El Gobierno español envió el pasado mes de octubre a la Comisión Europea (CE) un plan de ajuste fiscal a siete años para bajar el déficit presupuestario anual al 0,8 % del PIB en 2031 y reducir la deuda pública al 90,6 % ese mismo año. Un documento en el que cada Estado miembro debía detallar una senda de estabilidad fiscal a medio plazo con reducciones anuales de las ratios de déficit y de deuda, y que España envió con casi un mes de retraso respecto a la fecha inicialmente anunciada (el 20 de septiembre). Aunque ha dado sus frutos, porque este martes la Comisión Europa ha avalado la credibilidad del proyecto español, pese a que el Gobierno no ha presentado aún su borrador presupuestario -por lo que no puede evaluar de momento si las políticas fiscales para 2025 se ajustan a las recomendaciones-.
Con ese documento, el Gobierno de España se compromete a disminuir la deuda del 102,5% del PIB en 2024 al 98,4% en 2027, aunque prevé que siga por encima del 90% en 2031 al final del periodo de ajuste de siete años. Un hecho que no cumpliría con el plan de la Comisión, que busca garantizar que al final del periodo de ajuste, la deuda esté en una senda descendente o se mantenga por debajo del 60% del PIB a medio plazo y que el déficit no supere el umbral del 3% del PIB que exigen las reglas fiscales de la UE, reactivadas tras cuatro años congeladas por la pandemia.
La Comisión también ha señalado que España cumple con los criterios para extender el periodo de ajuste de cuatro a siete años, al igual que otros países como Finlandia, Francia, Italia y Rumanía. Esta prórroga se justifica por las reformas implementadas, como las relacionadas con el sistema de visados de trabajo y búsqueda de empleo.
La Comisión advierte del riesgo de que España no cumpla con las metas de déficit
A pesar de la aprobación del plan, la Comisión Europea ha advertido sobre el riesgo de que España no cumpla con las metas de déficit establecidas en su plan de ajuste. España cerrará 2024 con el 3% esperado, sin embargo, las previsiones indican un déficit del 2,6% para 2025 y del 2,7% para 2026, cifras que superan los compromisos del 2,5% y 2,1%, respectivamente.
Mientras tanto, otros países como Bélgica, Eslovaquia, Francia, Hungría, Italia, Malta, Polonia y Rumanía sí enfrentarán procedimientos por déficit excesivo. Estos países deberán implementar medidas correctivas para alinear sus finanzas con las normas fiscales de la UE.
En qué consiste este plan estructural
La Comisión Europea ha definido estos planes fiscales como fundamentales dentro de su nuevo marco de gobernanza económica. Todos los países miembros de la UE deben presentar un plan que incluya una estrategia fiscal para los próximos cuatro años y que sea compatible con una reducción gradual y sostenida de la deuda pública, además de establecer prioridades en inversiones y reformas.
Su objetivo principal es asegurar que los gobiernos europeos se comprometan a ajustar sus cuentas públicas de manera concreta y detallada. Esto implica no solo la reducción de la deuda, sino también la implementación de reformas estructurales que promuevan el crecimiento económico sostenible. Por tanto, la presentación de este documento era un requisito con el que se buscaba garantizar que los países miembros mantengan un control riguroso sobre su gasto público y sus niveles de deuda.