La ciudad en la que las personas que estén borrachas en la calle tendrán que indemnizar a la Policía

Desde este 1 de diciembre de 2024, los residentes y visitantes de Mantes-la-Jolie, una ciudad situada a 57 kilómetros al oeste de París, deben enfrentarse a una sanción por partida doble: los detenidos por encontrarse en estado de “embriaguez pública y evidente” en la vía pública deberán abonar una cantidad adicional de 150 euros.

Desde 1873, la embriaguez en zonas públicas ha sido considerada un delito en Francia, sancionado con multas de hasta 150 euros. Sin embargo, la decisión del consejo municipal de Mantes-la-Jolie de introducir un coste adicional para quienes infrinjan esta normativa ha generado controversia. La medida fue adoptada el 18 de noviembre de 2024 y está enmarcada en el Código de Salud Pública, que autoriza la facturación de honorarios a los infractores por las intervenciones policiales.

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El municipio de Mantaise se basa en el artículo L.3341 del código ya mencionado, cuyo contenido fue modificado y aclarado en mayo de 2021. El texto estipula que una persona “en estado de ebriedad en lugares públicos será tomada, como medida policial, a sus expensas [ …] al local de la policía nacional o gendarmería más cercano […] para ser retenida allí hasta que recupere el sentido”. Este internamiento en una celda para recuperar la sobriedad debe ir precedido de un examen médico.

Como detalla el medio local actur.fr, la evaluación se basa únicamente en la evaluación subjetiva de la policía. No se imponen controles ni pruebas de alcoholemia. El aliento con fuerte olor a alcohol, el habla incoherente, el paso tambaleante, la pérdida del equilibrio o incluso los ojos vidriosos se consideran síntomas objetivos.

El cálculo de la factura se basa en los costes operativos de la policía. Según el municipio, una intervención típica por embriaguez pública moviliza a tres agentes durante una hora y media. Con un coste de 33 euros por agente por hora, la ciudad ha fijado el importe total en 150 euros, un monto que debe ser abonado por los detenidos como compensación por los recursos utilizados durante el arresto. En muchos casos, estas intervenciones también implican el traslado de los detenidos a un hospital para un examen médico obligatorio, con la posibilidad de que sean internados en una celda para recuperarse.

Aunque las estadísticas muestran que los casos de embriaguez pública en Mantes-la-Jolie son relativamente bajos, la medida responde a una necesidad de optimizar los recursos policiales. Según los datos del municipio, en 2024 se han registrado 14 detenciones por este motivo, cifra que se mantiene constante respecto a los 12 casos del año anterior. Sin embargo, los costos asociados a estas intervenciones son elevados y desvían a los agentes de sus tareas prioritarias, como la prevención de alteraciones del orden público y la protección de los barrios.

El objetivo de esta nueva medida es, en parte, disuadir el consumo excesivo de alcohol en espacios públicos, especialmente en las inmediaciones de bares y restaurantes. Sin embargo, la idea de que los infractores deban indemnizar a la policía ha generado un intenso debate. Audrey Hallier, una representante electa de la oposición, ha expresado su preocupación por lo que considera una “mercantilización” de la policía. Hallier subraya que la medida podría sentar un precedente para otros servicios públicos remunerados y que no parece justificada por la baja incidencia de los casos de embriaguez pública.

Para el municipio de Mantes-la-Jolie, esta medida se integra en una estrategia más amplia para abordar las molestias relacionadas con el alcohol en los espacios públicos. En 2023, se impusieron sanciones a varios bares por contribuir al desorden público, incluidos cierres temporales, como parte de un esfuerzo para frenar los excesos.