Los cambios laborales previstos para 2025: reducción de jornada, subidas de sueldos y nuevo registro horario

El Ministerio de Trabajo está trabajando en una serie de medidas laborales que van en entrar en vigor antes del principio del año 2025. Estas reformas abarcan desde la ampliación de los permisos parentales hasta el derecho a la desconexión digital y buscan equilibrar la vida laboral con la personal.

El cambio principal, y el más importante, es la reducción de la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales, que en principio entraría en vigor el 1 de enero de 2025. A partir de esa fecha las empresas tendrán hasta seis meses para implementarla.

La medida ha despertado controversias, ya que la mesa de negociación entre el Ministerio, los sindicatos y la patronal acabó sin un acuerdo con la CEOE y Cepyme. Estas organizaciones empresariales han expresado su rechazo a la propuesta, argumentando que la jornada laboral debería ser un tema de negociación colectiva en cada sector, para así atender las necesidades específicas de empresas y empleados.

A pesar de la falta de consenso con la patronal, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha reiterado su intención de avanzar con la medida. Ha ofrecido ayudas directas a pequeñas empresas de sectores afectados y ha manifestado que, en ausencia de un acuerdo con la CEOE, buscará el apoyo de los sindicatos CCOO y UGT para llevar adelante esta iniciativa, que es un compromiso del gobierno de coalición entre PSOE y Sumar.

En esta misma norma se planea implementar también una reforma que busca implementar un sistema de registro digital diario de horas para todos los tipos de trabajo. Este sistema, que deberá ser “objetivo, fiable, accesible e interoperable”, permitirá a los trabajadores acceder automáticamente a sus registros, mientras que los representantes de los trabajadores y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) podrán hacerlo de manera remota.

La administración justifica estos cambios afirmando que el registro de horas es esencial para asegurar el cumplimiento de la normativa laboral y proteger los derechos de los trabajadores. La digitalización del registro de horas promete una mayor transparencia y control sobre las horas trabajadas, lo que evitaría abusos y garantizaría una compensación justa para los empleados.

La regulación especificará el contenido legal y los protocolos operativos del sistema, los cuales deberán ser negociados con los trabajadores o, en su defecto, adoptados por la empresa tras consultar con ellos. En caso de incumplimiento, la carga de la prueba recaerá sobre los empleadores, y se presumirá que los contratos a tiempo parcial son a tiempo completo si los registros son inadecuados. Esta medida busca proteger a los trabajadores de posibles fraudes y asegurar el respeto a sus derechos laborales.

El mandato de un registro digital diario de horas también incluye la obligación de garantizar la autenticidad y accesibilidad de los datos. Los registros deberán ser retenidos por un período de cuatro años, y tanto los trabajadores como sus representantes y la ITSS tendrán acceso inmediato a ellos. La regulación detallará el contenido mínimo de los registros de horas y la organización y operación del sistema.

Otro de los aspectos relevantes que podrían entrar en vigor el año que viene es la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Según se ha informado Yolanda Díaz, se reunirá con el Comité de Expertos el 26 de noviembre para discutir este posible aumento, que se estima rondará el 5%, busca alcanzar el objetivo de que el salario mínimo represente el 60% del salario medio en el país.

De confirmarse esta medida, el nuevo SMI se situaría en 1.190,7 euros mensuales distribuidos en 14 pagas, lo que implicaría un incremento de 56 euros al mes. En el caso de que se opte por 12 pagas, el salario bruto mensual ascendería a 1.400 euros, representando un aumento de 77 euros mensuales.

Aunque aún no se ha determinado la fecha exacta para la implementación de este cambio, podría ser aprobado durante el primer trimestre de 2025.

Por último, está en el aire un posible cambio, que, aunque lleva un tiempo siendo comentado, por el momento no se ha concretado nada al respecto. Esto es el cambio en el sistema de indemnizaciones por despido improcedente.

Tras una reclamación por parte de la Unión General de Trabajadores (UGT), el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) concluyó que el modelo actual en España no cumple con el artículo 24 de la Carta Social Europea (CSE), que garantiza a los trabajadores despedidos sin causa justificada el derecho a una compensación adecuada.

Aunque por el momento, el Gobierno ha defendido la normativa vigente, el fallo del CEDS podría obligar a reconsiderar su postura, ya que el Comité cuestiona los sistemas de indemnización con límites máximos que no permiten compensaciones proporcionales al daño sufrido.