Una familia compra una casa para vivir pero la inquilina de 93 años se niega a irse tras siete años y una orden judicial: prefiere pagar 100 € de multa al día

Karine y Ludwig Renard adquirieron en 2017 un apartamento de 132 metros cuadrados con seis habitaciones. Parecía perfecto para que sus hijos, un niño y una niña de 3 y 6 años, respectivamente, pudieran tener sus propias habitaciones en las que quedarse muchos años. Sin embargo, siete años después, aún no han podido vivir en el piso que es de su propiedad.

En el interior de esa vivienda habita una mujer jubilada de 93 años que no tiene ninguna intención de marcharse. La señora B. -así la llama el periódico francés Le Figaro- lleva 30 años allí, 23 cuando la familia Renard compró la vivienda a una inmobiliaria. Por eso, el 11 de abril de 2019 esta le envió una notificación para que dejara el apartamento el 4 de febrero de 2021, de acuerdo con los tiempos establecidos por la legislación vigente. “Pero rápidamente entendimos que ella activaría todas las palancas posibles para evitar salir del piso”, explica Karine al citado medio.

La señora B. se negó a abandonar el lugar. “Como vivía aquí con su marido antes de su muerte, nos hizo entender que no abandonaría el lugar”, razón por la cual la familia Renard decidió recurrir a un tribunal local, que falló a su favor y ordenó el desalojo de la señora B de cara al 29 de junio de 2021. Una sentencia a la que han seguido otras cuatro, sin que el resultado varíe. Es más, por la desobediencia de la inquilina, la han sancionado con multas que, unidas a los honorarios de los abogados, se acercan a los 100.000 euros en cinco años.

La familia Renard no sabe qué hacer. La mujer paga actualmente unos 100 euros al día en multas, pero no parece afectarle debido a sus elevados ingresos. Solo con las rentas de diferentes propiedades, ingresa cerca de 45.000 euros al año. Debido a estas elevadas cifras, no dispone de ninguna protección legal como inquilina.

A pesar de esto, desde las administraciones tampoco parecen querer resolver la situación. En el Ayuntamiento de Vicennes, ciudad en la que han tenido lugar los acontecimientos, se lavan las manos. La prefectura, por su parte, asegura que el desahucio establecido para el pasado 2 de septiembre no se realizó debido a la recepción de “nueva información”. “Los servicios sociales consultados a este respecto informaron, en apoyo de los certificados médicos aportados por la señora B., que padece diversos problemas de salud, relacionados con su edad”.

Los documentos médicos aportados por la nonagenaria, no obstante, no incluyen ninguna patología grave o excepcional, ni tampoco ninguna novedad respecto a su historial médico. Es más, Le Figaro informa de que los tribunales ya han señalado la mala fe de la señora B. para retrasar todo lo posible el proceso. Tanto es así, que solo en daños y perjuicios la familia Renard ya ha cobrado unos 70.000 euros, una cantidad que, no obstante, no cubre los gastos legales que les está llevando lograr poder vivir en su casa.

Se trata, para la Prefectura, de “preservar la dignidad humana de esta inquilina debilitada y aislada”, algo que no parece tampoco preciso: la mujer cuenta con un hijo que vive en una localidad cercana a Vincennes y otra hija que la visita regularmente, además de contar con un derecho de tanteo que la colocaba en una posición ventajosa para comprar el apartamento si quería.

La señora B. se negó a adquirir el piso hasta en dos ocasiones, una en 2009 y otra, precisamente, en 2017. Sus ingresos le habrían permitido realizar la compra, pero se negó, y ahora va camino de desembolsar una cantidad similar para poder seguir viviendo de alquilada, mientras la familia Renard sigue sin poder disfrutar de su ya no tan nueva casa.