La lucha judicial para defender a los moderadores de Instagram y Facebook: “Me entran clientes que se han intentado suicidar”

Era el verano de 2020 cuando en el despacho de abogados Feliu Fins entró una llamada en la que un joven pedía ayuda con un problema de salud laboral. Era el tercer despacho al que llamaba después de que le hubieran dicho en los otros que “no podían hacer nada” por él.

El abogado Francesc Feliu, en cambio, aceptó el caso, y tras un primer contacto con el afectado, le “encajó todo”, explica. El joven aseguraba ser trabajador de una subcontrata de Meta y su labor era moderar los contenidos que entran en las redes sociales de esta empresa (dueña de Instagram y Facebook).

“El moderador de contenido lo que hace es filtrar el contenido, los tickets o textos o fotografías que entran en la red social y que incumplen [las normas]”, explica el letrado a Infobae España. Esto significa que tienen que visualizar los contenidos que podrían infringir las políticas de Facebook y marcarlas para que se quiten de la red social. Un trabajo muy necesario, pero con grandes peligros si no se realiza con las medidas necesarias, ya que entran vídeos de “contenidos sumamente violentos o sumamente pornográficos”.

Esto es lo que quería denunciar el joven. Estaba “sufriendo un tema de salud mental que le deriva del trabajo que estaba realizando y que además hay un componente de faltas de medidas de seguridad en el ámbito laboral”, señala el abogado. “Era el cóctel perfecto para decir ‘este es un tema viable’”, recuerda Feliu.

El caso se fundamentaba en tres puntos principales: en primer lugar, había un incumplimiento de la normativa laboral en prevención de riesgos laborales; además, era una persona que estaba de baja laboral, “que no es correcto que lo esté por enfermedad común, sino que tiene que tener un origen laboral”; y por último, “era una persona que, si seguía en esa situación, pues probablemente sería tributario de una incapacidad laboral”.

A Feliu, en ese momento, lo que más le sorprendió era como “otros profesionales que también se dedican a esto no lo vieron”. Por esta razón decidió aceptar el caso, y solo fue el principio de esta historia. Desde entonces, han sido muchos moderadores de contenido lo que han contactado con este despacho para denunciar sus condiciones laborales y actualmente tienen entre 25 y 30 clientes “con distintos procesos en marcha”.

Esta incansable lucha poco a poco va teniendo sus frutos. La primera buena noticia llegó en enero de este año, cuando el Juzgado de lo Social nº 28 de Barcelona determinó que los problemas de salud mental de un moderador de contenidos, empleado por una subcontrata de Meta, constituyen un accidente laboral.

El trabajador, que llevaba cinco años bajo tratamiento psiquiátrico, estaba empleado por CCC Barcelona Digital Services y presentó una demanda contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social para que se le reconociera la baja laboral. La sentencia responsabilizaba de esta manera a las empresas del sector por el estado de salud física y mental de sus empleados.

Este fue una sentencia pionera en España, según explica Feliu, que relata que en el juicio pidieron “uno de los tres puntos” por los que luchan, que era “el reconocimiento de que las bajas laborales que tienen, no este cliente, sino todos los moderadores de contenido. Están sufriendo un tema de salud mental, y eso es accidente laboral”.

Según el abogado, uno de los principales puntos a su favor fue que los testigos que presentó la empresa, una psicóloga y el experto en prevención de riesgos laborales, solo tenían una antigüedad de un año y lo ocurrido databa de cinco años antes. “El juez dictaminó que si era accidente laboral. Se ganó ese juicio y ahora la empresa lo ha recurrido. Y estamos pendientes de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resuelva este recurso y nos diga si nos sigue manteniendo esa razón”, agrega.

Ya con esta victoria bajo el brazo, el abogado decidió que había llegado el momento de llevar este problema a la vía penal. “La empresa, cuando aterrizó en Barcelona y empezó la actividad, no había hecho una evaluación psicosocial de sus trabajadores. Al no haberla hecho, tú como empresa no puedes aplicar medidas para minimizar, eliminar o paliar los efectos psicosociales a los que los trabajadores están sometidos”. Esto llevó a que la Inspección de Trabajo sancionara a la compañía.

“Entonces ahí fue la disyuntiva que tuvimos de decir: ‘Bueno, ¿qué hacemos? ¿Continuamos este tema por la vía laboral o damos un paso más y abrimos la vía penal contra la subcontrata de Facebook?’”. Los abogados optaron por lo segundo, ya que el incumplimiento estaba siendo muy grave y estaban entrando clientes “sumamente enfermos, con diagnósticos terroríficos y con personas que se han intentado suicidar”.

“Diseñamos una querella contra la empresa, inicialmente contra la subcontrata, por un delito contra los derechos de los trabajadores, un delito por lesiones, por imprudencia y un delito contra la integridad moral”, relata. Por el momento, se ha admitido a trámite.

“Y ahora, en septiembre, después de haber escuchado a uno de los que era el director general de la de CCC en Barcelona, y ver que efectivamente podíamos demostrar que las órdenes de cómo se trabaja, las órdenes de los niveles de productividad que tiene que tener un moderador de contenido, las órdenes de los niveles de calidad que se les exige a los modelos de contenido viene de Facebook”, se ha ampliado la querella contra la empresa matriz.