Cada final de año, el Gobierno enfrenta la importante tarea de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año siguiente. Este proceso es crucial para garantizar el funcionamiento de la administración pública y el cumplimiento de los objetivos económicos. Sin embargo, el panorama político actual en España está marcado por la falta de acuerdos en el Congreso, lo que ha obligado al Ejecutivo a posponer la tramitación de la senda de déficit, el primer paso para aprobar estos presupuestos. Este retraso genera incertidumbre no solo en las instituciones públicas, sino también entre los ciudadanos y el sector privado.
La senda de déficit es un plan plurianual que establece los objetivos de reducción del déficit público y los límites de gasto para las comunidades autónomas. Este plan es el primer eslabón en la cadena hacia la aprobación de los presupuestos, ya que determina la cantidad de recursos disponibles. Sin esta senda aprobada, no es posible avanzar en la tramitación de los PGE.
El objetivo principal de la senda de déficit es mantener bajo control la deuda pública, evitando niveles que puedan comprometer la sostenibilidad económica del Estado. En el caso de que no se apruebe en un primer intento, el Gobierno está obligado a someter una nueva propuesta en el plazo máximo de un mes. Este requisito introduce un elemento de urgencia, especialmente cuando se acerca el final del año.
Qué sucede si no se aprueban los Presupuestos
Si los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no se aprueban antes del 31 de diciembre, la Constitución Española prevé que se prorroguen automáticamente los del año anterior, una medida diseñada para garantizar la continuidad administrativa. Sin embargo, esta solución no está exenta de problemas. En este caso, los presupuestos de 2023, ya prorrogados una vez, se extenderían por un segundo año consecutivo, una situación que plantea importantes limitaciones.
Uno de los principales desafíos de trabajar con presupuestos prorrogados es su incapacidad para adaptarse a las necesidades actuales. Estas cuentas no reflejan las prioridades económicas y sociales más recientes, lo que limita la capacidad del Estado para responder a problemas como la inflación, las demandas de las comunidades autónomas o los cambios en el entorno económico global. Además, sin un marco presupuestario actualizado, resulta complicado implementar políticas o proyectos que requieran una dotación económica específica para 2025. Esto afecta a áreas esenciales como la sanidad, la educación y las infraestructuras, sectores que a menudo necesitan ajustes para cubrir demandas crecientes o nuevas iniciativas.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, justificó la decisión de posponer la tramitación de la senda de déficit argumentando la necesidad de “agotar todas las posibilidades de negociación”. Según sus declaraciones, el Gobierno busca alcanzar un consenso que beneficie a todas las comunidades autónomas, pero las divisiones entre los partidos dificultan esta meta. Recientemente, la vicepresidenta aseguró este viernes que, tras la aprobación de la reforma fiscal en el Congreso tras intensos días de negociaciones, el Gobierno está “mucho más cerca” de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025.