Las agresiones a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se siguen sucediendo y, en este caso, han llegado a juicio. Una docena de personas -una de ellas ha fallecido- se sienta en el banquillo por la “brutal paliza con odio” a dos guardias civiles, por la que les acusan de delitos de atentado agravado, lesiones menos graves, odio e injurias a miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, por las que cada uno de ellos se enfrentan a penas de hasta 14 años de prisión y multas de más de 60.000 euros.
El Juzgado Penal Número 1 de Arrecife en Lanzarote celebró este jueves la multitudinaria y maratoniana vista de juicio oral para esclarecer los hechos y circunstancias de la brutal agresión sufrida por los agentes de la Guardia Civil cuando fueron requeridos para acudir a un aviso de violencia de sobre la mujer en la localidad de La Santa (Lanzarote) en julio de 2021, cuando se encontraban en un servicio de seguridad ciudadana. Uno de los agentes heridos, D.D.G., estuvo 72 horas ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) “con riesgo de muerte”.
La patrulla del instituto armado acudió a un aviso de emergencia por violencia de género y al llegar al lugar y no localizar a nadie, se acercaron a un garaje cercano, donde se estaba celebrando una fiesta clandestina, para ver si alguno de los presentes había visto algo o tenía algún tipo de información.
Pero los agentes fueron recibidos con insultos y expresiones de odio. Les gritaron “hijos de puta”, “gordos de mierda” y ”puta Guardia Civil”, entre otros improperios. Posteriormente, les golpearon de forma sorpresiva y con suma violencia por una turba de personas diez veces superior en número, que les propinaron patadas y puñetazos haciendo peligrar gravemente su integridad física.
La pericia de uno de los agentes en prácticas de la patrulla, quien con el uso de su defensa extensible, logró reducir momentáneamente a la turba y rescatar a su compañero del lugar para salvarle la vida hasta la llegada de refuerzos, para lo que fueron movilizadas todas las patrullas de la isla y una ambulancia de soporte vital.
Profesión de riesgo
Desde la acusación particular de los dos guardias civiles, ejercida por la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC), valoran que “durante la extensa vista se ha podido acreditar la comisión por parte de los 12 acusados -aunque uno ya ha fallecido- de unos hechos muy graves que merecen una pena justa que sea lo suficientemente disuasiva, abortando el intento previo al inicio de la sesión de juicio, de conformidad entre el Ministerio Fiscal y las defensas con unas penas irrisorias y un resarcimiento ínfimo a los guardias civiles”.
El vicepresidente de la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC) denuncia que “estos tristes hechos empiezan ya a ser una práctica cada vez más habitual y el número de nuevos atentados, agresiones y menosprecios a los agentes no paran de crecer”. Y añade que les “indigna profundamente que desde las autoridades competentes se haga caso omiso a las reiteradas peticiones de asociaciones de Guardia Civil y sindicatos policiales para que, a través del ministro del Interior, se nos convoque a una mesa de trabajo y de una vez por todas se consiga materializar el reconocimiento de profesión de riesgo”.
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