La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) enfrenta un futuro incierto tras el rechazo de las aseguradoras Asisa, Adeslas y DKV a participar en el nuevo concierto para el bienio 2025-2026. Esta decisión, anunciada el 5 de noviembre, pone en riesgo la continuidad del servicio de asistencia sanitaria privada que beneficia a 1,5 millones de funcionarios y sus familiares, según informaciones recientes.
El Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, ha propuesto un plan para integrar gradualmente a los mutualistas en el Sistema Nacional de Salud (SNS), utilizando la financiación actual de Muface. Este enfoque busca mitigar el impacto de la posible disolución del sistema privado, aunque enfrenta la oposición de la Central Sindical Independiente de los Funcionarios (CSIF), que considera esta medida como una “sentencia de muerte” para un sistema que ha funcionado desde los años 70.
El sindicato ha pedido al Ministerio de Función Pública “que rectifique al ministerio de Mónica García y presente una nueva licitación para el concierto con las aseguradoras, tal y como se comprometió en la última reunión del Consejo General de Muface”. “CSIF está recibiendo cientos de llamadas de personas preguntando por esta cuestión. Además, ya estamos recibiendo casos de mutualistas a los que se les está denegando la atención en clínicas o chequeos médicos, porque las aseguradoras no tienen claro el futuro del concierto”, aseguran.
De no producirse una “respuesta adecuada”, CSIF amenaza con organizar una gran manifestación en Madrid, paros y no descarta una huelga en la función pública.
“Es un derecho adquirido del funcionariado”
No ha quedado exenta de críticas la posición del sindicato de los empleados públicos, a quien algunos han tachado de hipócritas en redes sociales por defender un servicio privado. En declaraciones a Infobae España, la portavoz de CSIF Mari Carmen Escudero, miembro del Consejo General de Muface, defiende que este sistema “no se trata de una asistencia sanitaria privada, se trata de una asistencia sanitaria pública, sostenida con fondos públicos mediante un concierto”.
“La prestación sanitaria que se da a los funcionarios que eligen la opción concertada se rige por la misma cartera de servicios comunes en todo el territorio nacional. Esta forma de prestar el servicio descongestiona los servicios sanitarios de las comunidades autónomas que están muy saturados y con falta de recursos personales y materiales”, defiende Escudero, que asegura que el sistema Muface “es un derecho adquirido del funcionariado desde que se implantara en la década de los 70″. “Cuando [los funcionarios] ingresamos en la función pública, lo hacemos conociendo estas condiciones”, concluye.
Más de un millón de personas afectadas
Actualmente, de los 1,5 millones de beneficiarios de Muface, 1.007.322 de personas han optado por recibir asistencia sanitaria a través de aseguradoras privadas, lo que representa un 67,3% del total.
El informe del Ministerio de Sanidad argumenta que el sistema de asistencia sanitaria privada para funcionarios no es sostenible a largo plazo. En caso de no alcanzar un acuerdo con las aseguradoras, el SNS tendría la capacidad de absorber a los afectados, lo que incrementaría la población atendida por la sanidad pública en un 2,12%. Mientras tanto, Función Pública trabaja en una nueva licitación que pueda atraer a las compañías de salud, buscando evitar el colapso del sistema privado y garantizar la continuidad del servicio para los funcionarios y sus familias.
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