El Gobierno reta a Miguel Ángel Rodríguez a “colaborar con la justicia y decir la verdad” y señala a Ayuso por su última decisión

El Gobierno desea que el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, “colabore con la justicia y cuente la verdad” ante su citación en el Tribunal Supremo para declarar como testigo por la supuesta filtración de los correos del novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador. Así lo ha señalado este martes la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

“No tengo que hacer ninguna valoración, simplemente esperar y desear que haga lo que corresponde, que vaya a declarar y que sobre todo colabore con la justicia y que cuente la verdad, que es lo que le corresponde a cualquier persona que tiene que ir a declarar”, ha aseverado la dirigente socialista. Rodríguez declarará como testigo el próximo 8 de enero en la causa que instruye el magistrado Ángel Hurtado sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos.

De este modo, la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz, solicitó al magistrado la testifical del jefe de gabinete de Ayuso al existir “indicios” de que accedió “a una parte del contenido de los correos” que el novio de la presidenta madrileña cruzó con la Fiscalía. Asimismo, para el Gobierno, Rodríguez tiene “la oportunidad perfecta” para detallar en sede judicial los mensajes que ha ido publicando en su perfil de X “casi en forma de anuncio”, en alusión a las informaciones publicadas por el director de gabinete de la presidenta, adelantándose en algunas ocasiones a las decisiones judiciales que afectan a la causa.

Pero el choque contra el Gobierno autonómico no se ha quedado ahí. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha arremetido contra la presidenta madrileña, a quien ha pedido que rectifique y acepte el dinero del Gobierno destinado a las universidades públicas. “No puedo llegar a entender el rechazo a 169.00 millones de euros. Esto no es un choque institucional, no es nuestra competencia, hemos entrado a ayudar y no se están dejando ayudar. Dentro de tres años habrá que despedir a 1.000 profesores de la universidad pública madrileña”, ha dicho.

Después de la carta enviada este lunes a la dirigente popular madrileña para revertir esta decisión, contraria en al resto de comunidades, Morant ha advertido de que, “con esta tendencia, las que están amenazadas son las universidades públicas, que están abocadas a la desaparición”. La dirigente valenciana ha hecho suyas las quejas de los rectores de las universidades públicas madrileñas: “Están en una situación límite e invito a toda la sociedad a defenderlas democráticamente”, ha remarcado.

Durante la misma rueda de prensa se ha conocido que Ayuso ha aceptado finalmente la firma del Programa María Goyri para impulsar la contratación de profesores universitarios, pero el Ejecutivo autonómico ha aclarado que “está trabajando para adaptarlo a la realidad de las seis universidades públicas de la región”. En ese sentido, Morant ha pedido a Ayuso que no ponga “excusas” y lo firme, tal como fue aprobado por todas las comunidades en Conferencia Sectorial.