalía, pasaría 3 años y 8 meses en la cárcel. Su abogado, de hecho, ha solicitado la absolución.

Los colectivos feministas piden desde hace semanas “20 años para cada uno” de los acusados del caso Mazan, una reclama que han gritado a las puertas de los tribunales de Aviñón y han colgado por las calles colindantes. “La pena aplicable es de 15 años para una violación simple, es decir, sin circunstancias agravantes. Y cuando hay circunstancias agravantes, es de 20 años. Incluso podemos llegar a la perpetua si hay actos de tortura y barbarie”, explica le Magueresse.

Desde su punto de vista, esta petición habría sido técnicamente posible, “el problema es que hay un principio de individualización de la pena”, apunta. “¿Asumimos el mismo grado de responsabilidad para Dominique Pelicot, que ha organizado y fomentado todo, y al resto? No pienso que sea deseable”, razona la abogada. “Sin embargo, entre los 20 años y los 4 años hay un gran margen de maniobra”, puntualiza, para quien los hechos juzgados “son extremadamente graves y merecen al menos 15 años”. Pero la fiscalía solo ha superado esta barrera para 13 de los acusados.

“Incluso con un principio de individualización de las penas, que es importante, eligieron ir a aquella casa para violar a una mujer. Y bajo el pretexto de que son buenos padres de familia, caballeros, hombres que tienen un trabajo o que han podido expresar remordimiento, les condenan a cuatro años. Es grotesco”, afirma.

El consentimiento de Gisèle Pelicot sobre los “actos de barbarie” que sufrió ha sido cuestionado en varias ocasiones durante el proceso judicial, que se alarga desde el mes de septiembre. Muchos de los abogados de la defensa han intentado probar que sus clientes creían que había dado su permiso a las relaciones y que se trataba de un juego dentro del matrimonio. Algunos de los acusados, incluso, han afirmado que, al tener la autorización del marido, no habían cometido una violación.

Le Magueresse tiene claro que la legislación francesa respalda a Gisèle. “Desde 1857, tras una sentencia del Tribunal de Casación, se considera que una mujer que duerme no consiente, simplemente porque no está en estado de dar su opinión, ni decir que sí ni que no”, recuerda. Pese a esta jurisprudencia, no hay ninguna definición del consentimiento en el Código Penal francés.

El caso Mazan ha puesto sobre la mesa el debate sobre el consentimiento en Francia y parece que el ministro de Justicia actual es favorable a incluirlo en la legislación, “pero sin precisar lo que entiende por consentimiento”, señala Le Magueresse. “No se trata de adjuntar simplemente la palabra consentimiento. Hace falta no solo definirlo, sino definir también las situaciones en las que, aunque el consentimiento se hubiera dado, este no sea válido porque existen relaciones de poder, de dominación, de coerción, etc.”, explica. Por ello, entiende que la definición que proponga el gobierno “no será la definición por la que luchamos, por lo que continuaremos luchando”.