Cuánto subirá el precio del alquiler en 2025 si no se crea el nuevo índice de referencia del Gobierno antes de final de año

El problema radica en que, a finales de noviembre de 2024, este nuevo índice aún no ha sido publicado, lo que plantea dudas sobre cómo se actualizarán las rentas en enero de 2025

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Registros de Mercado Libre señalan que el alquiler en pesos exhibe variaciones positivas, impulsando el mercado (Freepik)
Registros de Mercado Libre señalan que el alquiler en pesos exhibe variaciones positivas, impulsando el mercado (Freepik)

La actualización anual de la renta en los contratos de alquiler ha sido tradicionalmente vinculada al Índice de Precios al Consumo (IPC), un indicador que refleja la variación de los precios de bienes y servicios en España. Sin embargo, la nueva Ley de Vivienda establece un cambio importante: a partir de 2025, esta referencia será sustituida por un nuevo índice diseñado específicamente para regular los incrementos en los alquileres. El problema radica en que, a finales de noviembre de 2024, este nuevo índice aún no ha sido publicado, lo que plantea dudas sobre cómo se actualizarán las rentas en enero de 2025.

Un cambio en el marco legal: del IPC al nuevo índice

Hasta 2023, la actualización de las rentas se realizaba siempre en función del IPC. Este indicador, calculado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE), refleja la evolución de los precios de bienes y servicios esenciales en la economía. Por ejemplo, en octubre de 2024, el IPC se situó en el 1,8%, con un leve aumento respecto al mes anterior (1,5%). Esta cifra es un reflejo de una inflación moderada tras meses de descensos.

La Ley de Vivienda, sin embargo, introdujo límites concretos para evitar aumentos excesivos en los alquileres. En 2023, el incremento máximo permitido fue del 2%, mientras que en 2024 se elevó al 3%. Estas medidas protegieron a los inquilinos en un contexto de alta inflación. No obstante, a partir de 2025, el IPC dejará de ser el principal referente para estas actualizaciones, ya que la nueva normativa establece la creación de un índice específico que regulará los incrementos de forma más controlada y ajustada al mercado del alquiler.

El nuevo índice, una incógnita

Aunque el Gobierno aseguró que el INE definiría y publicaría este índice antes de que finalizara 2024, hasta la fecha no se ha concretado. Según indicaba a idealista Carlos Sánchez, responsable del área jurídica de Alquiler Seguro, si este nuevo índice no se establece antes de enero de 2025, existen dos posibles escenarios:

  • Reversión al IPC: En ausencia de un índice alternativo, las rentas podrían volver a actualizarse con base en el IPC, como se hacía antes de los límites establecidos en 2023 y 2024. Si la inflación permanece moderada, los incrementos serían menores, pero una subida repentina del IPC podría traducirse en aumentos significativos.
  • Prórroga de los límites actuales: Otra posibilidad es que el Gobierno extienda el límite del 3% establecido para 2024 hasta que el nuevo índice esté disponible. Esto mantendría un control sobre las actualizaciones y evitaría que los alquileres suban de forma desproporcionada.

Impacto para inquilinos y propietarios

La falta de claridad en las reglas genera incertidumbre para ambas partes:

  • Inquilinos: Podrían enfrentar ajustes basados en un IPC variable o en el nuevo índice, dependiendo de su publicación. Si el IPC experimenta una subida considerable, los alquileres podrían aumentar más de lo previsto inicialmente.
  • Propietarios: Necesitan claridad para aplicar correctamente las actualizaciones y evitar conflictos legales. Además, esta situación afecta la previsibilidad de los ingresos por alquiler.

Recomendaciones ante la incertidumbre

Dada la actual falta de definición, es esencial que tanto propietarios como inquilinos adopten medidas para proteger sus intereses:

  • Mantenerse informados sobre las publicaciones del INE y las comunicaciones oficiales relacionadas con el nuevo índice.
  • Revisar las cláusulas de los contratos de alquiler para comprender cómo se establecen las actualizaciones y verificar si están alineadas con la normativa vigente.
  • Consultar con expertos legales o inmobiliarios para anticiparse a posibles cambios y tomar decisiones informadas.
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