El ‘caso Begoña Gómez’ y las polémicas por Aldama, Lobato y el hermano de Sánchez desbordan al Gobierno tras el Consejo de Ministros

El Gobierno no puede escaparse de las polémicas judiciales desatadas en torno a Pedro Sánchez. Solo en las últimas horas, el Ejecutivo ha hecho frente a los avances en el caso que afecta a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez; la reciente imputación del hermano del líder socialista, David Sánchez; la polémica sobre el acta notarial del exlíder del PSOE madrileño Juan Lobato; y las acusaciones sin pruebas vertidas por el presunto comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, contra miembros del Gobierno y destacados dirigentes del partido de la rosa.

Estos asuntos han dejado en un segundo plano las explicaciones del Gobierno sobre el tercer paquete de medidas por la DANA, que afectó especialmente a la provincia de Valencia y dejó más de 200 víctimas mortales. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha tratado de defenderse de todos estos casos judiciales que cercan al líder del Ejecutivo.

En este sentido, ha querido transmitir que “el Gobierno de España está en poner en marcha tres reales decretos que suman más de 16.000 millones para atender la emergencia que afecta al pueblo valenciano”. “Estamos en lo importante, al lado de la gente, trabajando para la gente”, ha rematado la titular de Educación, Formación Profesional y Deportes.

El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves un tercer paquete de ayudas, instrumentos de crédito y facilidades legales por valor de 2.274 millones de euros. Junto a las dos iniciativas anteriores, el Ejecutivo movilizará en total más de 16.600 millones de euros para encarar las dos primeras fases del Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento.

Una de ellas será un plan para la renovación del parque automovilístico dañado por la DANA, que contará con una dotación inicial de 465 millones de euros. Este plan “permitirá a los ciudadanos que necesiten comprar un vehículo recibir una ayuda directa de hasta 10.000 euros, que no tendrá que devolverse, y que podrá sumarse a las indemnizaciones que ya está pagando el Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Gobierno de España”, tal como avanzó este miércoles el presidente en el Congreso. Según el dirigente socialista, los vehículos adquiridos no tendrán que ser nuevos e incluirán de forma retroactiva todos los que se hayan comprado desde el 29 de octubre en sustitución de otro siniestrado.

Pero la ministra titular ha sido preguntada en varias ocasiones por las diversas polémicas que salpican al Ejecutivo y, especialmente, al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE. Así, sobre el presunto pago de comisiones revelado por Aldama en torno al caso Koldo, Alegría ha afeado que parece “el mundo al revés, donde el inocente está condenado a defender su inocencia y el mentiroso, con toda impunidad, lanza bulos y mentiras”. ”Cuando alguien acusa lo tiene que demostrar”, ha insistido Alegría.

Para el Gobierno, el empresario (en su declaración ante el juez disparó contra medio Gobierno y cargos importantes del PSOE) no tiene “ninguna credibilidad”. “Todas sus afirmaciones y sus declaraciones son absolutamente falsas e injuriosas”, ha alegado, criticando que no pueden “salir gratis”.

Ante la decisión del juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, de citar a declarar como testigo a la asesora de Presidencia del Gobierno Cristina Álvarez. Esta miembro del personal de confianza de Pedro Sánchez trasladó a principios de 2024 a la empresa de seguros Reale el interés que tenía Begoña Gómez en que siguiera financiando la cátedra que ella codirigía en la Universidad Complutense.

En esta línea, Alegría ha mostrado la “máxima tranquilidad”, y ha destacado que “en toda la historia” las parejas de los presidentes han contado con una persona que ha colaborado en “labores de gestión”. “Se dedica a la organización, a la logística, la única diferencia es que por primera conocemos el nombre de la persona”, ha añadido. Asimismo, ha matizado que no se trata de un alto cargo, sino de un “puesto eventual” reseñado en la Secretaría General de Presidencia. En cualquier caso, Alegría ha eludido contestar o, al menos, desmentir si estas labores incluyeron cuestiones relativas a la actividad comercial de Gómez, que se evidenció en los correos electrónicos aportados a la causa por la propia defensa de la esposa de Sánchez.

Sobre la imputación de un juzgado de Badajoz al hermano del presidente del Gobierno en un presunto caso de tráfico de influencias, malversación y prevaricación, Alegría ha subrayado que ve “similitudes sospechosas” con el caso Begoña Gómez, al partir de una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias y basarse en “informaciones falsas”.

Otro caso que zarandea al Ejecutivo es la dimisión de Juan Lobato al frente del PSOE madrileño, cuestionado entre sus propias filas después de saberse que acudió a un notario para dar fe de una conversación que tuvo en marzo con una de las principales fontaneras de Moncloa, Pilar Sánchez Acera. En concreto, según publicó el ABC, Pilar Sánchez Acera, la entonces jefa de gabinete de Óscar López cuando este era jefe de gabinete de Pedro Sánchez, le pidió que aireara en el Pleno de la Asamblea el correo que demostraba que el novio de Isabel Díaz Ayuso había confesado que había defraudado a Hacienda y solicitaba un pacto con la Fiscalía.

La información, aparte de sembrar el caos en la siempre convulsa federación socialista madrileña a las puertas del 41 Congreso Federal del PSOE en Sevilla, amenaza con abrir un nuevo frente judicial para el Gobierno, ya que, por lo pronto, Lobato tendrá que declarar ante el Tribunal Supremo, en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de los correos electrónicos de la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso. 

De escalar, este asunto podría poner en la picota al ahora ministro para la Transformación Digital, Óscar López, quien además suena como posible candidato para sustituir a Lobato, pero en Moncloa se reafirman en la legalidad de las conversaciones entre Acera y Lobato, y descartan la posibilidad de que el Gobierno participara en la filtración de los correos del abogado de Alberto González Amador. “Vamos a ver qué dice el acta notarial”, aseguran estas voces gubernamentales para pedir prudencia.