La crisis provocada por la pandemia de covid-19 conllevó un aumento de la precariedad en muchas familias, especialmente en aquellas que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad económica. Por eso, cuando en 2020 Adriana Vilanova, divorciada y con una hija menor a su cargo, recibió de oficio el Ingreso Mínimo Vital (IMV) pudo respirar un poco más tranquila. La ayuda económica puesta en marcha ese año por el Gobierno central con el objetivo de prevenir el riesgo de pobreza le permitió, por ejemplo, pagar a su hija un tratamiento de ortodoncia, pues con su trabajo a tiempo parcial no se lo podía permitir y además, poco después, se quedó en paro. Lo que no imaginó es que un tiempo más tarde la Seguridad Social le iba a reclamar más de 7.000 euros por “cobros indebidos”, por lo que ahora vive angustiada pensando en cómo va a saldar esa deuda.
“Yo no pedí el Ingreso Mínimo Vital, me lo concedieron de oficio porque, según me explicaron, me correspondía por mi situación económica. Después de cobrar la ayuda durante 10 meses, de repente un día dejé de recibirla, pero en octubre de 2023 me ingresaron unos 3.000 euros con carácter retroactivo, correspondientes a 2021 y 2022”, explica esta mujer de 46 años a Infobae España. Esa ayuda, añade, le sirvió para complementar su escaso salario y así afrontar un poco mejor el alquiler de 460 euros que paga mensualmente.
El disgusto, sin embargo, llegó el pasado mes de febrero, cuando recibió una carta en la que la Seguridad Social le reclamaba algo más de 7.000 euros, cantidad que no puede devolver. Tras presentar reclamaciones, la Administración solo reconoció que la cantidad a abonar debía ser algo inferior y le comunicó que o bien podía pagarla de golpe o le descontarían 130 euros al mes de los cerca de 500 euros que le ingresaban. Además, hace un mes, aclara, dejó de cobrar el IMV porque le indicaron que, según los datos de Hacienda, no le correspondía. Ahora Adriana vuelve a ser solo beneficiaria de la ayuda por hijo a cargo, que equivale a 57 euros al mes.
“Estamos endeudados por la mala gestión del Ingreso Mínimo Vital. No es justo que nos den algo para luego tener que devolverlo, no tiene lógica. La Seguridad Social debería aclarar que se trata de un préstamo y ahí decides si lo aceptas o no. No sabía que era una entidad bancaria”, añade la mujer indignada a este periódico. También asegura que denunciará el caso ante los tribunales.
Casi 650.000 personas cobran el IMV
El caso de Adriana refleja la realidad que viven otras muchas personas a las que la Seguridad Social les ha reclamado “cobros indebidos” por el IMV, una prestación cuya cuantía media se sitúa en los 473 euros mensuales y que ha llegado este pasado mes de octubre a un total de 648.469 hogares, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. De hecho, desde la plataforma de afectados por el IMV han denunciado en numerosas ocasiones las “injustas resoluciones” que, a su juicio, se están aplicando y critican la “falta de coordinación de las diferentes administraciones y los cálculos inadecuados de los ingresos económicos”, además de la lentitud de los procesos y el silencio administrativo.
A ello se suma que el pasado mes de junio muchas de estas personas afectadas, a través de la ONG Movimiento Internacional ATD-Cuarto Mundo, denunciaron a España ante al Comité Europeo de Derechos Sociales al considerar que la Ley de Ingreso Mínimo Vital, la que regula esta renta básica de subsistencia, no cumple con la Carta Social Europea, “que es el máximo exponente de los derechos sociales básicos en los países adscritos al Consejo de Europa”. Además, también el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido al Gobierno que los afectados del IMV no tengan que devolver el dinero cuando “el error es de la Administración”, si bien por el momento no se está llevando a cabo.
No obstante, una reciente sentencia judicial ha abierto la puerta a anular la devolución de cobros indebidos, pues el pasado mes de octubre el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha librado a un hombre de pagar 4.500 euros al considerar que el error fue cometido por parte de la administración.