Aldaia da luz verde a un parque empresarial en suelo inundado por la DANA y Acció Ecologista-Agró lo tacha de “irresponsabilidad”

El Ayuntamiento de Aldaia ha aprobado de manera provisional el Parque Empresarial Pont dels Cavalls, un ambicioso proyecto urbanístico que transformará unas 100 hectáreas de suelo agrícola en una gran área logística. Acció Ecologista-Agró ha tachado de “irresponsabilidad” llevar a cabo este proyecto “en una zona que se ha inundado y cuyo suelo natural ha permitido amortiguar el impacto de la riada en el casco urbano de Aldaia”. La organización ecologista advierte que este plan incrementará significativamente el riesgo de inundación en el municipio, que ya ha sufrido los devastadores efectos de la DANA y que pone en peligro la resiliencia del territorio frente a fenómenos climáticos extremos.

El pleno extraordinario del pasado 15 de noviembre, celebrado con todos los votos a favor, aprobó de manera provisional el plan parcial del Parque Empresarial Pont dels Cavalls. Este plan, que tiene sus orígenes en 2005, pretende responder a la demanda futura de suelo industrial en Aldaia, específicamente para la creación de una zona logística de innovación. Sin embargo, Acció Ecologista-Agró considera que la aprobación de este proyecto, que afecta a suelos agrícolas no urbanizables, es una decisión desacertada, especialmente tras los efectos de la última DANA, que provocó graves inundaciones en toda la Comunidad Valenciana.

El parque se proyecta sobre un suelo no urbanizable común agropecuario, es decir, tierras de huerta que podrían ser transformadas en suelo industrial. Esto implicaría un aumento de la impermeabilidad del suelo, ya que el 33% del municipio de Aldaia ya se encuentra sellado por el cemento. Según los cálculos de los ecologistas, la construcción del parque empresarial incrementaría la impermeabilización en un 6% adicional, lo que haría aún más vulnerables a las vecinas y vecinos de Aldaia y municipios colindantes frente a las lluvias torrenciales y fenómenos climáticos extremos. Sellar el suelo agrícola impide que el agua se filtre en el terreno, lo que aumenta el riesgo de inundaciones, que no conocen de límites administrativos y afectan a toda la cuenca hidrográfica.

Para Acció Ecologista-Agró, este plan urbanístico es una irresponsabilidad tanto por el momento como por la forma en que se ha aprobado. Consideran que la emergencia climática exige un cambio en la planificación urbana, priorizando la adaptación de los municipios a escenarios de temporales extremos. La organización ecologista cree que es urgente paralizar todos los proyectos urbanísticos en curso y repensar el modelo de ordenación territorial para hacer las ciudades y pueblos más resilientes y menos expuestos a las catástrofes naturales.

En este sentido, han cuestionado la fiabilidad de los mapas de inundabilidad utilizados por el Ayuntamiento para aprobar el proyecto. El consistorio se ha basado en los datos del PATRICOVA (Plan de Acción Territorial para la Prevención del Riesgo de Inundación) y el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), que aseguran que la zona no está afectada por zonas inundables. Sin embargo, la organización denuncia que estos mapas están desactualizados, dado el avance de la crisis ecológica y la pérdida de suelo permeable en las últimas décadas, lo que hace que la cartografía existente no refleje los nuevos riesgos. De hecho, en la última riada del 29 de octubre, la zona afectada por el parque empresarial sí se inundó, como han confirmado fuentes vecinales que han visitado el área, algo que el consistorio no ha tenido en cuenta a la hora de aprobar el plan.

La organización ecologista también critica que, en lugar de centrar sus esfuerzos en recuperar el comercial local, gravemente afectado por las inundaciones, el Ayuntamiento de Aldaia haya optado por seguir adelante con un proyecto que beneficia a grandes empresas, como Consum, que ha adquirido casi toda la superficie edificable del Parque Empresarial. Según Agró, la prioridad de las administraciones públicas debería ser atender las necesidades de las personas afectadas por la DANA y no permitir que intereses económicos a gran escala prevalezcan sobre las necesidades urgentes de la comunidad.