La historia de Sara Gómez, la joven que murió por una liposucción: ahora su familia busca cambiar la ley de cirugía estética

Las cirugías estéticas se han convertido en un negocio millonario en España, donde el sector mueve más de 4.000 millones de euros al año. Mamoplastias, liposucciones y rinoplastias son solo algunas de las intervenciones más comunes, realizadas por miles de personas cada año. A pesar de los riesgos inherentes a estas operaciones, los estándares y regulaciones en torno a quién puede realizarlas y en qué condiciones son notablemente más laxos que en otras áreas de la medicina, lo que ha dado lugar a situaciones trágicas.

Sara Gómez, una mujer de 39 años, falleció tras someterse a una lipoescultura realizada por un cirujano no especializado. Su caso desató un debate sobre la necesidad de una mayor regulación en la cirugía estética, que culminó en la promulgación de la ‘Ley Sara’. Sin embargo, a pesar de los avances, la familia de Sara sigue luchando por cambios legislativos más profundos.

En 2021, Sara Gómez decidió realizarse una intervención estética en un intento por mejorar su figura. Con 1,60 metros de altura y 52 kilos de peso, optó por una liposucción, un procedimiento destinado a eliminar depósitos de grasa localizada entre la piel y el músculo. La mujer, que ya se había sometido a otros retoques en el pasado, encontró una oferta atractiva en un centro de cirugía estética que, en lugar de los habituales 8.500 euros, le ofrecía la operación por 5.700 euros, debido a las promociones del Black Friday.

No dudó en aprovechar la oferta y contactó con el cirujano para realizar la operación. Sin embargo, después de la intervención, el informe médico indicaba que todo había salido bien y que Sara se encontraba en estado óptimo. A pesar de estas afirmaciones, Sara no se sentía bien. El 2 de diciembre, acudió al Hospital Centro Médico Virgen de la Caridad en Cartagena, donde fue intervenida de urgencia. Sara falleció en el quirófano.

Los médicos que la atendieron encontraron su cuerpo gravemente dañado. El informe de la operación reveló la magnitud de las lesiones: múltiples perforaciones intestinales, necrosis en el colon y en la pared abdominal, así como daños severos en el duodeno. Estos daños fueron el resultado de una intervención negligente que no solo expuso a Sara a un grave peligro, sino que también mostró las consecuencias de confiar en un cirujano sin la formación adecuada.

La investigación posterior a la muerte de Sara desveló una alarmante verdad: el cirujano que realizó la operación no era un especialista en cirugía estética, sino un cirujano cardiovascular. A pesar de presentarse como un experto con “mucha experiencia” en cirugía estética a través de sus redes sociales, no contaba con la formación ni la cualificación necesaria para llevar a cabo una lipoescultura, una intervención compleja y delicada. Además, se descubrió que esta fue su primera operación de este tipo, lo que añade una capa de negligencia aún más grave.

La familia de Sara ha denunciado públicamente que la negligencia médica no solo fue el resultado de la falta de experiencia del cirujano, sino de un sistema que permite que intervenciones de alto riesgo se realicen por profesionales sin las credenciales necesarias.

La muerte de Gómez generó un debate sobre la regulación de la cirugía estética en España, que culminó en la promulgación de la llamada ‘Ley Sara’, una orden emitida por el Ministerio de Sanidad que establece que solo los cirujanos especializados en cirugía estética podrán realizar intervenciones de este tipo.

Sin embargo, el 11 de noviembre de 2023, la Audiencia Nacional suspendió temporalmente la orden, lo que fue recibido como una gran decepción por la familia de la víctima. En declaraciones a La Verdad, la familia expresó su rabia e impotencia ante la decisión judicial. “Sentimos rabia e impotencia. No nos imaginábamos que poner sentido común y tratar de salvar vidas iba a costar tanto”, dijeron. La familia de Sara sigue luchando para que se respeten los derechos de los pacientes y se eviten futuras muertes relacionadas con la cirugía estética.

La llamada “ley Sara” nunca llegó a ser una ley, a pesar del compromiso del presidente Pedro Sánchez de aprobar una norma contra el intrusismo médico. Este compromiso lo hizo en mayo de 2023 durante un mitín en Murcia, tras haber pasado 233 días desde que el Congreso aprobó una Proposición no de Ley (PNL) sobre cirugía estética y pseudociencias. A pesar del respaldo parlamentario, la promesa de Sánchez no se cumplió, y la legislatura concluyó sin que el texto se materializara en un Real Decreto, como había anunciado la diputada socialista Marisol Sánchez. De esta forma, la iniciativa pasó de ser una ley ambiciosa a un simple real decreto y, finalmente, se redujo a una orden ministerial. Este recurso cuestiona que el Ministerio de Sanidad haya utilizado una medida de rango inferior para modificar otra de rango superior, afectando al sector privado de las clínicas estéticas, que factura anualmente 3.500 millones de euros.

A raíz de esto se ha conocido que el Ministerio de Sanidad ha comenzado el proceso de consulta pública para modificar la normativa sobre cirugía estética con el fin de prevenir el intrusismo profesional. Tras la suspensión cautelar de la Orden Ministerial, el departamento encabezado por Mónica García ha decidido modificar el real decreto correspondiente. Esta modificación buscará proporcionar “mayor seguridad jurídica para que el ejercicio profesional de la cirugía estética sea realizado por médicos con la especialidad adecuada”, según ha indicado el Ministerio.

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que quieran enviar propuestas pueden hacerlo hasta el 13 de diciembre de 2024, a través de: normativa-sgca@sanidad.gob.es.