El Tribunal Supremo ha citado a declarar en calidad de testigo al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, para indagar en la filtración de los correos del novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador. El juez Ángel Hurtado también tomará declaración a ocho periodistas que recibieron la información confidencial, atendiendo así la petición que hizo el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, principal investigado en la causa.
Miguel Ángel Rodríguez acudirá al Tribunal Supremo el próximo 8 de enero, mientras que los periodistas citados lo harán el día 9. En su auto, el magistrado también acepta la diligencia solicitada por los fiscales investigados de requerir a la cadena de televisión La Sexta copia de la noticia publicada a las 22:10 horas del 13 de marzo de 2024, y al periódico El Mundo la noticia publicada a las 21:29 horas del mismo día.
Asimismo, el instructor llama a declarar en calidad de testigo al fiscal Salvador Viada, que aseguró ver al fiscal general manipulando su teléfono móvil junto a la teniente fiscal del Tribunal Supremo mientras los agentes de la UCO de la Guardia Civil registraban su despacho de la Fiscalía General del Estado. Según el acta del registro, el momento en el que Viada dijo haber presenciado la escena fue posterior a que los investigadores devolvieran el dispositivo a García Ortiz.
La información publicada en El Mundo fue la primera que salió a la luz en relación con los correos cruzados entre el fiscal del caso por fraude fiscal en el que se investiga a González Amador y su defensa. El instructor investiga ahora al fiscal general del Estado por si pudo incurrir en un delito de revelación se secretos al querer desmontar la noticia de El Mundo, que calificó como un “bulo”.
García Ortiz solicitó al juez la toma de declaración de Miguel Ángel Rodríguez al apreciar “indicios” de que el jefe de gabinete de Ayuso tuvo acceso “a una parte del contenido de los correos” en los que el abogado de Alberto González Amador ofrecía un pacto a la Fiscalía en el caso por fraude fiscal.
Investigación interna
En el mismo auto, fechado este martes, el juez Ángel Hurtado acepta la solicitud de la acusación popular representada por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) de dirigir un oficio a la fiscal jefe de la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado para que aclare si ha abierto algún tipo de expediente disciplinario, diligencias informativas o de cualquier otro género, relacionadas con los hechos que son objeto de investigación. En caso afirmativo, le ordena que indique con qué fecha se hizo, qué tipo de diligencias y su resultado.
Asimismo, el auto recoge que el oficio que envió al servicio de seguridad de la Fiscalía General solicitando, a petición de APIF, que se conservasen las imágenes de un salón de la sede de dicha Fiscalía General, ha resultado inviable tras la respuesta de ese servicio de que no existe ninguna cámara de seguridad instalada en ese patio central. Sin embargo, sí acepta al respecto la petición de APIF de que se tome declaración como testigo al fiscal Salvador Viada, una comparecencia que se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre.