Familias acampadas frente al albergue de Las Caracolas del Ayuntamiento de Madrid ante la “falta de atención social”: “No hay recursos”

En tiendas de campaña y con temperaturas que de noche no superan los cinco grados. Esta ha sido la situación que han afrontando tres familias vulnerables que, con cuatro menores de edad y sin alternativa habitacional, han dormido durante una semana en tiendas de campaña frente al Centro de Emergencia Temporal Las Caracolas, en el distrito madrileño de Villa de Vallecas, a la espera de recibir atención social. El recinto en cuestión no cuenta con espacio suficiente para atenderles y tampoco se les ha ofrecido otro recurso donde poder cobijarse del frío durante la noche, según denuncia el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Madrid. Ante la falta de soluciones, este miércoles decidieron marcharse.

Las Caracolas, un complejo de 32 construcciones prefabricadas puesto en marcha en 2020 por el Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez Almeida para alojar a personas o familias en situación de emergencia social y a solicitantes de asilo, cuenta con 300 plazas y los usuarios pueden quedarse en las instalaciones durante un mes como máximo. La concejala socialista Ana Lima, portavoz de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, explica a Infobae España que esta no es la primera vez que se produce una situación similar en el centro de emergencia municipal, ya que así “se lo han transmitido los propios trabajadores del Samur Social”, el servicio que atiende a personas en situación de emergencia.

“Hay familias que, pese a tener una situación de urgencia y con menores a su cargo, no están siendo atendidas, no se les está dando recursos porque no hay”, indica. Es más, en la capital “hay insuficiencia de recursos de alojamiento muy grande”, añade. “En el Ayuntamiento de Madrid están desbordados”.

Lima considera que casos como el que ha ocurrido frente al centro de Las Caracolas deben ser asumidas por los servicios de emergencia del Ayuntamiento, “aunque sea por unos días, hasta que encuentren un recurso adecuado para esas familias”, que en este caso eran migrantes. “No puedes dejar a la gente en la puerta durmiendo sin ningún tipo de atención y menos aún cuando hay niños pequeños y las noches ya son muy frías”, critica, y aclara que también había una persona adulta con discapacidad entre las tres familias que han estado acampadas hasta este miércoles. La edil también explica que la comida a la que habían accediendo estas personas es la que pudo “rescatar” un familiar acogido en el centro, al que ya han comunicado que deberá abandonarlo en diciembre. “Ese es el único alimento que han recibido”.

En Madrid el Samur Social, un servicio que, tal y como han denunciado los propios empleados, ha sufrido un grave deterioro desde que en 2022 Almeida privatizó su gestión, tanto por el empeoramiento de sus condiciones laborales como la atención a los usuarios, es el encargado de evaluar si las personas se encuentran en situación de emergencia. Sin embargo, una vez realizada esa valoración, indica Lima, “no tienen dónde mandarlas”.

“Se les da un folleto con una serie de recursos para que ellos mismos se busquen la vida porque no tienen sitio. Podrían derivarlos a organizaciones que tienen este tipo de recursos como Cáritas o Cruz Roja con las que hay convenios, pero no se hace”. Además, añade la concejala, en muchos casos se trata de personas migrantes o simplemente son de fuera de Madrid y desconocen cuáles son los recursos que hay a su disposición en la ciudad.

Fuentes del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid achacan, sin embargo, la falta de plazas en estos centros al Gobierno central. “Las cuestiones relativas al acceso y permanencia en el Sistema de Protección Internacional es una competencia exclusiva del Estado”, explican, si bien aclaran que el consistorio ejerce sus competencia en materia de emergencia social dando una respuesta a estas personas en centros municipales hasta que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones “les facilite el acceso a sus plazas de protección internacional”.

“Por su propia naturaleza de emergencia, esta atención debería ser temporal y transitoria, un máximo de 15 días, pero se está cronificando en el tiempo porque el ministerio no está derivando a estas personas a sus recursos con una periodicidad razonable. Si el Gobierno no hace estas derivaciones, el Ayuntamiento no puede dar entrada a nuevas personas”, señalan.

Desde el consistorio que lidera Almeida también indican que para la atención de ese perfil de personas disponen de 120 plazas en Las Caracolas, “además de 250 en los centros de acogida temporal Vivero y Mejía Lequerica”, todos ellos al 100% de su capacidad, debido, insisten, “a la lentitud de las derivaciones por parte del Gobierno central”.

También explican que la estancia media de los solicitantes de Protección Internacional en los centros fue de 77 días en el primer semestre del año, mientras ha aumentado hasta los 130 días a lo largo de este mes de noviembre. De hecho, “hay casos en los que la estancia se ha prolongado hasta los 160 días”.

Por su parte, desde el PSOE consideran que esta “es solo una excusa para no atender a las familias cuando los centros están saturados”, que es la situación habitual. Lima también recuerda que la única diferencia entre solicitantes de asilo y el resto de personas usuarias de estos recursos “es que los primeros pueden acceder acercándose al centro y los demás tienen que pasar por el servicio de Puerta Única de Entrada (PUE) del Samur Social”.