Soledad Cazorla Prieto fue la primera fiscal delegada del Tribunal Supremo contra la violencia de género. Durante una década, fue una de las caras más reconocibles en la lucha para frenar los asesinatos machistas en España, y aun después de su fallecimiento en 2015, su figura sigue siendo recordada como un ejemplo a seguir.
Más de nueve años después de su muerte, el nombre de esta jurista todavía se recuerda, y no solo por los méritos que acumuló en su trayectoria en los juzgados. Soledad Cazorla da también nombre a un fondo de becas impulsado por la Fundación Mujeres dedicado a los hijos e hijas de aquellas mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas.
En Infobae España, hablamos con Joaquín García Cazorla, hijo de la fiscal y promotor del Fondo. Este nos cuenta que, en los últimos años de vida de su madre, “una de las cosas que más le preocupaba era la situación de los huérfanos”, aquellos que siempre resultaban ser “las víctimas olvidadas de la violencia de género”.
Según los últimos datos oficiales, a lo largo de 2024 hay 40 mujeres que han sido asesinadas en este ámbito. Esta cifra es siempre la más seguida a la hora de evaluar la evolución de estos crímenes, aunque en el número no aparezcan todas sus víctimas. En 2024 hay, asimismo, 30 menores de edad cuyas madres han muerto por culpa de la violencia machista. 32, si incluimos la mujer de 46 años asesinada en la localidad sevillana de Estepa este mismo domingo, cuyo marido se suicidó tras cometer el asesinato.
Un dinero alejado de la administración y de las ideologías
De confirmarse este caso como un nuevo asesinato machista, estos menores tendrían la posibilidad de obtener una Beca Soledad García. “El importe de cada beca es de un máximo de 2.200 euros”, explica Joaquín. Cada víctima puede solicitar una ayuda inicial, con la posibilidad de obtener tres prórrogas. “El objetivo sobre todo es poder promover el que puedan seguir desarrollando sus estudios”. Desde 2016 —cuando el Fondo empezó a funcionar—, se han repartido 241 becas a favor de 115 personas huérfanas de la violencia de género, a las que se han destinado 439.000 euros.
“Nosotros siempre hemos tenido una premisa en nuestro funcionamiento, que era que no queríamos depender de la ayuda económica de las administraciones”, señala Joaquín. No solo por una cuestión de no acomodarse, sino por “si en algún momento este tema dejaba de ser una prioridad”, lo que les habría puesto en un aprieto. “Por eso siempre lo hemos querido financiar a través de fondos privados, donaciones particulares o colaboraciones de empresas, aparte de los fondos que aportamos desde mi familia”.
Del mismo modo, el hijo de Soledad Cazorla también prefiere abstenerse de pronunciamientos políticos: “Creo que esto debería ser una labor que todo el mundo apoyara y que trasciende de ideologías”. Aun así, advierte que hay “ciertos postulados últimamente que son muy reacios a asumir la problemática tan dramática que es la violencia de género”.
Mucho más que una ayuda económica
“Eso nos ha permitido acompañar a 67 familias”, continúa explicando el promotor de las ayudas. Familias por las que siente “un agradecimiento infinito por haber abierto un poco su situación a nosotros y haber permitido que nos acercáramos a sus problemas”. Esto les ha servido para, con los años, poder compartirlo con otras familias “que habían pasado por lo mismo”. “Uno de los principales problemas que tienen estas familias es el desamparo informativo, aparte del económico y del psicológico: no poder pasar el duelo de todo lo que te ha pasado y la carga económica que puede suponer tener que hacerte cargo de estas personas huérfanas con las necesidades especiales que tienen”, destaca.
Así, desde el Fondo han podido hacer “de punto de encuentro” entre todos estos afectados, canalizando los conocimientos de unos para que los que han de llegar “al menos cuenten con más herramientas”. Trámites civiles, procedimientos penales o dudas sobre el acceso a la justicia gratuita o sobre las medidas cautelares para proteger el patrimonio. “Esa es una de las cosas más útiles que hemos conseguido”, valora Joaquín, “más allá de la mera concesión de las becas, que obviamente supone una gran ayuda”.
Entre los logros, también está la reforma del régimen de las pensiones para los huérfanos de la violencia de género, aprobada por unanimidad en el Congreso en 2018. Una decisión que permitió elevar de 140 euros a más de 600 en la cuantía mínima de la pensión de orfandad cuando esta venía provocada por un asesinato machista. “Eso supone la posibilidad de acceder a una ayuda económica mucho más cuantiosa que puede marcar la diferencia en cuanto al desarrollo de estas personas”.
Las víctimas que aún siguen sin ser reconocidas
Preguntado por si, en 2024, los huérfanos siguen siendo víctimas olvidadas, Joaquín responde que “desgraciadamente, sí”. “Evidentemente, la situación no es la misma que en 2016″, matiza. “La sociedad es más consciente de que existe este colectivo y de que es un colectivo especialmente vulnerable, que se encuentra en una situación de muchísimo desamparo informativo y económico”. A pesar de eso, “todavía hay mucho por hacer para mejorar su situación”.
Un elemento llamativo es el hecho de que varias comunidades autónomas siguen sin contar con una ayuda específica para la orfandad provocada por la violencia de género. Ni la Comunidad de Madrid, ni Canarias, ni Cantabria, ni Extremadura, ni Murcia ni La Rioja ofrecen ningún tipo de subsidio a este colectivo. Cada territorio, además, cuenta con ayudas que no siguen un patrón homogéneo, en ocasiones en detrimento del bienestar de los beneficiarios.
Por otro lado, la condición de los hijos de estas mujeres como víctimas directas de los asesinatos machistas no se introdujo hasta 2015 en la Ley Orgánica Contra la Violencia de Género. Una tardanza que también se ve en los conteos realizados: mientras los registros de mujeres asesinadas comenzaron en el año 2003, no fue hasta 2013 cuando empezaron a contarse cuántos huérfanos dejaban estos feminicidios. Desde entonces, ya hay 463 contabilizados.
Sin embargo, también hay huérfanos que no aparecen reflejados en los números: “Siempre pensamos que el que está en una situación de mayor desamparo es el menor de edad y que a partir de los 18 años parece como que ya, oye, automáticamente pudieras ponerte a trabajar y a ser autónomo por ti mismo, una cosa que obviamente no es así”, sentencia Joaquín.
Mejoras por las que seguir trabajando
De este modo, mientras algunas becas y ayudas incluyen también a los que tenían más de 18 años cuando perdieron a su madre —las del Fondo de Soledad Cazorla o la implantada recientemente en el País Vasco, que se aplica siempre y cuando estén cursando estudios académicos reglados o si tienen alguna dependencia o discapacidad—, otras no lo hacen.
Es más, ni siquiera hay un conteo oficial de los huérfanos mayores de edad. La única estimación pertenece a la Fundación Mujeres, que suma entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2021 una cifra de 339 afectados.
De cara al futuro, Joaquín espera que el Fondo de Becas se siga consolidando para que las ayudas no se detengan. “Queremos seguir trabajando para que se conozca más la labor que hacemos, y sobre todo para que se conozca más la situación del colectivo que son las personas huérfanas de la violencia de género”.
También insistirá “en que todas estas ayudas que ya se han promovido puedan extenderse más allá de los 18 años”, para que puedan acudir a ellas aquellos mayores de edad que decidan continuar con sus estudios y puedan ser acompañados en su etapa de formación. “Y luego hay que conseguir una mejora en la recopilación de los datos que hay sobre el colectivo”, finaliza.