Una mujer logra la incapacidad permanente absoluta después de que la Seguridad Social se la denegara porque sus dolencias estaban “estabilizadas”

Conseguir la pensión de incapacidad permanente absoluta es complicado. Esta prestación “inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio”, como explica la Seguridad Social, y entrega una ayuda por el 100% de la base reguladora y de manera indefinida. Por ello, se reserva para casos extremos de personas con enfermedades que impiden realizar cualquier tipo de trabajo. Demostrar esto, sin embargo, da pie a ambigüedades e interpretaciones, por lo que es común que muchos de los casos terminen en los tribunales.

Un ejemplo es un reciente fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que ha ratificado el derecho de una mujer a recibir una prestación de incapacidad permanente absoluta, después de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le negara inicialmente el beneficio, argumentando que sus condiciones médicas no eran “lo suficientemente graves” como para no poder realizar ningún tipo de actividad laboral, según la sentencia del caso.

La afectada, cuya profesión habitual es administrativa, sufre de un severo síndrome de intestino irritable con síntomas persistentes como diarrea e incontinencia fecal. Esta enfermedad, en sus variantes más graves, causa dolor y problemas intestinales de manera crónica, y no tiene unas causas definidas. Además, su situación se complica por una fístula resistente a los tratamientos y otras alteraciones intestinales de origen indefinido. Este cuadro clínico le impide realizar cualquier actividad laboral, según ella, lo que la llevó a presentar una demanda en agosto de 2023, tras la negativa del INSS a reconocer su incapacidad. El ente público, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, argumentó en su recurso que, según un informe médico del 21 de febrero de 2023, el cuadro clínico de la afectada estaba “estabilizado” por lo que se consideraba que no procedía el reconocimiento de la incapacidad permanente absoluta.

Sin embargo, tras el recurso de la mujer, el Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo ya falló en su favor en mayo de 2024, otorgándole una pensión vitalicia equivalente al 100% de su base reguladora, que asciende a 2.146 euros mensuales. Pero la Seguridad Social apeló esta decisión, lo que llevó a un nuevo pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma, que desestimó el recurso del INSS.

El TSJA destacó que el informe médico del 6 de marzo de 2024, que reflejaba la gravedad actual de la condición de la mujer, fue determinante para su decisión. El recurso del INSS se basó en un informe médico anterior, de febrero de 2023, que indicaba una estabilización del cuadro clínico. No obstante, el TSJA subrayó que este argumento no era suficiente para cuestionar la gravedad de los síntomas de la demandante, ya que no aportaba pruebas que refutaran los hechos probados.

La sentencia del TSJA permite un recurso de casación para la unificación de doctrina, pero hasta el momento, la mujer ha visto reconocido su derecho a la prestación que solicitaba. Este caso pone de manifiesto las dificultades que enfrentan algunas personas para obtener el reconocimiento de sus derechos en situaciones de salud complejas.