Anticorrupción pide imputar a Alvise Pérez en el Tribunal Supremo por la financiación ilegal de su partido

Todo indicaba que Alvise Pérez acabaría declarando en el Tribunal Supremo. El propio eurodiputado reclamó al juez de la Audiencia Nacional, Jose Luis Calama, a quien dio plantón al no querer comparecer, que “motivara y elevara” su imputación por la supuesta financiación ilegal de su partido, Se Acabó la Fiesta, ante el alto tribunal para declarar “a la máxima brevedad”. “Que el juez socialista -como se refiere a Calama- lo motive y eleve de una vez al Supremo”, dijo en su canal de Telegram. Y así será. Este lunes la Fiscalía Anticorrupción ha presentado un informe al magistrado en el que le pide que eleve exposición razonada a la sala de lo penal del Supremo para que investigue al agitador. Así, Alvise Pérez se acerca a su primera imputación formal en los tribunales.

El fiscal considera que hay indicios sólidos. Sobre todo, después de que Álvaro Romillo, fundador del chiringuito financiero Madeira Invest Club, le señala directamente y hablará de financiación ilegal de su formación a las puertas de las elecciones europeas en las que Alvise logró tres escaños. El empresario, cara visible de CryptoSpain, admitió haber donado 100.000 euros a Alvise con la condición de “favores futuros”. “No era un trabajador del Lidl”, subrayó ante el juez, además de ratificar la veracidad de los mensajes en los que el entonces candidato a los comicios europeos le pedía “fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas”.

Tras este paso de Anticorrupción, la Audiencia Nacional se dirigirá al Parlamento Europeo para confirmar que Alvise es eurodiputado y, por lo tanto, aforado, para después enviar al Tribunal Supremo la causa. No obstante, se trata de una pieza separada a la que el juez Calama investiga a Romillo por la supuesta estafa piramidal que habría perpetrado a través de Madeira Invest Club. Según los primeros datos recabados por el juez de la Audiencia Nacional, la cifra de afectados podría llegar a los 27.000 y el perjuicio a estos ocasionados podría superar los 300 millones de euros. Estas cifras situaron a la Audiencia Nacional “en una posición favorable desde un punto de vista funcional” para afrontar la investigación.

En los mensajes que el propio Romillo aportó en su denuncia contra Alvise ante la Fiscalía General del Estado, el ahora eurodiputado le aseguró que haría lobby en favor de sus negocios si conseguía escaño en el Parlamento Europeo: “Ahora me toca a mí hacer lobby en Europa”. Además, Romillo relataba distintos contactos mantenidos con Alvise Pérez con la intención de que el empresario obtuviera la promoción de sus servicios y el eurodiputado “podría financiar con seguridad y holgura su campaña sin persecución estatal”.

Según la denuncia, el 27 de mayo comunicó a Alvise que podía recoger en efectivo 100.000 euros, a lo que este último respondió: “100 %. Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias tío”. Tras conocerse la denuncia, Alvise se declaró “culpable como autónomo” de haber cobrado por su trabajo y animó a sus seguidores a la insumisión fiscal y se mostró convencido de que se libraría “como siempre” porque detrás de “las calumnias y los mensajes entrecortados no hay nada más que una complementaria de Hacienda”.