Juan Carlos I se saltó una ley de 1982 para no traspasar a Patrimonio Nacional todos los regalos que recibió como rey

Corría 2013 cuando el antiguo emir de Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, regaló a Juan Carlos I un exclusivo rifle de la marca Westley Richards, dedicado en letras de oro y valorado en 150 000 euros. El emir y el rey (hoy emérito) habían trabado amistad una década antes, cuando el entonces jefe del Estado visitó por primera vez Qatar. Gracias a la labor de intermediación del monarca en los años siguientes, compañías del Ibex obtuvieron jugosos contratos en este pequeño emirato con importantes reservas de petróleo y gas natural.

La lista de obsequios que Juan Carlos I ha recibido en sus 39 años de reinado es interminable. Un sinfín de relojes (una de sus pasiones), armas de caza, coches, y dinero en metálico y enviado también a través de transferencias. Regalos procedentes de amigos, de empresarios que buscaban sus favores y de multitud de Gobiernos de otros países. Famosos son ya los 65 millones de euros que recibió en agosto de 2008 de la monarquía de Arabia Saudí, una fortuna que guardó en Suiza, que ocultó a la Hacienda española y que acabó derivando en investigaciones judiciales que finalmente fueron archivadas.

La Ley de Patrimonio Nacional de 1982 asegura en su artículo 4, apartado 8, que deben formar parte del patrimonio nacional “las donaciones hechas al Estado a través del rey y los demás bienes y derechos que se afecten al uso y servicio de la Corona”. Por ejemplo, si los 65 millones se pueden considerar como una donación de un jefe de Estado (el rey de Arabia Saudí) a otro jefe de Estado, Juan Carlos I debería haberla hecho pública e incorporar los fondos a los activos del erario público. Lo mismo con el rifle de oro. No lo hizo, por lo que el emérito estuvo entre 1982 y 2014 (año en el que abdicó) saltándose esta normativa y quedándose con todos los regalos que lo hacían. De hecho, el banco suizo que recibió el dinero apuntó que se trataba de un “importe enviado por el rey de Arabia Saudí como regalo de cara a otras monarquías”.

Esta conclusión judicial no forma parte de la reciente querella criminal por cinco delitos fiscales que se ha presentado contra Juan Carlos I ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Los firmantes son varios magistrados jubilados del Tribunal Supremo, como Clemente Auger y José Antonio Martín Pallín, y fiscales anticorrupción también retirados, como Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena. “Se supone que el monarca era inviolable hasta su abdicación, por lo que pudo saltarse la ley de 1982 y no pasa nada. Los regalos que ha podido recibir después de la abdicación dan igual, porque ya no era jefe del Estado”, explica a este diario Martín Pallín.

La mejor prueba de que el hoy emérito se saltó la Ley de Patrimonio Nacional sin ningún tipo de pudor durante años (y que nadie le obligó a cumplirla) es otro regalo que recibió en 2011 por parte del jeque Mohammed bin Rashid, gobernante del Emirato de Dubái, que le obsequió con dos Ferraris FF, uno blanco y otro negro. Uno de ellos era para el todavía príncipe Felipe. Los vehículos estaban valorados en más de 300.000 euros cada uno y habrían pasado a engrosar el ya de por sí abultado parque móvil secreto de la Zarzuela si no llega a trascender la existencia de los automóviles. Con España inmersa en una profunda crisis económica, los asesores de la Casa Real convencieron al monarca de que debía desprenderse de ellos y fueron sacados a subasta por Patrimonio Nacional.

Los hechos por los que se ha presentado la nueva querella ya fueron investigados por la Fiscalía del Supremo, quién archivó entonces las diligencias al entender que el emérito había regularizado su situación tributaria mediante el pago de 678.393 euros en diciembre de 2020 y de 4.416.757 euros en febrero de 2021, antes de conocer que existía una investigación contra él por fraude fiscal. Los querellantes consideran que la excusa absolutoria utilizada por el antiguo monarca (la regularización) no cumplió los requisitos legales para su aplicación.

El rey realizó esa primera regularización de 678.393 euros ante la Agencia Tributaria por los pagos que le hizo durante años su amigo, el empresario Allen Sanginés-Krause, para gastos personales. Dinero que utilizó a través de tarjetas de crédito, un regalo por el que no tributó. La segunda regularización de 4.416.757.46 euros se produjo por los vuelos que le pagó la Fundación Zagatka, gestionada por su primo Álvaro de Orleans. El rey comenzó a disfrutar de los vuelos en 2009, pero el posible delito fiscal se ceñía a los ejercicios no prescritos, de 2014 a 2018. Por eso pagó a Hacienda. Las dos regularizaciones dinamitaron cualquier posibilidad de investigar al monarca.

Los querellantes sostienen ahora que la Fiscalía sí informó al rey emérito de que la investigación se abrió por la existencia de posibles infracciones tributarias antes de las regularizaciones. Y concluyen que no es posible “la regularización de las defraudaciones tributarias después de haber tenido conocimiento formal de la existencia de unas diligencias de investigación de la Fiscalía, que le advirtió de la existencia de irregularidades en las declaraciones tributarias con anterioridad a su regularización”.

La querella tampoco se centra en lo que el monarca pudo defraudar tras ocultar al fisco los 65 millones que recibió de Arabia Saudí en 2008. La Fiscalía ya dejó claro en su momento que Juan Carlos I no tributó ese dinero a la Hacienda española. Durante los años en los que la cuenta se mantuvo abierta en Suiza con los 65 millones, de 2008 a 2012, la cuota defraudada en cada ejercicio superó con creces el tope de 120.000 euros que el Código penal establece como umbral para ser condenado por un delito contra la Hacienda Pública a una pena de hasta seis años de cárcel.

Sin embargo, lo defraudado entre los ejercicios fiscales de 2008 y 2011 ya había prescrito, y lo defraudado en el ejercicio fiscal de 2012, el único no prescrito, no era imputable porque el rey todavía gozaba del privilegio de la inviolabilidad. ¿Cuánto defraudó Juan Carlos I a Hacienda? La Fiscalía desgranó dos hipótesis en su decreto. La primera, que el regalo que recibió de la monarquía árabe fuera gravable como impuesto de sucesiones y donaciones. En ese caso dejó de pagar casi 54 millones de euros. La segunda posibilidad era que el regalo fuera considerado patrimonio no declarado, por lo que debía haberlo declarado en el IRPF, pagando unos 30,7 millones de euros. Pero Juan Carlos I, según la Constitución, era inviolable cuando fue jefe del Estado. Es decir, hasta 2014.

En 2015, el rey Felipe VI estableció una nueva política de la Casa Real con respecto a todos los regalos que tanto él como su familia recibían, en un esfuerzo por cambiar e imponer la transparencia como criterio principal de la institución. La norma estipulaba que no se aceptarían regalos que superasen “los usos habituales, sociales o de cortesía”. Pero, teniendo en cuenta que en muchas culturas no aceptar un regalo supone toda una afrenta para el que lo regala, se matizaba que, de exceder esos usos, los regalos serían, o bien cedidos a entidades sin ánimo de lucro, o bien incorporados a Patrimonio Nacional, el mismo destino que tienen los regalos de carácter institucional.