Las trabajadoras de la red contra la violencia de género de Madrid vuelven a la huelga ante el “colapso” del servicio: “Las mujeres no reciben la ayuda que necesitan”

La Red de Atención a Víctimas de la Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad “está colapsada” y sus trabajadoras “ya no aguantan más”. Reclaman tanto una mejora de sus condiciones laborales como mejores medios para atender a las mujeres que acuden a estos servicios en busca de ayuda y para este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, han decidido plantarse y hacer huelga.

“Esta huelga representa nuestra lucha por el derecho a una atención de calidad para las víctimas y debe ir acompañada de condiciones laborales dignas y sostenibles para las profesionales. Nos unimos para denunciar que seguimos teniendo listas de espera para poder atender a las mujeres y falta de recursos residenciales, lo cual nos genera impotencia porque lo que queremos es ayudar lo mejor posible a cualquier mujer que sufre violencia de género y vemos que no tenemos los medios suficientes”, dice a Infobae España Elena Fernández, portavoz de la plataforma. Asimismo, consideran que son las propias administraciones públicas “las que están ejerciendo un maltrato al no ofrecer a las mujeres la ayuda que necesitan”.

El hecho de estar expuestas a los relatos de violencia que las mujeres les transmiten a diario las convierte, aseguran, “en víctimas de violencia vicaria”, esa forma de violencia machista en la que el agresor utiliza a terceras personas para ejercer control sobre la mujer y causarle el mayor daño posible. Y como esas intensas jornadas y la falta de recursos está haciendo mella en las trabajadoras, muchas de ellas se encuentran actualmente de baja. “No llegamos a fin de mes con las condiciones laborales que tenemos y encima no cuidan nuestra salud. Por eso vamos a la huelga, por nosotras, por las mujeres y por dar la calidad que necesitan”, resumen.

Desde Más Madrid ya han expresado su apoyo a las trabajadoras de la red y recuerdan que la lista de espera para atender a víctimas de violencia machista en el servicio municipal “ha pasado de 23 días en el año 2022 a 36 en 2023, mientras el Consejo General del Poder Judicial señala que las denuncias han crecido un 5% en el último año”. La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, también ha criticado la “falta de presupuesto” y ha asegurado que la lucha contra la violencia de género “no puede reducirse a los minutos de silencio ni a las condolencias por cada mujer asesinada, como tampoco a los discursos de buenas intenciones”, sino que “se tiene que demostrar con hechos, con políticas públicas fuertes y, sobre todo, con recursos”.

Cabe recordar que a lo largo de este año un total de 40 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en España y tres de esos feminicidios han ocurrido en la Comunidad de Madrid, según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, y en total los crímenes machistas registrados en el país desde 2003 alcanza los 1.285.

Además, el número de niños, niñas y adolescentes huérfanos por violencia de género asciende a 30 en 2024 y a 463 desde 2013, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Los primeros recursos para atender situaciones de violencia de género en Madrid, explican desde la plataforma, se crearon hace más de 20 años, por lo que resultan insuficientes para dar respuesta a las necesidades actuales, además de que están saturados. Y debido a las “precarias condiciones laborales” también existe una alta rotación de profesionales y “una gran demora en las citas que dificulta la salida de la situación de violencia y el proceso de recuperación de las mujeres” que recurren a estos servicios.

También denuncian que la gestión de prácticamente la totalidad de los recursos de la red de violencia de género y espacios de igualdad de la Comunidad de Madrid “recae sobre empresas externalizadas” y el requisito principal que se tiene en cuenta a la hora de elegir a la empresa adjudicataria “se basa en un sistema de subasta que gana quien más abarata el coste del servicio”, lo que repercute tanto en las condiciones de las trabajadoras como en los servicios prestados.

“Pedimos que se dejen de externalizar estos servicios, que sean de gestión pública directa, que no haya intermediarios ni se saquen a subasta”, explica Fernández, que también destaca la importancia de que en los concursos públicos se valoren los mejores proyectos técnicos, los de mayor calidad, en lugar de que “solo se tengan en cuenta criterios económicos”.

Las trabajadoras también critican que pese a estar contratadas por empresas externalizadas dependientes de administraciones públicas como ayuntamientos y mancomunidades, carecen de estabilidad y reconocimiento en sus puestos y “se les excluye de los procesos de estabilización y acceso a empleos fijos”. Por ello, advierten que seguirán reclamando mejoras hasta lograr un compromiso por parte tanto del Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida como del Ejecutivo autonómico que lidera Isabel Díaz Ayuso.

Entre las medidas que reclaman figuran una subida salarial en consonancia con las demandas de la profesión, “incluyendo pluses por alta cualificación, antigüedad y riesgo psicosocial asociado al trabajo”, así como un aumento de las profesionales en cada centro para hacer frente a la creciente demanda. También piden poner fin a “un modelo de intervención que revictimiza a las mujeres y sus hijos”.

Exigen, asimismo, jornadas completas, ya que en la mayoría de los casos son parciales, mientras que en otras ocasiones “se produce un recorte injustificado de horas en la prestación de los servicios”, lo cual genera inestabilidad laboral y cambios constantes en la plantilla. También piden la adecuación de los horarios para todos los equipos interdisciplinares y una mejora de las infraestructuras de los espacios de trabajo, pues no suelen cubrir las necesidades de confidencialidad, visibilidad y seguridad que les debería brindar a las víctimas.