¿Muface sí o Muface no? División de opiniones en las asociaciones médicas: “Las mutuas ponen trabas cuando hay problemas de salud”

Mientras el Gobierno trabaja en un nuevo concierto sanitario que permita la supervivencia de Muface, el debate sobre la mutualidad continúa. Las aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV han asegurado que el modelo está infrafinanciado, motivo por el que rechazaron presentarse a la licitación del Ministerio de Función Pública el pasado 5 de noviembre. El Ministerio de Sanidad parece concordar con su análisis: “Muface en la actualidad no es sostenible”, aseguraron el pasado 18 de noviembre desde la cartera de Mónica García.

Desde Sanidad, sin embargo, parecen más inclinados a que el modelo de las mutualidades desaparezca. Para su Secretario de Estado, Javier Padilla, se trata de un sistema que “no tendría sentido” si hoy se empezase a construir de cero. Además, y a diferencia de lo que apuntan algunos estudios financiados por la sanidad privada, aseguran que el Sistema Nacional de Salud sería capaz de afrontar la incorporación de los beneficiarios de Muface sin problema, siempre que se le destinase a la atención pública el dinero que se dedica ahora a la asistencia concertada.

Los sindicatos no están nada de acuerdo con esta posición y han solicitado al Gobierno celeridad para cerrar un nuevo convenio de Muface, con mayor financiación para atraer de vuelta a las aseguradoras. El más agresivo en este sentido ha sido CSIF (Central Sindical Independiente de Funcionarios), que ha instado a Función Pública a “que rectifique al ministerio de Mónica García” y ha convocado una manifestación el próximo sábado 14 de diciembre en Madrid. Si no se mantiene el modelo Muface, no descartan ir a la huelga.

El Foro Nacional de Médicos de Ejercicio Privado (FONMEP), que engloba a la Organización Médica Colegial, sindicatos, asociaciones profesionales y de trabajadores autónomos y sociedades científicas, expresó el pasado 11 de noviembre su “honda preocupación” por la situación de Muface. “El actual contexto de crisis en la atención sanitaria en España, con problemas de acceso al sistema sanitario, injustas listas de espera para consultas y cirugías, ineficiencias económicas e inequidades entre comunidades, se vería agravado si se produce la entrada al Sistema General de la Seguridad Social de más de 1,5 millones de mutualistas (titulares y beneficiarios) de MUFACE”, aseguraron en un comunicado.

El FONMEP recordó que “el convenio de los funcionarios ha ahorrado al Gobierno 894 millones de euros al año”, según un informe elaborado por la Universidad Complutense de Madrid. Mientras, las aseguradoras han trabajado con una prima media de 1.032,12 euros por mutualista, frente a los 1.608 euros que gasta el SNS por ciudadano, según datos de la Fundación IDIS, lo que haría que tanto las empresas como los facultativos del sector privado trabajen “a pérdidas, con unas condiciones leoninas”.

“Los tratamientos son cada vez más eficaces, precisos y sofisticados, y lógicamente más caros”, expresaron. “Hay que destinar el dinero que sea necesario y justo para poder aplicar sobre los pacientes la medicina actual, basada en la mejor evidencia, y no tener pacientes de primera y pacientes de segunda categoría”, añadieron.

Desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), también mostraron el pasado 13 de noviembre su preocupación por la situación de Muface. “Los mutualistas están viviendo esta situación con honda preocupación, sin saber quién les prestará asistencia en los próximos meses, al igual que los trabajadores de la Sanidad Privada española, pues la desaparición del modelo MUFACE conllevaría la desaparición de miles de puestos de trabajo en la Sanidad Privada”, afirmaron en un comunicado.

La desaparición de Muface supondría que los mutualistas y sus familiares recibiesen asistencia “en la Seguridad Social, con el incremento del gasto público que conllevaría y el consiguiente aumento de las listas de la espera, que de por sí ya tienen plazos difíciles de asumir, lo que podría llevar al colapso de la Seguridad Social”, recordaron.

No todas las organizaciones han salido en defensa del sistema mutualista: la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha pedido sin tapujos “el fin de Muface”. Consideran que “las aseguradoras están multiplicando sus ganancias gracias a los seguros privados” que ya contrata el 25% de la población “gracias a la política de recortes y desmantelamiento de la Atención Primaria de muchos gobiernos autonómicos”.

Ante las “contradicciones” de aseguradoras y sindicatos “que quieren mantener el carácter público de su trabajo a la vez que reciben atención médica del sector privado”, la FADSP ha hecho un llamamiento “a apoyar el fin de MUFACE para que las aseguradoras no se hagan con el monopolio de la asistencia sanitaria”.

Un posicionamiento parecido, aunque con menor confrontación, expresaba ya en 2019 la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC). Ese año, la organización criticaba el doble aseguramiento de la población, cubierta tanto por un seguro privado como por la Seguridad Social, que “conlleva amenazas para el sistema público”. “Las mutuas actúan, por un lado, promoviendo la afiliación al dirigirse a los ciudadanos más jóvenes y sanos, mientras que, por otro, ponen trabas para la continuidad cuando surgen problemas de salud. En ese momento, son frecuentes las transferencias al sistema público, que es el que sufre con esta doble cobertura”, expresaron.

Para semFYC, Muface supone además “una incoherencia de los valores del sistema público”. “Es contradictorio e inexplicable que los trabajadores de las administraciones públicas (funcionarios) no sean atendidos por su propio sistema”, afirmó en 2019.