Una mujer pierde la voz por una operación en un hospital privado donde no se le aplicó una técnica que sí se hace en la Seguridad Social: le pagarán 90.000 €

Una profesora de educación infantil ha recibido una indemnización de 90.000 euros tras perder la voz debido a una intervención quirúrgica realizada en el Hospital Quironsalud de Pontevedra, un centro privado que tiene un concierto con la sanidad pública. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santiago ha estimado parcialmente la demanda interpuesta por la afectada, destacando que “no se pusieron a disposición de la paciente todos los medios que exigía el tipo de cirugía de tiroidectomía” realizada a la docente, quien fue declarada en incapacidad permanente total a sus 30 años.

La historia se remonta al año 2014, cuando la mujer fue diagnosticada con hipertiroidismo y sin respuesta al tratamiento médico, bajo la supervisión del Servicio de Endocrinología del CHUVI (Complejo Hospitalario Universitario de Vigo). Cuatro años más tarde, fue incluida en la lista de espera para una cirugía de tiroidectomía total, que finalmente se realizó en 2019 en este centro de Pontevedra. Tras la operación, su situación empeoró, y la Seguridad Social reconoció en noviembre de 2020 su estado de incapacidad permanente total debido a una “parálisis de cuerda vocal derecha”, apuntando además que el lado izquierdo no se abría completamente durante la respiración. El Juzgado de Santiago resalta que “la asistencia médica prestada a la actora fue deficiente”.

Las secuelas de la cirugía se calificaron como permanentes en abril de 2021, según un informe del jefe del Servicio de Otorrinolaringología del CHUVI. Uno de los puntos críticos evaluados por el juzgado fue la falta de utilización de la técnica de monitorización intraoperatoria (NMIO), que es esencial para identificar el nervio laríngeo recurrente y así minimizar el riesgo de parálisis laríngea bilateral. Este método no estaba disponible en el hospital donde se realizó la cirugía.

El tribunal subrayó la importancia de ese procedimiento, al citar que “la no utilización de esta técnica dificulta la localización de los nervios y su posible lesión si no se visualiza”. Además, el juzgado añadió que, si bien se reconoce la complejidad de la cirugía, era imprescindible proporcionar a la paciente todas las herramientas disponibles: “Se hace necesario abordar si se han puesto a disposición de la paciente todos los medios disponibles del sistema sanitario”. Destacó la necesidad de un control exhaustivo y medidas de seguridad, como la monitorización electrofisiológica intraoperatoria, lo que fue respaldado por las recomendaciones de la Sociedad Española de Otorrinolaringología.

En definitiva, según la sentencia, “nos encontramos con una paciente de 29 años a fecha de los hechos que, como consecuencia de la incorrecta cirugía practicada, ha concluido con: lesión de ambos nervios recurrentes y del nervio laríngeo superior derecho”, que han derivado en una “grave situación de la paciente que reviste carácter permanente”.

La sentencia en este caso subraya la responsabilidad de los servicios médicos de asegurar que todas las técnicas modernas y efectivas estén al alcance de sus pacientes, especialmente cuando se trata de intervenciones quirúrgicas complejas. La decisión judicial es un recordatorio de la importancia de la calidad y seguridad en los procedimientos médicos y el valor crucial del acceso igualitario a los avances tecnológicos en el sector salud.