Una familia vulnerable pierde su casa en Madrid tras un incendio y los Servicios Sociales “les dejan tirados”: “No tenemos donde ir”

A Amparo, una mujer de 60 años que vive en el barrio madrileño de Carabanchel, no le ha quedado más remedio que abandonar su casa. El pasado 13 de noviembre, un incendio causado por la explosión de una bombilla calcinó buena parte del piso en el que vive junto a su hijo y otro familiar y, a pesar de ser una familia vulnerable que está tratando de negociar un alquiler social con su casero, un fondo de inversión, asegura que los servicios sociales “les han dejado tirados” porque no les han ofrecido una alternativa. Estas dos semanas las ha pasado en modestos hoteles que ha podido pagar “gracias a la solidaridad del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid”.

En la mañana del día 13, Amparo se despertó y, cuando fue al baño y encendió la luz, escuchó un sonido extraño y saltaron los plomos. El sonido venía de su habitación, donde la bombilla se había fundido, quemando el plástico que la rodeaba así como la pantalla de la lámpara, por lo que cuando se acercó, las llamas ya habían devorado buena parte de los muebles, el colchón y la ropa y, en apenas unos minutos, el fuego se extendió por toda la casa.

Pronto llegaron los bomberos, la Policía y el Samur Social de Madrid, servicio que atiende a personas en situación de emergencias y que en un primer momento comunicó a Amparo que “se quedara tranquila” porque su casero, el fondo de inversión, debía pagarle un alojamiento donde poder quedarse, ya que la casa había quedado inhabitable. Sin embargo, la mujer denuncia que no fue así. Según le indicó el propietario del piso, el Samur Social dijo que ellos se encargarían del alojamiento y, tras numerosas argumentaciones, el servicio ofreció uno a Amparo “al que no podían acudir con su mascota”. Ante esta situación, no le quedó más remedio que pedir ayuda al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, organización que desde entonces ha pagado el alojamiento “con todo el esfuerzo que implica” para la precaria economía de las personas que individualmente han colaborado.

“El Samur Social me ofreció un piso, pero no podíamos ir con nuestro perro. Y aunque poco después me las apañé para que un amigo cuidara del animal, ya no me ofrecieron más opciones. Es más, como no tenía el informe de los bomberos, me dijeron que si podía acceder a la casa para recoger algunas cosas que se habían salvado, significaba que la casa era habitable”, cuando en realidad ha quedado arrasada por las llamas, explica la mujer a Infobae España. De hecho, el informe de actuación de los bomberos no llegó hasta el 19 de noviembre, seis días después de que se quemara la vivienda.

Después, cuenta Amparo, desde el Samur Social le dijeron que “no podían ofrecerle sus servicios” porque ya estaba recibiendo ayuda económica por otra vía, la del Sindicato de Inquilinas. “Se han desentendido totalmente del tema y desde entonces ya hemos pasado por tres hoteles diferentes que quedan muy lejos de nuestra casa. Es una situación horrible, sobre todo para mi hijo de 19 años, porque está afectando a sus estudios”.

Aunque Amparo cuenta con un seguro de hogar del Banco Santander cuya póliza cubre “10 días de alojamiento y, si fuera necesario, hasta un año en un piso similar en alquiler”, la entidad le comunicó que no podían adelantarle el dinero y que, por tanto, debía guardar las facturas del hotel para después pagárselas, si bien tampoco le han entregado aún el peritaje. Además, los servicios sociales de Vista Alegre, lamenta, tampoco le han ofrecido una vivienda de emergencia y la cita que le han dado es para el próximo 16 de diciembre.

Desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid denuncian el “maltrato” que ha recibido Amparo por parte de prácticamente todos los servicios municipales a los que ha recurrido desde que su casa se incendió, pero sobre todo el Samur Social, al que critican duramente. Cabe recordar que los trabajadores de este servicio ya han denunciado en varias ocasiones la situación de precariedad en la que trabajan desde que en 2022 el Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida concedió su gestión a la empresa Clece, que pertenece al grupo ACS que preside Florentino Pérez, una privatización que también ha repercutido en la calidad de la atención a los usuarios.

“Del Samur Social de Madrid ya no nos sorprende nada, ni el maltrato, ni las malas formas, ni su negativa a realojar a alguien a quien se le ha quemado la casa”, lamenta el sindicato, que asegura que “en la Comunidad de Madrid no funciona nada que tenga que ver con la emergencia residencial”. De momento, Amparo sigue esperando una respuesta institucional que no llega mientras sigue alojada junto a su familia en un hotel.