Por qué los funcionarios tienen Muface en vez de Seguridad Social

La historia de la mutualidad de los funcionarios civiles del Estado (Muface) tiene sus raíces en los años 40, cuando los trabajadores públicos tenían dos carencias importantes: la asistencia sanitaria-farmacéutica y la cuantía de las pensiones, vinculadas a un sueldo regulador que estuvo congelado durante años. Ese fue el motivo del resurgir de los antiguos montepíos, que en ese momento se llamaron indistintamente mutualidades o montepíos, y que comenzaron a crear prestaciones de jubilación, y supervivencia.

El germen tiene sus orígenes más remotos en las primigenias entidades organizadas como sistemas mutuales, que ya existían en la Edad Media. Es en el siglo XVI cuando surgen las hermandades de socorro, que en el siglo XVIII dan paso a los montepíos, que se establecen bajo el reinado de Carlos III, cuando se tutela por el Estado la creación de este mecanismo de protección y cuidado para los trabajadores públicos. De este modo, con la Ley de Mutualidades de 1941, estas entidades se convirtieron en corporaciones de derecho público fuera de la Administración del Estado que daban cobertura a algunos cuerpos funcionariales a distintos niveles.

No fue hasta 1963, con la promulgación de la Ley de Bases de la Seguridad Social, cuando se establecieron estos regímenes especiales para los trabajadores públicos del Estado, de Justicia, militares, de Administración Institucional y de Administración Local, que seguía sin tener las suficientes garantías. La creación como tal de MUFACE se remonta a la Ley 29/ 1975, de 27 de junio, fecha en la que se crea un organismo único de adscripción obligatoria para todos los funcionarios civiles, lo que garantizaría el fin de las desigualdades con una cobertura a todos los funcionarios y una adecuación de las prestaciones a las establecidas en el Régimen General, a cambio de asumir las cargas de las mutualidades existentes. Así, la acción mutual “dispersa, fragmentada y desigual fue aglomerada” en un mismo sistema común, como detallan en su página web, donde recogen el recorrido de toda su historia.

El servicio que proporcionaba asistencia sanitaria privada a 1,5 millones de funcionarios y sus familiares podría quedar definitivamente disuelto si no se consigue llegar a un acuerdo con las empresas que lo sustentan. El pasado 5 de noviembre las aseguradoras Asisa, Adeslas y DKV rechazasen incorporarse al nuevo concierto para el bienio 2025-2026.

El concierto de Muface para 2025-2026 ofrecía un aumento de las primas del 17,12%, el máximo en su historia. Esto suponía un presupuesto de licitación sin impuestos de 2.681,6 millones de euros (1.337 millones para 2025 y 1.344 millones para 2026). Sin embargo, las aseguradoras consideran que el incremento no es suficiente. Ante esta situación, el Ministerio de Función Pública trabaja en sacar una nueva licitación que atraiga a las aseguradoras de vuelta a Muface, pero desde el Ministerio de Sanidad, abogan por el fin de este sistema.

El propio secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, afirmaba en el Congreso de los Diputados que “si construyéramos un sistema desde cero, sería incomprensible que los empleados públicos no fueran atendidos en el sistema público”. Desde su punto de vista, este sistema es un “perjuicio” para los funcionarios, porque “se les hurta el nivel de asistencia que más capacidad tiene para aportar a su salud”, el público.

La Central Sindical Independiente de los Funcionarios (CSIF), a pedido al Ministerio de Función Pública “que rectifique al ministerio de Mónica García y presente una nueva licitación para el concierto con las aseguradoras, tal y como se comprometió en la última reunión del Consejo General de Muface”.