La “gran empresa pública de vivienda” que propone Sánchez y los principales obstáculos para aplicar el “modelo vienés” en España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el Congreso Federal del PSOE la creación de una entidad para construir y gestionar viviendas desde la Administración General del Estado. El reelegido como líder de los socialistas ha asegurado que es así como responderán a los “ataques” de la derecha y la ultraderecha, si bien su propuesta responde también a uno de los temas que más preocupa a los españoles en la actualidad.

España llega tarde en materia de la construcción de viviendas públicas. Estas están muy presentes en otros territorios europeos, como Países Bajos -30%-, Austria -24%- o Dinamarca -21%-. Mientras, España apenas llega al 2,5%, una proporción que también se puede ver reflejada en términos numéricos: mientras Francia cuenta con cuatro millones y medio de viviendas de este tipo, España apenas llega al medio millón.

A raíz de esto, son varias las propuestas que se han promovido desde las instituciones para aumentar el parque público de alojamientos, tanto a nivel autonómico -en Cataluña Illa anunciaba 4.400 millones de inversión para construir 50.000 viviendas públicas- como por parte de la oposición. Este mismo domingo, los alcaldes del Partido Popular se han comprometido a “movilizar suelo público para facilitar la construcción de vivienda”.

El anuncio de Pedro Sánchez, sin embargo, va más allá. En España ya existen diferentes órganos similares, como la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, una entidad que durante décadas ha llevado a cabo políticas de realojo y rehabilitación de edificios, convirtiéndose en el mayor promotor municipal.

También existen varios modelos y proyectos que pueden servir como ejemplo para el Gobierno, en caso de que esta medida salga adelante. El más comentado desde hace unos meses -y propuesto por formaciones como Más Madrid- es el que se encuentra en la ciudad de Viena desde hace unos 100 años, donde un innovador enfoque ha logrado que la ciudad presuma, a día de hoy, de los precios más bajos de alquiler de la comunidad europea. Allí, actualmente la cantidad a pagar por el arrendamiento de una vivienda viene fijada por el Gobierno, y en ningún caso puede exceder el 30% de los ingresos de los inquilinos.

De este modo, el 60% de los vieneses viven en la actualidad en el parque público de viviendas, pagando, por ejemplo, poco más de 600 euros por una casa de 70 metros cuadradas -el equivalente en España, teniendo en cuenta el IPC, sería de 378 euros-. Algunos de los requisitos planteados en la capital austríaca para poder residir en una de esas viviendas es que los solicitantes deben tener más de 17 años, haber residido al menos dos años en la ciudad y contar con unos ingresos netos que no sean en ningún caso superiores a 3.200 euros al mes. Para ello, el sistema es financiado a través de impuestos de contribución urbana, que supone un 1% de los ingresos de trabajadores de todo el país.

En el caso de Viena, el Ayuntamiento es propietario de la mayor parte de las viviendas, si bien también entran en juego otros agentes como diferentes asociaciones sin ánimo de lucro y otros promotores privados. No obstante, a nivel estatal llevar a cabo una operación así puede resultar muy complicado, dado que son las comunidades autónomas quienes tienen las competencias en materia de vivienda. Tras la ley de vivienda , España debería contar también con una preparación de otras legislaciones -que costaría sacar adelante dado el panorama parlamentario actual-, como la Ley del Suelo o normativa europea actual. Se trataría, por lo tanto, de un proyecto a largo plazo que, a día de hoy, parece lejos de poder cumplirse.

Es por eso que los diferentes partidos políticos que hasta ahora se habían pronunciado a favor de esta iniciativa han hablado siempre de proyectos a largo plazo, para los que se requeriría un importante compromiso político. Izquierda Unida propuso este mes de octubre, por ejemplo, desplegar 600.000 viviendas destinadas al alquiler social en los próximos 12 años. Para ello, se utilizarían fondos de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Serab), una entidad que absorbió más de 50.000 millones en activos financiados por el Estado, con el compromiso de devolverlos en un máximo de 15 años.