Arenas de San Pedro es el tercer pueblo más poblado de la provincia de Ávila. Una localidad muy turística, con un importante patrimonio cultural (merece la pena visitar el Palacio del Infante Luis de Borbón y Farnesio, hermano de Carlos III, y el castillo de Don Álvaro de Luna) y también natural. De hecho, domina la sierra de Gredos desde su ubicación privilegiada en el valle del Tiétar. Pero desde este año está sumido en un complejo problema judicial que afecta al suministro de agua y la red de alcantarillado.
Y es que dos empresas pugnan por el “Servicio Público de Abastecimiento de Agua Potable, Alcantarillado y Depuración” del que dependen sus 6.400 vecinos. Todo empezó en enero de 2022, cuando el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro (controlado por el PP) acordó licitar el expediente para renovar este servicio. “Hay que tener en cuenta que este contrato ya llevaba diez años y se habían aplicado las sucesivas prórrogas de otros cinco años”, explica el alcalde Juan Carlos Sánchez Mesón. Una licitación valorada en 15 millones de euros para los próximos 15 años.
Dos años después, el Pleno municipal, celebrado el 14 de febrero de 2024, acordó adjudicar el contrato a la mercantil Aquona Gestión de Aguas de Castilla, que opera desde 1969 en Castilla y León y Castilla-La Mancha y presta sus servicios en 130 municipios suministrando agua a 1.100.000 habitantes. Pero no todos los licitadores estaban de acuerdo con este resultado (Aquona lleva muchos años gestionando este contrato en Arenas). La firma valenciana Aqlara Ciclo Integral del Agua puso un recurso ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TARC) porque entendió que ella era la ganadora y que la mesa de contratación había “vulnerado los pliegos” y se había inventado un criterio nuevo de puntuación al aplicar un límite máximo a las inversiones mínimas cuando el pliego no preveía límite o tope alguno.
En abril de 2024, este tribunal estimó parcialmente el recurso especial interpuesto por Aqlara Ciclo Integral del Agua, “declarando nula la adjudicación del contrato y ordenando retrotraer el procedimiento al momento de valoración de los criterios evaluables mediante fórmulas con sujeción estricta a lo previsto en el pliego”. Sin embargo, el Ayuntamiento todavía no lo ha hecho. Y ha llegado noviembre. Es decir, han pasado seis meses. “Estamos desesperados. Es que no tenemos secretario municipal. No podemos celebrar ni los Plenos”, se justifica el alcalde. La figura del secretario es clave para tramitar esta licitación.
Recursos de ejecución
¿Qué ha hecho Aqlara? Pidió en junio al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León un primer incidente de ejecución para que obligara al Ayuntamiento de Arenas que cumpliera lo dictado. El Consistorio no movió ficha. Aqlara pidió en septiembre al TARC un segundo incidente de ejecución alegando de nuevo que el “tribunal acordó la retroacción de actuaciones al momento de valoración de los criterios evaluables mediante fórmulas y declaró la nulidad del acuerdo de adjudicación, todo ello con la finalidad de que se lleve a cabo una nueva valoración de las ofertas con sujeción estricta a lo previsto en el pliego, lo que, ya adelantamos, todavía no ha ocurrido”. Es entonces cuando se complica más la cosa.
Porque en octubre de 2024 la Mesa de Contratación decide por unanimidad excluir a Aqlara y a otros dos licitantes por presentar ofertas temerarias. El TARC responde el pasado 5 de noviembre que eso no se puede hacer y vuelve a requerir al Ayuntamiento que ejecute lo que dictó, es decir, anular la adjudicación y retrotraer el procedimiento al momento de valoración de los criterios evaluables. Porque según Aqlara ellos son los ganadores del contrato. “Estamos a la espera de lo que decida hacer el Ayuntamiento. Por nuestra parte, estamos preparados para prestar el servicio en cuanto sea posible, una vez se cumpla el mandato del tribunal”, señala un portavoz de esta empresa.
El alcalde explica, por contra, que “el TARC no dice que hay que adjudicar a Aqlara. El problema es que ahora no podemos convocar de nuevo la mesa porque se ha ido el secretario y estamos pendientes del nombramiento de uno nuevo”. Asegura, no obstante, que cumplirán con la ley, aunque la en la primera resolución del TARC sí estaba el secretario, y que el servicio de suministro de agua y red de alcantarillado, al ser un servicio esencial, lo seguirá prestando de momento la empresa Aquona.